lunes, 29 de noviembre de 2021

Retardo de pagos y paralización de empresas tras Covid-19 vulnera aún más la condición de migrantes venezolanos en Perú

Presidente de Perú, Martín Vizcarra, prolongó medida de inmovilización social obligatoria hasta el 12 de abril extendiendo más los días en los que migrantes venezolanos quedarán sin trabajar, mientras los ahorros se disipan y las deudas se acumulan.

José Rivas – @g8che

Migrantes venezolanos han enfrentado durante su migración forzada múltiples problemas en su búsqueda por un mejor futuro. Llegar a países como Perú ha significado sufrir de xenofobia, adaptarse a culturas que no son las propias, y no conseguir trabajo estable al no tener papeles en regla necesarios para ser contratados.

La cuarentena ahora ha sumado un problema mayor y más preocupante para quienes en un país que no es el suyo: han tenido que paralizar sus labores para encerrarse en sus viviendas mientras poco a poco se acaban los ahorros y la comida, pero se acumulan las deudas.

Adriannis Lezama salió hace 16 meses de Venezuela. La emergencia humanitaria compleja y la destrucción del sistema hospitalario fue el punto de colapso que la obligó a migrar a Perú, luego que su hijo de 8 años se enfermara y ella fuera ruleteada de un hospital a otro sin que nadie los atendiera.

   
Acnur pidió 255 millones de dólares para impulsar esfuerzos urgentes, reducir riesgos y atenuar el impacto de la propagación del Covid-19 en comunidades vulnerables

Pero, desde la llegada su situación ha sido complicada, pudo trabajar un mes en una tienda para mascotas y posterior a eso, dos semanas en un restaurante, sin embargo, los tuvo que abandonar al tener que buscar a su hijo mayor del colegio y no tener quien cuidara al menor de tres años. Su esposo, quien es el que ha podido trabajar, desde su llegada no ha conseguido una empresa que le garantice la estabilidad que necesitan, la mayoría de sus trabajos de albañilería han sido por contratas sin ningún seguro por escrito.

“Tenemos miedo”, comentó con preocupación sobre todo por sus dos hijos. Tan solo cuentan con 20 soles de dinero, casi seis dólares a la tasa de cambio oficial. Lo demás que recibieron durante las últimas dos semanas antes de la cuarentena fue gastado para dos semanas de comida. Las proteínas como huevos, carne y pollo ya se han acabado, mientras que la harina, la pasta y el arroz que es lo que han comido, alcanzará tan solo para 4 días más.

“La hemos pasado mal, muy mal en Perú” comentó con desánimo. Adreannis en los últimos cuatro días de la cuarentena ha sufrido problemas de salud. A los tres meses de haber llegado a Arequipa le diagnosticaron taquicardia sinusal inapropiada lo que aumenta su frecuencia cardiaca sin realizar ninguna actividad, además ha sufrido desmayos donde a pesar de escuchar y sentir cuando la tocan, su cuerpo no reacciona.

Para ella, las preocupaciones y el estrés que le ha generado la pandemia ha aumentado mucho más las carencias que ya acarreaba. A pesar de haberse diagnosticado esta arritmia, por los altos costos no han permitido hacerse los exámenes para saber la razón de los desmayos ni comprar el medicamento de 50 soles que le recetaron para controlar su enfermedad.

A su esposo actualmente le deben 900 soles de trabajos de albañilería realizados, alrededor de 250 dólares. Hasta ahora están de manos atadas porque no tienen nada más que puedan hacer. “Mi mayor temor es la alimentación de mis hijos”, comentó con preocupación, aunque recalca que a pesar de su situación comen mejor que cuando estaban en Ciudad Bolívar.

Incertidumbre a pesar de seguir trabajando

María Pino* es maestra con más de 13 años de carrera. Vivía en Puerto Ordaz con su esposo quien trabajaba en su propio negocio cuando estaban en Venezuela. Ese trabajo les permitió criar a sus dos hijos, una niña de 12 y un varón de 8, pero la desidia y la crisis económica que afectó al país también llegó a su hogar, por lo que tuvieron hace casi dos años que emigrar a Arequipa.

