miércoles, 12 de mayo de 2021 | 10:26 AM

Especial Runrun.es | La interesada ausencia de Venezuela en el Acuerdo de Escazú

Expertos y organizaciones ambientalistas coinciden en que Venezuela no ha firmado el pacto porque promueve acciones y proyectos que atentan contra los tres principios de esta plataforma continental a favor del planeta: acceso a la información pública, participación ciudadana y acceso a la justicia. | Foto Lisseth Boon

Expertos y organizaciones ambientalistas coinciden en que Venezuela no ha firmado el pacto porque promueve acciones y proyectos que atentan contra los tres principios de esta plataforma continental a favor del planeta: acceso a la información pública, participación ciudadana y acceso a la justicia. | Foto Lisseth Boon

¿Cuánto mercurio está envenenando a las comunidades indígenas de la cuenca del río Caura en la Amazonía venezolana donde se explota oro? ¿Cuál es el impacto ecológico de los derrames petroleros en el Parque Nacional Morrocoy al occidente del país? ¿Por qué los vecinos de la populosa parroquia La Vega en Caracas no tienen agua potable desde hace un mes en plena crisis de COVID-19? ¿Qué impide al gobierno de Nicolás Maduro condenar la minería ilegal en el Parque Nacional Canaima, patrimonio natural de la humanidad? ¿Quiénes están detrás del asesinato del líder yukpa Sabino Romero quien denunciaba la explotación de carbón en el Zulia y el despojo de los territorios ancestrales?

Son sólo algunas de las puntuales preguntas que Venezuela estaría obligada a responder de haber firmado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales conocido como el Acuerdo de Escazú, instrumento clave para la protección del ambiente y la defensa de los derechos ambientales en América Latina y el Caribe que entra en vigencia el 22 de abril de 2021 cuando se conmemora el Día Mundial de La Tierra.

A pesar de ser uno de los países con mayor biodiversidad del mundo donde los ecosistemas y pueblos indígenas son amenazados por el extractivismo minero y la construcción especulativa en áreas protegidas, Venezuela no forma parte de los originales 24 Estados firmantes ni de los 12 que ratifican este pacto internacional que garantiza derechos en materia ambiental como el acceso a la información pública, la participación de la ciudadanía en la formulación de políticas y toma de decisiones y aplicación de la justicia que implica la protección de los defensores del medio ambiente.

 

Por tener un carácter vinculante, cada Estado que suscribe el acuerdo está obligado a rendir cuentas sobre su desempeño y competencias ya no sólo ante sus ciudadanos sino también ante la comunidad internacional”.

La periodista venezolana Lisseth Boom del equipo Run Runes publicó este jueves, en el Día Mundial de la Tierra, un trabajo titulado Escazú: La interesada ausencia de Venezuela en el pacto regional para proteger el planeta.

El reportaje mencionado y cuyos párrafos iniciales hemos reproducido hace parte de Tierra de Resistentes, un  proyecto coordinado por Consejo de Redacción.

Tierra de Resistentes es el resultado de un proyecto de periodismo colaborativo y transfronterizo que viene investigando los fenómenos de violencia a los que se exponen a diario quienes consagran su vida a la defensa del ambiente en América Latina.

De esa realidad casi invisible, causante del asesinato de más de 500 personas en el continente en la última década, nació este especial multimedia, una iniciativa de Consejo de Redacción (CdR), apoyada por la Deutsche Welle Akademie (DW) y la Agencia de Cooperación Alemana.

Negación de la información ambiental

El acceso a la información pública no es precisamente uno de los principios que define al gobierno de Nicolás Maduro. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), destaca en el informe de 2020 que fue imposible determinar en qué medida la administración del dirigente chavista ha logrado regularizar la actividad minera y frenar la extracción ilegal en el Arco Minero del Orinoco, el polémico megaproyecto creado en 2016 para la explotación del oro, diamante, bauxita y coltán, entre otros minerales estratégicos al sur del país.

Los ecosistemas del Parque Nacional Archipiélago Los Roques en el Caribe venezolano están amenazados por construcciones descontroladas que no atienden estudios de impacto ambiental | Foto Lorena Meléndez

La Acnudh destaca que “el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico no ha publicado información de interés público, como estudios de impacto ambiental y sociocultural, datos sobre el número y el nombre de las empresas con las que el gobierno ha conformado alianzas, o sobre la cantidad de mineros inscritos en el Registro Único Minero”. Agrega que el Banco Central de Venezuela tampoco publica información actualizada sobre los volúmenes de oro que recibe de la empresa minera estatal Minerven, ni sobre la cantidad de minerales que se exportan. Mucho menos sobre cuál es su principal destino ni el monto de divisas extranjeras que el Estado recibe a cambio.

