domingo, 16 de enero de 2022

CIDH urge a Venezuela a garantizar la vida e integridad de los presos políticos

El organismo pide además que el gobierno de Nicolás Maduro investigue y sancione con la debida diligencia a los responsables de la muerte de personas mientras están bajo custodia del Estado.

El organismo pide además que el gobierno de Nicolás Maduro investigue y sancione con la debida diligencia a los responsables de la muerte de personas mientras están bajo custodia del Estado.

La comisión ha denunciado en reiteradas ocasiones que en Venezuela “existe un contexto de persecución sistemática y criminalización a las personas que son percibidas como opositoras al gobierno”.

En un comunicado de prensa publicado este jueves, el organismo cita los datos de Foro Penal acerca del número de presos políticos y ratifica que las personas en esta situación se enfrentan constantemente a la falta de las garantías judiciales y a la violación de sus derechos en el contexto de privación de la libertad.

El documento señala qua la comisión recibió información sobre muertes de personas privadas de libertad por motivos políticos en custodia del Estado, así como denuncias por falta de atención médica oportuna, adecuada y especializada que las expone a graves situaciones de vulnerabilidad.

El comunicado hace referencia particularmente, al grave estado de salud de José Javier Tarazona Sánchez, director y presidente de la organización Fundaredes y beneficiario de medidas cautelares desde el 18 de junio de 2020.

Tarazona se encuentra privado de libertad desde el 1 de julio de 2021 en el Helicoide y en reiteradas ocasiones sus abogados y familiares han solicitado que se le permita tener atención médica urgente.

Ante esto, la CIDH manifiesta preocupación por otros presos políticos que han muerto en las instalaciones del Sebin, sin que estén claras las circunstancias de su fallecimiento, como el reciente caso del general Raúl Baduel, quien murió el 12 de octubre.

Por estos motivos, la comisión exhorta a las autoridades venezolanas “a observar la obligación del Estado de proporcionar servicios de salud oportunos y adecuados a las personas bajo su custodia. En particular, este deber implica garantizar la salud física y mental de las personas privadas de libertad mediante la provisión de una revisión médica regular y, cuando así se requiera, un tratamiento médico adecuado, oportuno y especializado”. (Con información de la CIDH)

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