jueves, 21 de octubre de 2021

Colegios públicos y privados cargan a cuestas con el regreso a clases presenciales ante desamparo del Estado

Los departamentos de Dirección de escuelas públicas y privadas implementarán estrategias para prevenir riesgos de contagio por COVID-19. Consideran que, aunque las condiciones son críticas, la presencialidad es urgente. | Foto William Urdaneta

Los departamentos de Dirección de escuelas públicas y privadas implementarán estrategias para prevenir riesgos de contagio por COVID-19. Consideran que, aunque las condiciones son críticas, la presencialidad es urgente. | Foto William Urdaneta

@mlclisanchez

El eventual regreso a clases presenciales que está previsto para finales de octubre, se dará en pandemia y en medio de la peor crisis que el sector educativo ha tenido en los últimos cinco años, por el deterioro de infraestructura de colegios y universidades, déficit presupuestario, falta de servicios básicos, deficiencias en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), baja remuneración de docentes, acceso restringido a internet y encarecimiento de útiles escolares.

Aunque impera la improvisación por parte del Ministerio de Educación, el sector educativo público de Ciudad Guayana se organiza junto a representantes y demás miembros de las comunidades cercanas, para el acondicionamiento de los salones, limpieza, desmalezamiento y para que insumos como alcohol, agua potable y Equipos de Protección Personal (EPP) que el Estado no garantiza, no falten en las instituciones en medio de la emergencia.

En entrevista con Correo del Caroní, directores de escuelas públicas y privadas informaron que implementarán estrategias para que el regreso a clases sea viable y sin que implique riesgos de aumento de transmisión del virus entre los alumnos, pues consideran que, aunque las condiciones son críticas, la presencialidad es necesaria para evitar el riesgo de rezago académico que dejaron las clases a distancia para muchos niños, niñas y adolescentes.

Entre las estrategias a aplicar está la división de cada grupo de clases en dos o tres partes, dependiendo de la cantidad de alumnos. De manera que cada salón de clases tenga un grupo de entre 10 y 15 niños como máximo.

Las horas de ingreso, receso y salida tendrán media hora de diferencia para que los grupos no coincidan y se evite la aglomeración de personas.

Las clases presenciales se harán en semana de flexibilización. Un grupo ve clases los dos primeros días de la semana, mientras el otro ve clases los otros dos días siguientes. Los viernes serán para reunirse y orientar a padres y representantes, para reforzar conocimientos o para atender a niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales.

Los alumnos deberán llevar su propio termo con agua, y no podrán compartir alimentos ni útiles escolares.

Después de más de un año y medio de clases a distancia, la preparación de los niños en sus hogares fue deficiente, pues padres y representantes no cuentan con herramientas pedagógicas suficientes para enseñar a los niños de la misma forma en que reciben enseñanza en los colegios, ni cuentan con conectividad a internet eficiente o suficientes equipos electrónicos, para continuar con las clases a distancia, lo que expone a la mayoría de los niños al rezago estudiantil.

Es por eso que la mayoría de los colegios de ambos sectores deberán contar con un programa de nivelación de conocimientos. “Durante la pandemia la preparación no fue la adecuada, los niños necesitan nivelación”, expresó Jhon Lara, presidente de La Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep).

El gremio considera urgente regresar a clases presenciales aunque para ello el Estado debe garantizar combustible, y ampliar la cobertura de vacunación contra la COVID-19.

Lara informó que los 53 colegios que tiene adscrito el gremio en Caroní, aplicarán la modalidad paralela presencial y a distancia, incluso en semanas de flexibilización. Las clases se grabarán y compartirán por diferentes plataformas educativas como Google Classroom.

Los salones de clase manejarán un máximo de 15 alumnos para evitar descontrol en el aula y aglomeración de personas

Problemas de infraestructura y servicios básicos

La mayoría de los colegios públicos de la ciudad tienen serios problemas de infraestructura, no cuenta con agua por tubería, por lo que dependen de camiones cisterna para contar con el servicio básico y clave para mantener la higiene y saneamiento durante la pandemia, o tienen serios problemas con electricidad y mobiliario.

Desde el año pasado, un Plan de Recuperación de Escuelas ejecutado por organismos multilaterales como Alinca, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Consejo Noruego y la Cruz Roja Internacional se puso en marcha para recuperar las sedes de los centros educativos más vulnerables del estado Bolívar.

Hasta mediados de junio, solo siete colegios fueron beneficiados por el programa en Caroní, que implica la impermeabilización de techos, pintura, dotación de mueblería, cableado eléctrico e instalación de sistemas de agua por tubería y tanques.

La mayoría de los colegios aún no alcanzan el beneficio humanitario, y ante la falta de voluntad política gubernamental para apoyar a los colegios, el personal de las instituciones junto a las comunidades se organiza para solventar lo que esté a su alcance.

“Lo que hacemos es que nos organizamos con las familias, para limpiar, para llamar los camiones cisternas, para que esto sea posible”, expresó Denis Deivis, director de la Escuela Básica Francisco Reyes Baena, ubicada en Brisas del Sur, San Félix.

Aunque las clases presenciales de acuerdo con Min Educación son obligatorias, la mayoría de los colegios públicos y privados dejarán la presencialidad opcional para los padres y representantes, ante los riesgos de contagio por COVID-19, escasez de combustible para la movilización y demás factores.

“No podemos exigirles a los niños que vengan, las condiciones no están dadas. La parte virtual seguirá presente, y solo se requerirá asistir obligatoriamente para las evaluaciones”, dijo Deivis.

“A pesar de todo, todos estamos esforzándonos para que esto sea posible, los niños necesitan estar con sus profesores y en contacto con otros niños, necesitan nivelar los conocimientos después de un año entero de clases a distancia, con poca o nula conexión a internet, y sin equipos para estudiar”, señaló por su parte Lerwis Zamora, director de la Unidad Educativa Rafael Urdaneta, ubicada en Unare, Puerto Ordaz.

Ante el llamado a clases presenciales anunciado por Nicolás Maduro, al menos 15 organizaciones no gubernamentales exigieron al régimen una amplia cobertura en vacunación contra la COVID-19, suplementos alimenticios para la población escolar (en su mayoría expuesta a algún grado de inseguridad alimentaria) y un salario de, como mínimo, 100 dólares mensuales para los docentes que desde hace al menos cinco años lidian con una paupérrima remuneración.

Uno de los servicios más críticos es el Programa de Alimentación Escolar (PAE), diseñado en primer lugar con la intención de proteger a la infancia y adolescencia de la inseguridad alimentaria que pudiesen enfrentar en sus hogares.

De acuerdo con el último sondeo hecho por Correo del Caroní durante este año, al menos seis escuelas de barriadas de Ciudad Guayana reciben el PAE incompleto y con intermitencia, a pesar de que el Gobierno nacional prometió potenciar la alimentación escolar durante la pandemia.

Son los alumnos que viven en zonas vulnerables y con riesgo de mal nutrición, quienes padecen con mayor intensidad las fallas del servicio.

Organizaciones como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Centro Comunitario de aprendizaje (Cecodap) reiteran que las escuelas son espacios seguros para los niños que los alejan de la violencia, trabajo forzado y reclutamiento forzado por parte de grupos armados. Recomiendan la presencialidad en las clases siempre que se respeten las medidas de bioseguridad.

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