En el caso de los pueblos indígenas en Venezuela, la gravedad de la opacidad informativa es igual de notable. El informe 2020 de la Acnudh resalta su preocupación sobre la falta de consentimiento libre, previo e informado con respecto la instauración del Arco Minero y la expansión de la minería en sus territorios ancestrales, que afectan el derecho fundamental de los pueblos indígenas a “la autodeterminación así como sus derechos sobre los territorios y recursos, a la conservación y protección del medio ambiente, y a vivir en paz y seguridad”.

¿Para qué Escazú? 

“Venezuela, sin duda, debería formar parte del Acuerdo de Escazú promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas”, considera la diputada a la Asamblea Nacional de 2015, María Gabriela Hernández. “Se trata de un país de la Amazonia, con 60% de su territorio conformado por áreas bajo régimen de protección especial (Abraes), dentro de las cuales 40% son parques nacionales. Nos referimos a una de las biodiversidades más complejas y nutridas del mundo por lo que es importante que reciban protección aquellos que defienden el tema ambiental. El ciudadano, las organizaciones, fiscales, jueces y actores ambientales deben contar con garantías, que sus acciones estén amparadas por la ley y, por supuesto, que los venezolanos tengan la posibilidad de acceder a la información y la justicia para reparar y/o evitar la continuidad del daño al medio ambiente”.

Venezuela no se comprometió con el Acuerdo de Escazú. No firmó este pacto regional para proteger el medioambiente y los defensores ambientales que entró en vigor este jueves en el Día de la Tierra

El Acuerdo de Escazú es una herramienta fundamental que permite un enfoque más participativo en la toma de decisiones y en la formulación de políticas relacionadas con el medio ambiente, recuerda Alejandro Álvarez, coordinador de la organización Clima 21- Ambiente y Derechos Humanos para resaltar la relevancia de este pacto del cual Venezuela debería formar parte. “Otorga un piso legal para que no sólo los ciudadanos puedan ejercer sus derechos a la información y participación, sino que los Estados cumplan con las obligaciones adquiridas en materia de derechos humanos. Se trata de principios que ya están contemplados, además, en la Constitución venezolana y en la agenda global que procura el beneficio humano y ambiental de toda la región.

Pero Escazú tiene repercusiones más allá de lo local. “Por tener un carácter vinculante, cada Estado que suscribe el acuerdo está obligado a rendir cuentas sobre su desempeño y competencias ya no sólo ante sus ciudadanos sino también ante la comunidad internacional”, agrega Álvarez. “Es una tristeza que Venezuela vaya a quedar fuera de Escazú porque sus ciudadanos no deberían tener limitaciones para acceder a la información ambiental como tampoco a participar en la toma de decisiones sobre asuntos públicos que impactan al colectivo, por ejemplo, el tema agua, el fenómeno de La Niña y la crisis de suministro eléctrico que afectan a sus habitantes. Pero la posición del actual gobierno está marcada por la opacidad. Todo lo contrario”.

El coordinador de Clima 21 sostiene que la participación ciudadana es un derecho que en teoría está garantizado por los gobiernos democráticos donde se permite a la ciudadanía a cooperar en la formulación de políticas sobre temas ambientales, justo lo que no ocurre en Venezuela. “El caso de pueblos indígenas y defensores ambientales locales es aún más dramático porque su situación ha sido invisibilizada. Vemos que en países como Brasil, Colombia y Honduras se denuncia el penoso asesinato de líderes ambientales, pero nunca se habla de la cantidad de indígenas y defensores de la tierra que son amenazados, perseguidos, encarcelados y asesinados en Venezuela”.

La importancia de que Venezuela forme parte del Acuerdo de Escazú como Estado firmante se remonta a la declaración de Río 92, cumbre de la Tierra en la que se cimenta que el desarrollo sostenible se logrará mejor en las sociedades que tengan acceso a la información, sus ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones y tengan acceso a la justicia, destaca Álvarez quien ha participado en la discusión desde hace dos décadas como representante de la sociedad civil en Venezuela.

Te invitamos a leer íntegro este reportaje en el siguiente enlace.

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