La ONG Human Rights Watch y los centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria, de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, presentaron el informe sobre la salud en Venezuela, en el que cuestionan las estadísticas oficiales del régimen de Nicolás Maduro sobre la COVID-19. Aseguran que la curva de contagio es mayor a la que diariamente reportan.
“Creemos que las cifras, las estadísticas que proporciona el Gobierno de Venezuela son absolutamente absurdas y no son creíbles. En un país donde los médicos no tienen agua ni siquiera para lavarse las manos en los hospitales, donde el sistema de salud está colapsado totalmente, hay hacinamiento en barrios y cárceles (…) en esas circunstancias que solo existan mil contagiados y solo 10 muertos… no nos parece creíble”, manifestó José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.
“La crisis humanitaria en Venezuela y el colapso del sistema de salud han generado una peligrosa situación que favorece una rápida propagación del virus en la población en general, condiciones de trabajo inseguras para el personal de salud y un alto índice de mortalidad entre pacientes que necesitan tratamiento en hospitales”, afirmó Kathleen Page, médica y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los centros de Johns Hopkins.
Señaló que una estimación conservadora sería de al menos 30 mil fallecidos por contagio de COVID-19 y no los 11 que hasta este 26 de mayo reportó Nicolás Maduro.
Con respecto a las cifras de contagio, que el jueves alcanzó la cifra de 1.211 contagios -según Maduro-, Page sostuvo que, de los 30 millones de habitantes, por lo menos 1% debe estar infectado con coronavirus, unas 300 mil personas.
El informe advierte también que “al 21 de mayo, las autoridades venezolanas habrían realizado 697.691 pruebas, de las cuales al menos 16.577 serían pruebas PCR. La gran mayoría, por lo tanto, son pruebas que pueden arrojar falsos negativos en los primeros días desde el contagio”.
Hospitales, una bomba de tiempo
70% de los hospitales en Venezuela pasan por una crisis sin precedentes por fallas eléctricas y suministro de agua potable. Además, pese a la contingencia por la pandemia, el personal de salud carece de todos los implementos e insumos necesarios para prevenir un contagio.
“En este momento en Venezuela, el 60% de los hospitales indican que no tienen guantes o mascarillas, y más del 70% no tiene acceso a agua, jabón o alcohol en gel”, denunció Page.
El Índice de Seguridad Sanitaria Global de 2019 ubica a Venezuela en el lugar 180, de 195 países, como uno de los menos preparados para mitigar la propagación de una epidemia.
En noviembre y diciembre de 2019, un equipo de Human Rights Watch y los centros de Johns Hopkins realizó entrevistas telefónicas detalladas a profesionales de la salud en 14 hospitales públicos de Caracas, la capital del país, y cinco estados (Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Lara y Zulia). Solo uno brindaba atención de alta complejidad. Concluyeron que el sistema de salud venezolano no está apto para enfrentar la COVID-19, cuya principal preocupación es que sea habitual la escasez de agua y la falta de saneamiento e higiene.
“En una encuesta realizada a proveedores de servicios de salud sobre la capacidad del sistema sanitario venezolano para hacer frente a la COVID-19, el 31.8% de los trabajadores de hospitales no contaban con agua potable y el 64,2% informaron un acceso intermitente al agua potable entre el 27 de febrero y el 1 de marzo. El 21 de mayo, un dirigente sindical médico informó que un sondeo de 16 hospitales y centros de salud en Caracas reveló que había escasez de agua en 8 de ellos, de guantes en 7, y de jabón y desinfectante en 15. En ocho hospitales y centros de salud tampoco había barbijos, y en 13 los estaban reutilizando. Otra encuesta nacional sobre el impacto de COVID-19 publicada el 16 de mayo reportó que había escasez de guantes en el 57.14% del sector salud, de tapabocas en el 61.9%, de jabón en el 76.19% y de alcohol desinfectante en el 90.48%”, detalla el informe.
La HRW ve con preocupación que “la negativa a publicar datos epidemiológicos por parte de las autoridades debilita significativamente su capacidad de respuesta ante la pandemia”. Observaron también que en medio de este contexto la respuesta estatal ha sido el “hostigamiento y persecución de periodistas, profesionales de la salud y otros individuos que cuestionan y alertan sobre el deterioro de las condiciones en los hospitales, la escasez de petróleo y la propagación de la COVID-19”.
Prevención del virus sin agua
Si bien la limpieza y lavado de manos es vital para prevenir el virus, lo cierto es que la mayoría de las regiones en Venezuela carecen de suministro de agua por tubería.
La HRW y los centros de la Universidad Jhons Hopkins citan un estudio del Programa Mundial de Alimentos, que precisa que 25% de los hogares venezolanos carecían de acceso sostenible al agua potable y en 4 de cada 10 viviendas hubo interrupciones diarias del suministro de agua entre julio y septiembre de 2019.
“La falta de agua, sobre todo porque impide lavarse las manos, exacerba las altas tasas de infecciones intrahospitalarias, es decir, aquellas originadas dentro de los establecimientos de salud. En Venezuela, estas infecciones han incluido bacteriemia, infección de fístulas e infecciones pulmonares, y es probable que ahora incluyan la COVID-19”, alertó el equipo de investigación de la Universidad Johns Hopkins.
Según el informe de situación más reciente sobre Venezuela elaborado por la OCHA, el Plan de Respuesta Humanitaria de 2019 para Venezuela recibió 75,9 millones de los 223 millones de dólares que necesitaba.
El Panorama Global Humanitario 2020 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) estimó que se necesitarían destinar 750 millones de dólares a un Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela en 2020, de los cuales 72.1 millones se apartarían para destinarlos a la respuesta a la COVID-19 en el nuevo plan de la ONU para hacer frente al brote de coronavirus. Estas iniciativas todavía no cuentan con el total de fondos solicitados.
Un llamamiento especial para abordar la COVID-19 en Venezuela pidió 61 millones de dólares para tres meses, pero ha recibido 14 millones de dólares. Los gobiernos extranjeros podrían contribuir a responder a la crisis humanitaria en Venezuela financiando estas iniciativas, informaron Human Rights Watch y los centros de Johns Hopkins.
El informe recuerda también las sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y algunos gobiernos latinoamericanos contra funcionarios venezolanos y miembros de las fuerzas de seguridad implicados en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción o narcotráfico. Destacan que, aunque “estas sanciones individuales no están relacionadas con la situación humanitaria en el país, los gobiernos que las imponen deberían asegurarse de que continúen”.
