martes, 20 de abril de 2021 | 10:30 PM

Anova estima que 57,6% de los hogares venezolanos son vulnerables para hacer frente a la pandemia

No contar con agua corriente, seguro médico, empleo, refrigerador, internet, alimentos o medicinas, hace imposible que las familias puedan protegerse o apegarse por completo a medidas de confinamiento. | Foto cortesía

No contar con agua corriente, seguro médico, empleo, refrigerador, internet, alimentos o medicinas, hace imposible que las familias puedan protegerse o apegarse por completo a medidas de confinamiento. | Foto cortesía

En el informe titulado COVID-19 y vulnerabilidad de los hogares en Venezuela: a un año del comienzo de la pandemia se estima que 57,6% de los hogares venezolanos, es decir, aproximadamente 15,9 millones de personas, presenta condiciones de vida con elementos de vulnerabilidad directa de salud, lo que significa, de acuerdo con los criterios de la investigación, que “presentan factores en el hogar que incrementan la posibilidad de verse más afectados en caso de contagiarse por la enfermedad de COVID-19”.

Anova Policy Research, firma privada de consultoría responsable del estudio y que, tiene entre sus miembros a los economistas Omar Zambrano, Lisseth Escalante y Ricardo Benzecry, entre otros, también encontró que 63,4% de los hogares en Venezuela (17,5 millones de personas) tienen elementos de vulnerabilidad indirecta frente a las medidas de confinamiento prolongado: factores subyacentes que hacen que en los hogares se haga improbable cumplir a cabalidad con las restricciones de movilidad impuestas durante la pandemia, que el 13 de marzo cumplió un año.

Venezuela comenzó a enfrentar una pandemia con casi siete años de contracción económica y casi tres en hiperinflación. Asimismo, los ingresos del Estado se habían reducido al máximo por la caída de la producción petrolera, que empeoró con las sanciones a Petróleos de Venezuela.

“El Gobierno venezolano ya para principios de 2020 había perdido substancial acceso a sus principales fuentes de ingreso interno o externo, incluyendo mercados internacionales o multilaterales de crédito. Ello implica que el Estado venezolano carecía (y carece) de capacidad fiscal para llevar a cabo medidas de gasto compensatorio para las familias y empresas, y/o para llevar a cabo una ampliación de la capacidad sanitaria para atención de la pandemia”, se lee en el documento de la firma privada de investigación económica.

Una de las críticas recurrentes desde mediados del año pasado por parte del sector privado son las restricciones a crédito, falta de combustible y el esquema 7+7, que el domingo fue derogado una semana más hasta cumplir 21 días de confinamiento. Para la firma la prolongada depresión económica ha hecho que la población lidie con la pandemia en condiciones económicas y laborales “relativamente peores” a la mayoría de los países.

Por ejemplo, 95,2% de los hogares manifiesta no tener acceso a un sistema de aseguramiento de salud efectivo. “Esto quiere decir que 95 de cada 100 personas, o no tiene un seguro privado o está afiliado únicamente al quebrado Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o estando asegurados con póliza privada, declaran que las coberturas fueron irrelevantes en la cobertura de afecciones recientes de salud”.

Acceso al agua

En Venezuela 38,8% de los hogares manifiesta que no tiene acceso regular al agua potable o sus fuentes de provisión de agua son irregulares, escasas y de mala calidad. La imposibilidad de acceso regular al servicio de agua potable limita algunas de las rutinas esenciales en la prevención de la COVID-19, como el lavado de manos. Esta proporción es mucho mayor entre los hogares más pobres (43%), en comparación con los más ricos (31%).

32,4% de los hogares declara tener un miembro del hogar con 60 años de edad o mayor. Esto incluye a 24,4% de hogares cuyo jefe de hogar es una persona mayor de 60 años. La firma subraya que identificar este segmento demográfico es de suma importancia, por ser el grupo con la mayor tasa de complicaciones graves y muertes asociadas al virus.

El informe señala que 17% de los hogares no posee una nevera-refrigerador funcional, lo que lleva a romper el confinamiento con mayor frecuencia puesto que solo pueden adquirir los alimentos que van a consumir en el corto plazo. Mientras que 18,3% de los hogares reporta que aproximadamente uno de sus miembros deja de comer al menos una comida al día, en los hogares más pobres la cifra se eleva a 26%.

Sin internet para el teletrabajo

81,2% de los encuestados dijo no tener acceso al servicio de internet (86% en el segmento más pobre), mientras que 70,5% reporta que no tiene computadora en casa (77% del segmento más pobre). La firma sostiene que las deficiencias en el servicio de internet y el acceso a computadoras que sufren los hogares, limitan la capacidad de implementar la modalidad del teletrabajo bajo confinamiento prolongado.

La falta de condiciones ha provocado problemas de rendimiento tanto en alumnos como en educadores. “No calibramos que en casa no estaban las condiciones. (…) Y quedamos como desarmados, además de los déficits en los servicios públicos”, dijo a Crónica.Uno en marzo la directora del Programa Nacional Escuela de Fe y Alegría, Noelbis Aguilar.

Además de las limitaciones tecnológicas de acceso a computadoras e internet, Anova estima que 38,6% del total de hogares con miembros en edad escolar (entre 6 y 17 años), está integrado por adultos que poseen un nivel educativo menor al de la secundaria completa. Es decir, una porción importante de los niños en edad escolar bajo el régimen de educación a distancia, no tiene un adulto en capacidad de ofrecer ayuda u orientación efectiva en su proceso educativo.

Casi la mitad de los hogares: 49,9% manifiesta trabajar de manera informal o por cuenta propia. “Este tipo de trabajadores no afiliados a firmas o instituciones enfrenta serias limitaciones para el cumplimiento de confinamientos prolongados por su rutina laboral, además de carecer de estabilidad salarial y programas de aseguramiento laboral”.

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