lunes, 25 de octubre de 2021

Abordaje de la COVID-19 en el epicentro de la epidemia de paludismo carece de estrategias claras en Bolívar

El nuevo coronavirus llegó oficialmente a municipios mineros con un histórico acceso crítico a saneamiento.

@mlclisanchez

Bolívar es el tercer estado con más casos de COVID-19 en todo el territorio nacional. La cifra asciende a 813 casos y el contagio llegó –al menos oficialmente– a dos municipios mineros, El Callao y Sifontes, la cuna de la epidemia de malaria en Venezuela.

Hasta ahora no hay mayores detalles sobre el nuevo foco de COVID-19 que mencionó la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez el 6 de julio, más allá de los dos casos confirmados hace cinco días.

El gobernador Justo Noguera Pietri informó vía Twitter que las nuevas líneas de contención luego de Santa Elena de Uairén son El Callao y Tumeremo. Cabe destacar que los únicos municipios que en un principio fueron sometidos a medidas sanitarias especiales fueron Caroní, Gran Sabana y Angostura del Orinoco, los municipios mineros no fueron tomados en cuenta para entonces.

Sin estrategias

Aunque van cuatro meses de emergencia sanitaria por la pandemia y la aparición oficial de casos de COVID-19 en Venezuela, todavía no hay una estrategia de abordaje clara para los sectores mineros y también epicentros de violencia armada.

Más allá de tomar en cuenta a los sectores más cercanos al casco central de la entidad, y ubicar centros de atención médica móviles en las zonas mineras lejanas, “se está planteando una estrategia para enviar a los bomberos y Protección Civil para que se dirijan a las zonas mineras alejadas al casco central. Se está armando un plan para establecer de qué manera lo vamos a abordar”, informó la jefa de relaciones públicas de la Alcaldía de El Callao, Mauris Caña.

En entrevista con Correo del Caroní, el alcalde de El Callao, Alberto Hurtado, confirmó la existencia de cuatro casos de COVID-19 en la municipalidad. Hurtado informó que se han aplicado más de 300 pruebas rápidas y que se ha desplegado el equipo de Protección Civil, bomberos municipales, Somos Venezuela, Brigada Popular, y otros organismos, para la atención y diagnóstico de personas asintomáticas con el apoyo del Instituto de Salud Pública (ISP) y la misión médica cubana, el decreto municipal también establece el cierre de pasos entre municipios y puntos de control entre sectores mineros.

“Cuatro casos positivos confirmados, las personas están aisladas y estables”, informó el burgomaestre, aunque no precisó la ubicación de las personas infectadas.

Por otro lado, Caña informó que en los próximos días habrá un despliegue de funcionarios de Protección Civil hacia las zonas mineras para la entrega de mascarillas, guantes e insumos de desinfección, aunque se trata de zonas que no tienen acceso a agua potable y saneamiento y en las que hay aglomeración de personas por la naturaleza de los campamentos mineros en los cuatro sectores mineros de El Callao: Perú, Toto, Caratal y Nacupay.


La contención temprana de la COVID-19 en las minas es clave para evitar un potencial foco de contagio que involucra confinamiento dentro de los yacimientos y acceso restringido al saneamiento | Fotos William Urdaneta
     

La economía de los pueblos mineros gira entorno a una sola cosa: el oro. Por eso la economía informal es la que prolifera en estas zonas, a los mineros y vendedores ambulantes se les impone un esquema de flexibilización de tres días a la semana que no pueden cumplir porque dependen del día a día y eso los hace un foco de contagio casi incontrolable.

Más del 80% de esta población se dedica a la economía informal, por lo que la mayoría de las personas han relajado las medidas sanitarias frente a la COVID-19 conforme avanza la cuarentena, aunque la movilización de los mineros ha disminuido en un 70% de acuerdo con estimaciones del expresidente de la Cámara de Comercios de Sifontes, Erick Leiva.

“Las medidas en un principio fueron acatadas con todas las preocupaciones y desagrados, sin embargo, la misma necesidad ha hecho que las mismas personas sigan saliendo a la calle, el minero y el comerciante”, manifestó Leiva.

“A la gente le preocupa más qué va a comer hoy a si se enferma de COVID-19 o no”, zanjó.

El exalcalde de Sifontes, Carlos Chancellor, informó que cada vez más las personas echan mano de la cacería, la pesca y la minería de batea por la depresión de la economía, los meses de cuarentena y la falta de combustible para movilizar maquinaria de extracción hacia los yacimientos.

La situación es más crítica en estos territorios porque la dinámica económica del oro implica que los productos alimenticios, de aseo personal y de limpieza pueden costar el doble de lo que vale en poblados que no son mineros, por lo que se profundizan el acceso desigual al saneamiento en medio de una pandemia en la que el virus se combate precisamente con agua y jabón.

Desde el 2016, cuando se decretó el Arco Minero del Orinoco como zona estratégica para la extracción del mineral y alternativa económica no petrolera para reimpulsar la economía, el Gobierno venezolano ha estado íntimamente relacionado no solo con la extracción del mineral, sino con la dinámica de violencia que envuelve a las minas del sur del estado Bolívar, lo que significa que está consciente del contexto en el que se extrae el oro: la exposición a la explotación laboral, el amedrentamiento de grupos armados irregulares y del Ejército bolivariano y las desapariciones forzadas a las que están expuestos los mineros que practican la extracción a pequeña y mediana escala, a quienes compran el oro.

Hasta ahora no hay intenciones de poner fin a la anarquía que domina los territorios mineros por lo que es difícil concebir un control epidemiológico completo en la zona. La minería parece una actividad eximida de la paralización en cierta forma, incluso en plena pandemia se legalizó la explotación minera en seis ríos de la Amazonía venezolana.

Acceso a la salud restringido desde siempre

En los campamentos que hay en los yacimientos auríferos, muchos mineros están en confinamiento y condiciones insalubres, por lo que no tienen cómo enfrentar el virus en caso de que llegue minas adentro.

Los centros de salud autorizados para recibir casos de COVID-19 en Sifontes son el Hospital José Gregorio Hernández y el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) cercano a la plaza Bolívar en Tumeremo, y en El Callao son el Hospital Juan Germán Roscio y el CDI Lomas de El Callao.

Aunque el discurso oficial sostiene que hay un despliegue de diagnóstico y atención, el acceso a la salud siempre ha sido limitado en poblaciones mineras, las personas que necesiten atención médica inmediata son remitidos a centros de salud de otros municipios como Caroní, Gran Sabana (Santa Elena de Uairén) y Angostura del Orinoco (Ciudad Bolívar).

En Sifontes, el municipio minero más violento y el epicentro de la epidemia de malaria en todo el estado Bolívar, debe lidiar ahora con un foco de COVID-19 cuya magnitud y alcance no se le ha podido tomar el pulso por falta de información oficial. Para finales de mayo hubo 24.378 casos de malaria en la entidad de acuerdo con el balance del Departamento de Salud Ambiental del ISP.

Una de las preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la COVID-19 en zonas endémicas por paludismo –como el municipio Sifontes–, es precisamente que haya una reincidencia y rebrote de casos de malaria por abandono de la lucha antimalárica en medio de la pandemia.

En Bolívar, Sifontes todavía no ha superado la malaria.

Roscio

Vía redes sociales, Justo Noguera informó que en el Centro de Diagnóstico Integral Edwind Lailow se habilitaron ocho camas con soporte vital para la atención de personas contagiadas de COVID-19, y aseguró que en Guasipati se cuenta con los insumos necesarios para la contención del virus, en caso de que llegue.

 

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