viernes, 22 de octubre de 2021

Zozobra y muertes en La Vega, reflejo de la violencia institucional y delictiva

El sacerdote Alfredo Infante denuncia que la zona se ha convertido en un campo de batalla entre los grupos armados no estatales y cuerpos de seguridad. Pide a las autoridades acatar la Carta Magna en materia de derechos humanos. | Foto cortesía TalCual

El sacerdote Alfredo Infante denuncia que la zona se ha convertido en un campo de batalla entre los grupos armados no estatales y cuerpos de seguridad. Pide a las autoridades acatar la Carta Magna en materia de derechos humanos. | Foto cortesía TalCual

Nuevos enfrentamientos armados entre cuerpos de seguridad y presuntos delincuentes en la parroquia La Vega de Caracas dejaron un saldo de dos civiles muertos la mañana de este lunes a causa de balas perdidas, de acuerdo con las denuncias de periodistas y representantes de onegés.

El activista por los derechos humanos y representante de la ONG Provea, Marino Alvarado, informó por su cuenta de Twitter sobre el fallecimiento de un hombre que estaba dentro de un local comercial al frente del bloque 1 de La Vega y resultó herido de bala en la cabeza. Luego fue identificado como Guillermo José Gregorio Belisario, de 49 años. Minutos más tardes, también reportó la muerte de una señora en las mismas circunstancias. Fue identificada como Yoraima Margarita Díaz Araujo, de 47 años.


El director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, también se pronunció sobre los hechos, asegurando que se reportan al menos “2 muertos y varios heridos por balas perdidas durante enfrentamiento entre bandas armadas y funcionarios policiales en La Vega”.

Gómez también condenó que “las comunidades de estos amplios sectores se encuentran frecuentemente sometidas a la violencia institucional y delictiva”.

Este mismo lunes, el padre Alfredo Infante, párroco de La Vega, denunció que la zona “se ha convertido en un campo de batalla entre las bandas organizadas y cuerpos de seguridad”.

Infante denunció una militarización no formal y el uso de armas de guerras por parte de los organismos policiales en las zonas populares | Foto cortesía

El sacerdote jesuita dijo que esta mañana toda la zona de La India, en La Vega, estaba en medio de un fuego cruzado, “tuvimos que salir por otra vía. Este es el día a día, violencia constante y nuestra gente en medio”, denunció.

Infante insistió en que los cuerpos policiales deben apegarse a la Carta Magna en materia de derechos humanos, dado que “de manera extraoficial se conocen múltiples casos de personas inocentes detenidas, estos operativos dejan como imagen la criminalización del habitante de La Vega, pareciera que vivir en estas zonas es sinónimo de ser criminal. Se llevan detenido a cualquiera”, expresó.

En relación al despliegue policial del 8 de enero de 2021 en esta zona por Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) opinó que “en la conocida masacre de La Vega en enero, muchas de las víctimas no pertenecían a la Policía ni a las bandas. La Vega es una mina de humanidad, con mucho talento. Lamentablemente se convive con un grupo violento con poder de fuego, que se impone ante esta mayoría”.

Agregó que la parroquia está entrando “en una militarización no formal” y que en el modo de actuación en las zonas populares se usan armas de guerra.

El padre Infante insistió que “es muy importante que nos organicemos, que enfrentemos pacíficamente la decisión de recuperar nuestros espacios. La Vega está llamada a ser un espacio de paz y convivencia”.

Violencia en La Vega

El 8 de junio se cumplieron cinco meses de la denominada “masacre de La Vega”. Un operativo policial donde 23 personas fueron asesinadas. La ONG Provea recordó que “ninguna autoridad se pronunció, ni siquiera los nombres de las personas asesinadas fueron indicados. Los familiares de las víctimas exigen justicia”.

Asimismo denunciaron que los acontecimientos de La Vega es otra de las masacres realizadas por el gobierno de Maduro en los últimos años, como resultado de una política de exterminio que da luz verde a los funcionarios policiales para detener y ejecutar. Una política de “disparen a matar” donde el derecho a la vida no importa, sino mostrar estadísticas de presuntos delincuentes “dados de baja”.

De acuerdo con su monitoreo, en 2020 unas 2.853 personas fueron víctimas de esta letalidad policial en Venezuela. “Las altas cifras de víctimas mortales en operativos policiales, realizados en sectores populares, evidencian el menosprecio de los organismos de seguridad por el respeto a la vida”, reclaman. (Con información de Provea)

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