jueves, 21 de octubre de 2021

La gestión integral de los residuos es uno de los retos más importantes de las ciudades en la actualidad. Alcanzar un desarrollo sostenible depende de muchos indicadores, entre los que la gestión de los desechos es clave. Es de tanta importancia, regional y nacional, que su adecuada gestión forma parte de los planes para mitigar la crisis climática.

Aunque Venezuela cuenta con una normativa avanzada en manejo integral de desechos sólidos, su infraestructura de recolección y disposición final es precaria. En un monitoreo realizado en zonas residenciales en siete estados del país por Correo del Caroní, El Carabobeño, Diario de Los Andes y Todos Ahora, la recolección de desechos se realizó sin horario fijo de una a tres veces a la semana en ciudades como Caracas, apenas una vez en Ciudad Guayana y ninguna en Maracaibo.

A falta de un servicio de aseo regular e ininterrumpido, los venezolanos acumulan la basura en vertederos improvisados, la queman, la entierran o la lanzan a los cuerpos de agua cercanos.

Para la porción de desechos que logra recolectar el servicio municipal, la práctica más común de disposición son los vertederos a cielo abierto, un manejo que genera riesgos a la salud y consecuencias ambientales severas, que incluyen la contaminación de cuerpos de agua y acuíferos subterráneos, emisión de gases de efecto invernadero, entre otros.

La Ley de Gestión Integral de la Basura (2010) los define como terrenos “donde se depositan y acumulan los residuos y desechos sólidos en forma indiscriminada, sin recibir ningún tratamiento sanitario, ambiental ni de control técnico”.

Durante la pandemia, el ajetreo en los vertederos continuó con el riesgo añadido de los desechos hospitalarios de centros que atienden casos de COVID-19. Los desechos provenientes de centros de salud son esparcidos en basurales a cielo abierto sin control ni prácticas de disposición final. Los residuos urbanos se mezclan con los hospitalarios y los electrónicos, mientras que niños, adultos y personas de la tercera edad hurgan en la basura en busca de comida, ropa, plásticos y chatarra. 

En una comunidad cercana al vertedero El Tigre en el municipio Guacara, en el estado Carabobo, las personas viven encerradas por el humo que genera la quema de desechos. En el vertedero de Ciudad Guayana, viven 238 indígenas de las etnias warao y jivi que recorrieron kilómetros desde sus comunidades en Bolívar y en el Delta del Orinoco para buscar artículos de valor entre los desperdicios.

Este año se cumplió una década de la entrada en vigencia de la Ley de Gestión Integral de la Basura, promulgada durante la gestión de Cilia Flores frente a la Asamblea Nacional. La letra muerta del documento prohíbe expresamente la disposición de residuos y desechos sólidos en vertederos a cielo abierto o en vertederos furtivos y establece la adecuación ambiental por parte de las autoridades municipales. Ninguna de las etapas del proceso de gestión se cumple y los vertederos siguen abiertos.

Este reportaje ahonda en cómo están -una década después- estos espacios de disposición final, en los que no solo hay desechos, sino también daño ambiental, violencia, enfermedades y pobreza extrema.

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