Ahora educa en un colegio privado de la ciudad, aunque continúa trabajando desde casa, ve con preocupación su situación económica ya que también puede quedar perjudicada. “Es una reacción en cadena porque si los papás no trabajan, cómo pagan el colegio y cómo el colegio nos paga a nosotros”, comentó.

“Si me queda comida es para unos 4 días más”, dijo preocupada. El pago de alquiler, que vencía el 20 de marzo, tuvo que negociarlo con una prórroga de 15 días. Pino, hasta ahora ve los tiempos muy cortos para cancelar la mensualidad de la vivienda, por lo que ha leído, duda mucho que la pandemia que ha dejado más de 33 mil muertes logre detenerse pronto.Ante la pandemia los representantes también fueron afectados y al haber irregularidades en el pago en una situación normal, con el Covid-19 sólo se retrasarían más las mensualidades de los padres.

Su esposo laboraba en una contrata, pero con el estado de emergencia fue sacado, a pesar de su despido no le fueron cancelados los días trabajados. Hasta ahora esperan recibir el pago de 2.300 soles, unos 660 dólares, porque de no ser así la educadora no sabe en qué condiciones quedará.

“Mi mayor temor es que lleguemos a la crisis total que no tengamos ni qué comer, que no tengamos cómo pagar los servicios, que me saquen de donde vivo”, señaló Pino casi resignada. En Perú ya se han registrado varios casos de desalojo tanto a venezolanos como a peruanos incluso en medio de la cuarentena.

Para la guayanesa lo peor de todo sería volver a Venezuela, pero de igual forma no considera factible quedarse en Perú si su situación laboral y económica se debilita más: “¿Que voy hacer aquí? en un país que no es mío pasando miseria, pasando necesidades al extremo”.

Un dinero sin el que pueden contar

Deivys García se marchó hace dos años a Lima, Perú, partió desde Táchira al tener que mantener tres hijos y una esposa. Aunque trabajaba de asistente de albañilería el pago del sueldo no era suficiente para poder darles una mejor vida.

A pesar que su adaptación al llegar a Lima no fue fácil, pudo legalizarse en el país peruano y empezar a trabajar con una visa de extranjería, mantener a su familia y ayudar a terminar de construir su casa en la ciudad de San Cristóbal. Pero la cuarentena por el Covid-19, como a muchas industrias de Latinoamérica, y el mundo paralizó la empresa donde trabaja, una metalmecánica.

La comida se ha ido agotando y para el momento tan solo le alcanzaba para 4 días más, con ello los recursos financieros que tenía ahorrados también se vieron diluidos. Por su parte el cobro del alquiler de 250 soles (75$) sigue más al pendiente que nunca, mientras tanto la preocupación de Deivys aumenta ante la postergación de la cuarentena hasta el 12 de abril. 

    Migrantes venezolanos sufren temor de ser desalojados de sus viviendas pese a cuarentena por Covid-19. Señalan que incluso familias peruanas han sido sacadas al no poder cancelar la casa

Para el tachirense los aprietos no fueran tantos si los pagos de la compañía donde labora no fueran tan impuntuales, relata que la deuda que tiene la empresa es de 4.000 soles (1.300$). “Hasta ahorita no hemos recibido nada absolutamente, siempre una negativa del dueño de la empresa, para él cualquier circunstancia a la que se pueda pegar para no pagar es válida”, comentó.

Hasta ahora en el pago se ha visto perjudicados tanto él como migrante como los ciudadanos peruanos. “Ya varios compañeros se han retirado, allá en el Ministerio del Trabajo han ido a la Sunafil -Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- y no han tenido respuesta con respecto a los pagos atrasados”, comentó.

