La comunidad indígena de Cambalache sobrevive entre el acceso restringido a los servicios básicos, y la inexistente barrera de contención contra la pandemia por COVID-19.

@mlclisanchez

“No sabemos cómo es esa enfermedad, que ni Dios lo quiera venga por aquí”, expresó Venancio Narváez, cacique de la comunidad indígena warao de Cambalache, a un mes de la cuarentena por la pandemia que, en el estado Bolívar, según cifras oficiales, registra dos de los 197 casos en todo el país.

Con la extensión del decreto de alarma, a la comunidad no se les ha garantizado el aislamiento seguro para evitar los contagios pues no tienen acceso continuo a servicios básicos como agua potable, alimentación, medicamentos y atención médica que les permita respetar la cuarentena en su totalidad, especialmente a los pueblos indígenas en zonas urbanas como Cambalache. 

   


Durante la cuarentena por la COVID-19, aumentó el desplazamiento de los indígenas hacia el vertedero de basura para trabajar y así conseguir alimento | Fotos William Urdaneta


Yadira es madre de 5 niños, le preocupa no solo que la caja de alimentación del CLAP no sea suficiente para alimentarlos, sino que no tiene carnet de la patria para acceder al beneficio


La comunidad nunca ha tenido acceso a agua potable continua, y esto no ha cambiado durante la pandemia, pese a que el gobernador de Bolívar les prometió agua y saneamiento durante la cuarentena

José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), explicó a el diario El País que los pueblos indígenas “más vulnerables son los que residen en áreas urbanas y podrán ser los más invisibilizados por los efectos tanto sanitarios como socioeconómicos del coronavirus”.

El martes 14 de abril, la visita de la prensa coincidió con la inusual visita de la concejala regional indígena, Yamilet Beria a Cambalache. Llegó a la comunidad para repartir mascarillas a los ancianos, y dar una charla de prevención. Todo esto por primera vez desde que se decretó la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19 en el país. “Más que todo ahorita es prevención, en cuanto al coronavirus. Entregarle tapabocas a los ancianos, que son los más vulnerables”, informó.

El discurso no contenía información precisa sobre las formas de contagio, los síntomas del virus, ni cómo deben usarse las mascarillas y los guantes. Cabe destacar que los indígenas de Cambalache tampoco han recibido campañas de prevención contra la pandemia en su idioma warao, ni en español.

Si bien no hay medidas concretas establecidas -aparte de las dirigidas a la población general indicadas por la OMS- para la protección de los pueblos indígenas durante la pandemia por ser vulnerables, las medidas aplicadas por diversos países convergen en: el aislamiento de las comunidades, la restricción del acceso de personas foráneas a la comunidad, el estricto control de acceso del personal sanitario que debe guardar cuarentena durante dos semanas antes de volver a entrar a la comunidad y la aplicación de la prueba diagnóstica. Tal como recomienda el grupo de trabajo socioambiental Wataniba junto a otras oenegés.

En compañía de la concejala indígena, también estuvo una representante del Concejo Municipal de Derecho de la Alcaldía de Caroní, Sara de Rivas, quien explicó que estaban constatando las necesidades de la comunidad “en cuanto a niños, niñas y adolescentes. Estamos entregando guantes y tapabocas”, dijo.

“Creemos en un Dios grande, la madre tierra nos protege”, decía el cacique, mientras levantaba sus manos al cielo, y luego simulaba una barrera protectora invisible, como quien se aferra con todas sus fuerzas a la fe que profesa.

Venancio se sorprendió por la visita de la edil, pues asegura que no es común. “No había venido, ¡pero se acordó! ¡Después dice que nos está cuidando!”, expresó con ceño fruncido y mirada desaprobatoria, pero no dejó de mostrar su desesperación por hablar con ella, o con quien sea, para conseguir ayuda para la comunidad en tiempos de pandemia.

Durante el aislamiento, el acceso a la alimentación y al sistema sanitario son fundamentales. Pero en Cambalache, los módulos aledaños están cerrados, y la mayoría de las familias comen de una a dos veces al día.

“Queremos hablar con ella (la concejala) porque ella tiene la posibilidad de hablar con el alcalde, con el gobernador. Uno como indígena ha ido muchas veces a esas oficinas, pero cuando ven lo que somos nos quedamos ahí todo el día”, apuntó el cacique. “Pero yo creo en un Dios que ve todo lo que está pasando”.

Sin comida ni agua

Desde que inició la cuarentena por la alarma de la pandemia de la COVID- 19, la comunidad ha recibido una sola vez la caja de alimentación de Mercal, un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación: 3 kilos de pasta, 4 kilos de arroz, 4 kilos de harina, un kilo de lentejas, un kilo de azúcar y un litro de aceite por familia. Además, también llegó la cadena de frío, un pollo y un kilo de carne.

“Jum, eso no dura pero ni un mes”, dijo María Andrade, una de las encargadas de coordinar la distribución de alimentación en el sector rural. 

“¿¡Qué un mes!? Mmm” -la interrumpió el cacique-, ¡en mi casa no dura ni tres días!”. Venancio vive con 12 personas, y como él, otras familias numerosas ya para la fecha se quedaron sin reservas. “Mi mujer tiene 12 hijos, ¿y con los nietos míos que son 10 más? Mmm, y para comer en la mañana tenemos que amasar dos kilos de harina, usamos un kilo de azúcar y 4 kilos de pescado, solo para el desayuno”. Esto en condiciones normales.

En tiempos de pandemia se entrega una caja de alimentación que no toma en cuenta las necesidades diferenciadas: la mayoría de las 265 familias waraos de Cambalache tienen más de 5 miembros, hoy ya no tienen reservas, y se preguntan cómo sacar el carnet de la patria y a quién deben acudir, pues desde ese momento este documento sería un requisito indispensable para seguir recibiendo el beneficio de alimentación a través de Mercal. 

   


Yamileth Beria, concejala regional indígena, visitó la comunidad por primera vez desde que inició la alarma por la pandemia de COVID-19, entregó tapabocas solo a los ancianos


El Instituto de Salud Pública (ISP) hizo un operativo de vacunación, lo que no llegó a la comunidad fueron las pruebas rápidas para diagnosticar el nuevo coronavirus


El Instituto de Salud Pública (ISP) vacunó y entregó medicinas en un espacio de distanciamiento social inexistente


“Siempre hay niños con diarrea, vómito y fiebre, ¿a dónde vamos a acudir si los módulos están cerrados? ¿A dónde?”, cuestionó María Andrade

“Están pidiendo carnet” -comienza a decir Yadira Torres, mientras mecía a su niño de 3 meses para que dejara de llorar, ella tiene 5 hijos- “¿cómo vamos a comprar si no tenemos carnet, ¡somos waraos! Hay mucha gente que… no carnet, ¿qué pasa con los que no tenemos? ¿Cómo vamos a comer? Nada, los niños lloran”.

Yadira explicó con pesar que ya no pueden salir a pescar como antes porque han sido víctimas de asalto por parte de criollos. “No podemos salir porque te cazan para robarte, te cazan para matarte, eso no es justo”, añadió.

Ella, como otras madres de la comunidad, está sola. Su esposo, León Henry González, desapareció hace dos años cuando se fue a trabajar a Cumaca, en Guyana. León se marchó con dos de sus hijos, de 11 y 12 años respectivamente.

Ella dice que el plan de su esposo era trabajar la minería y regresar en 15 días. “Desapareció, no sé si se murió o no, si está vivo, yo no sé”.
Entretanto, María seguía explicando el problema de las reservas de los alimentos en la zona, en un momento en el que no se puede contar con la pesca.

“Con muchos muchachos, a la mayoría no le dura la comida del Mercal, hay algunas que tienen 5, 6, 12 muchachos”, trató de decir María, mientras a su alrededor los niños gritaban y jugaban casi sin dejarla hablar.

“Si vino el pollo hoy, ya para mañana no hay, nos queda pescar, pero, ¿qué?”, manifestó encogiéndose de hombros. María no está segura de si este suministro será constante. “¿Dónde está la comida que ofreció el presidente, el agua clarita, los tanques…durante la cuarentena?, ¿para dónde se fue todo?”, cuestionó. “Desde la cuarentena nosotros no hemos recibido lo que se llama nada, ¡pero nada!, nada, nada, nada”, reiteró meciendo la cabeza de un lado al otro.