Además de todas las deudas pendientes, a García le preocupa el bienestar de su familia, haber llegado hace dos años a Perú le había permitido establecerse y sacar adelante varios proyectos para darle mayor estabilidad a sus tres hijos. “Yo dependo mucho de ese pago oportuno tanto para reunir, para enviarle a mi familia, como para terminar mi casita”, comentó con preocupación.

“En Venezuela hay que priorizar la salud, la educación, priorizar el estante de comida”, indicó. Antes de la pandemia Deivys pudo ayudar a su mamá y sobre todo garantizar la educación y la alimentación de sus hijos incluso aunque quedara con pocos recursos en Perú, pero ahora la paralización del trabajo y las deudas que la empresa tiene con García ha hecho su situación más asfixiante tanto para él como para su familia.

El Gobierno peruano hasta ahora no ha aplicado medidas de ayuda para los venezolanos y aunque todavía mantiene alimentos para los próximos días la preocupación de que se agraven su situación genera mayor ansiedad en Deivys. “Es tanto lo que he pensado en esa situación que a ciencia cierta el mismo desespero me consume”, manifestó con voz entrecortada señalando que no sabría qué hacer de empeorar su situación.

Medidas económicas

Martín Vizcarra, presidente de Perú, anunció la transferencia de 200 millones de soles (unos 57 millones de dólares) a 1.874 municipios del país para que compren y entreguen artículos de primera necesidad a las personas que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de acuerdo a un censo “considere realmente vulnerables”.

Además, el jefe de gobierno duplicó el bono económico de 380 soles que se ordenó cuando comenzó la cuarentena y que entregan a 3,5 millones de familias peruanas. Hasta ahora no ha habido ninguna ayuda que beneficie a los migrantes venezolanos por parte del Gobierno peruano

El embajador, Carlos Scull, designado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaido, se mantiene ejecutando un plan de alimentación solidaria a la comunidad de migrantes venezolanos con situación vulnerable ante la crisis de la pandemia del Covid-19.

Hasta el momento mantienen 24 centros de acopio y más de mil familias beneficiadas con este plan de alimentos, sin embargo, el diplomático señaló que estas ayudas no eran suficientes y pidió aumentar los apoyos para colaborar con el resto de los migrantes venezolanos en Perú.

Una colaboradora de la ONG Unión Venezolana en Perú, Jeannelys Medina, comentó que son demasiados migrantes y la mayoría no tienen trabajo formal, por lo que el presupuesto de las ONG no se da abasto para las necesidades de todos los que hoy piden ayuda.

Comentó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la organización Encuentros están depositando dinero a migrantes en situación vulnerable para que compren alimentos, pero señala que esto es una “gota en medio del inmenso mar”. En el censo que estuvieron haciendo junto a la ONG Ángeles del Camino, ya había registradas casi 2 mil familias venezolanas, pero no tienen los suficientes recursos para ayudar a todos.

Las carencias del mismo Gobierno de Perú en un país con 70% de trabajadores informales limita mucho más que recursos lleguen o beneficien a los migrantes. “El mismo Estado de Perú no tiene recursos para afrontar esta crisis con la cantidad de pobreza que tiene desde sus propios peruanos, mucho menos tiene para los venezolanos”, comentó.

Hasta los momentos Perú ha reportado 852 casos y 18 muertes por Covid-19, sin embargo, no se ha reportado el primer migrante venezolano contagiado en Perú, a pesar de ello, extranjeros de otras nacionalidades han sido atendidos. Acnur pidió 255 millones de dólares con los que puedan impulsar esfuerzos urgentes para reducir el riesgo y atenuar el impacto de la propagación del Covid-19 en comunidades vulnerables.

La precupación está en todos los niveles, especialmente por los efectos de la pandemia Covid-19 en los venezolanos en la región “debido a la profunda y prolongada crisis humanitaria que atraviesa ese país”, manifestó el fin de semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), en un comunicado.

(*) Nombre falso para cuidar la identidad de la persona afectada

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