“Eso ya se está planteando, lo de la alimentación” -dijo la concejala Beria-, “se llevó a cabo un censo en Ciudad Bolívar para que le den su caja de alimentación gratis como hace dos años, cada 20 días”. Mientras, en la mayoría de las casas, las ollas y cacerolas están volteadas, o llenas de una mezcla de arroz con agua.

Hasta ahora tampoco ha sido resuelta la carencia de agua potable en la comunidad. Requisito indispensable, no solamente como recurso vital para la satisfacción de necesidades biológicas, sino para mantener la barrera de higiene necesaria para evitar el contagio por COVID-19.

“Para acá es muy difícil traer el agua porque se tienen que traer como tres cisternas o hasta cuatro”, indicó Beria. Es decir, quedaría gente sin atender.

La comunidad nunca ha tenido un sistema de agua potable continuo, así lo indicó el cacique. “Gracias a Dios que tenemos el río cerca porque si no imagínate”, decía mientras le secundaba un coro diciendo “¡y esa agua está clarita ahorita, ve!”, quienes a su vez señalaban el río en el que se mecían los botes de pesca varados, sin gasolina.

“Se están haciendo las gestiones, están en mesa de trabajo, para sustentar a toda la comunidad”, indicó Beria. Sin embargo, nadie sabe ni cuándo ni cómo se implementarán. “Eso está en gestión desde hace tiempo pues, pero se está buscando una solución”, concluyó.

Los waraos no hierven el agua del río antes de tomarla. “Es como te decíamos, tenemos una cuestión espiritual muy grande”, dijo Pedro La Rosa, otro vecino del sector. Para ellos, es la madre tierra la que los protege de la enfermedad.

María Andrade informó que, durante la cuarentena, muchos más indígenas optaron por ir al relleno sanitario -botadero de basura- para trabajar y así conseguir sustento para alimentarse, situación que ocurre aún antes de la pandemia. “Se fueron porque no aguantaron más, desde que empezó la cuarentena se fueron mucho más rápido”, dijo señalando algunos caseríos vacíos.

Visita del Instituto de Salud Pública

Beria no fue la única que decidió entregar mascarillas ese día a la comunidad, también lo hizo José Luis Herrera, director de salud indígena del estado Bolívar y parte del Instituto de Salud Pública (ISP).

La comisión del ISP llegó al medio día, aunque la estaban esperando desde la mañana. Con la visita llegó la entrega de los tapabocas y un operativo de vacunación y entrega de medicinas, lo que no llegaron fueron las pruebas rápidas para el despistaje de la COVID-19. “La idea es fortalecer el sistema de salud en la comunidad indígena, a veces no les llega asistencia médica a las comunidades indígenas”, admitió Herrera. 

   


El Instituto de Salud Pública (ISP) entregó un tapabocas por persona para protegerse de la COVID-19, sin explicar a la comunidad cómo deben usarlos


Desde que inició la cuarentena, los indígenas solo han recibido una caja de comida de Mercal, cuyas reservas a la fecha ya se agotaron. En la mayoría de las casas, las ollas y cacerolas están vacías o llenas de arroz con agua de río

La comunidad tiene dos módulos de salud cerrados, y hasta ahora no se les han aplicado pruebas diagnósticas para el despistaje del nuevo coronavirus, de estas 13.000 pruebas que el alcalde del municipio Caroní, Tito Oviedo, aseguró que estaban siendo aplicadas en todo el municipio, sin precisar dónde y cuándo.

Herrera caminaba entre la comunidad entregando los tapabocas desechables, uno por persona. “Estamos aquí cumpliendo las medidas preventivas para lo del COVID-19, bajo la dirección de nuestro gobernador Justo Noguera”. Se entregaron 1.200 tapabocas, para 265 familias que en promedio tienen de 5 a 12 miembros, o más, cada una.

Los waraos se la ponían y quitaban y los niños jugaban con ella. Herrera terminaba de repartirlas, sin explicarles cómo utilizarlas. Los niños acudían a él, lo interrumpían mientras hablaba con la prensa, para que les entregara uno, como si de un juguete nuevo se tratase, pero era una mascarilla que al caer la tarde no iba a servirles, no podrían usar, no los protegería del virus, porque es descartable, porque no cuentan con otros insumos de higiene y saneamiento porque no tienen forma de respetar el aislamiento, ni saben cómo hacerlo, ni el Estado crea condiciones para que esto suceda.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) envió a Venezuela 90 toneladas de insumos como parte de la respuesta para controlar la pandemia en el país, sin embargo, el Gobierno nacional no da detalles de la distribución de los mismos ni en qué medida llegarán a las comunidades priorizadas.

Hasta la fecha, hay 197 casos de COVID-19 en Venezuela, dos de los cuales se encuentran en el estado Bolívar.

“Ahorita estamos haciendo un diagnóstico previo de las necesidades de la comunidad para luego hacerlo llegar al gobernador”, explicó Herrera. “Esta comunidad no tiene ambulatorio, centro asistencial, es preferible hacer una jornada, ya sea mensual”.

La razón por la que a un mes del inicio de la cuarentena el Instituto de Salud Pública visita la comunidad warao de Cambalache es porque el operativo se inició primero en comunidades de difícil acceso. “Mi prioridad fueron comunidades indígenas de difícil acceso, vía aérea, fluvial, y terrestre”, explicó Herrera.

Vacunación y medicinas

Más abajo, en la escuela del sector rural -que en realidad es un salón sin sillas ni mesas- los waraos adultos se aglomeraban sin respetar el metro de distancia, desesperados y ansiosos como niños esperando el reventar de una piñata, todos alrededor de las cuatro personas del equipo de Medicina General Comunitaria Integral (MGCI) del ISP, pues esperaban ser atendidos.

Los niños no tenían el mismo entusiasmo. En la fila, las madres arrastraban a sus hijos, quienes suplicantes pedían no ser inyectados. Las vacunas que llegaron a la comunidad fueron BCG (tuberculosis), Toxoide diftérico, Hepatitis B, Triple viral (sarampión, rubeola, parotiditis), Doble viral (sarampión y rubeola), fiebre amarilla y poleo.

    El Instituto de Salud Pública (ISP) entregó medicinas, sin embargo, la mayoría no supera las 200 unidades disponibles

También se entregó medicina. “Aquí se atenderá todo lo que tenga que ver con medicina general, desparasitante, síndrome febril, hipertensión, antibióticos, analgésicos, antimaláricos, de todo un poco”, indicó Herrera.

No se atisban pruebas diagnósticas de COVID-19 en el operativo, factor clave para la detección temprana y el control de la expansión del virus.

Las medicinas con las que se disponía en mayor cantidad responden a las sintomatologías más comunes de la comunidad: analgésicos, antipiréticos (Paracetamol) y antiparasitario (Metronidazol), se entregarían de 3.000 a 3.200 tabletas de cada medicamento respectivamente. También se disponía de 480 tabletas de Mebendazol, para tratar infecciones parasitarias, 400 unidades de ácido fólico y 400 unidades de Loratadina, un antialérgico. El resto de los medicamentos no superó las 200 unidades.

“Siempre hay niños con diarrea, vómito y fiebre, ¿A dónde vamos a acudir si los módulos están cerrados? ¿A dónde?”, decía María Andrade, pues siente que las medicinas no son suficientes, y teme que el ISP no regrese con medicina.

La mujer evocó la muerte de 3 niños waraos los primeros dos meses de este año, lo que evidenció el estado de orfandad de los indígenas.

El suministro de medicinas no es constante, los servicios públicos tampoco. Y la comunidad continúa desprovista de enfrentarse a la pandemia y cumplir con el aislamiento. “Aquí no hay nada, si fuera para morirse, ya estuviésemos toditos muertos. Pero dicen que esa enfermedad no quiere nada con calor, y aquí hace un calor horrible. Además, no ha llegado porque tenemos un poder espiritual muy fuerte”, expresó el cacique, quitándose la mascarilla otra vez, para hacerse escuchar, y tocándose la cara para limpiarse el sudor.

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