lunes, 20 de septiembre de 2021 | 9:45 AM

Familiares de reclusos temen por el COVID-19 y exigen reanudación de procesos judiciales

La sobrepoblación en los centros de detención preventiva puede convertirse en focos de propagación del virus, al margen del incumplimiento de los derechos humanos a la salud y la vida.

Familiares de personas recluidas en centros de detención preventiva protestaron este miércoles frente al Palacio de Justicia de Ciudad Bolívar solicitando que se reanuden los procesos judiciales pendientes que fueron paralizados desde inicios de la cuarentena. Temen que el hacinamiento dentro de los recintos cause la propagación de COVID-19 entre los privados de libertad.

Deiris Iruiz, familiar de dos personas recluidas en la comandancia del Servicio de Investigación Penal del estado Bolívar (Sipeb) en sector El Perú de Ciudad Bolívar, exigió que se dé continuidad a los actos jurídicos ya que desde la detención y presentación de su pareja y hermano en el mes de marzo, su proceso legal se estancó y se mantienen en una celda con sobrepoblación de reclusos.

De acuerdo con Iruiz, en la comandancia hay 25 personas recluidas en una sola celda, sin agua, comida, ni baños. Los apresados se han enfermado con vómito y diarrea, y los parientes denuncian que no permiten atención médica. “Ni siquiera le dejan pasar una pastilla”, indicó.

El espacio reducido en los centros de detención, no aptos para la reclusión por más 48 horas, no permite que puedan descansar ni tomar medidas preventivas de distanciamiento por la COVID-19.

“Unos duermen parados, otros sentados, mientras otros duermen, otros esperan su turno”, expuso Iruiz, quien tiene que ir todos los días hasta el centro policial para garantizar el alimento de sus familiares.

Nelva Alfaro, otra de las protestantes, denunció que su hijo está recluido desde diciembre en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y que la última de las tres audiencias preliminares fue en marzo. Cuando esperaban hacer los trámites para el juicio se paralizaron las diligencias legales por el confinamiento decretado.

Alfaro manifestó que en este centro de detención los parientes deben llevarle a los reclusos hasta el agua potable. Al vivir en Caracas e ir disminuyendo los recursos con los que cuenta, exige que se avance en el proceso para que se pueda definir la sentencia de su hijo.

Uno de las familiares, que prefirió no identificarse para evitar represalias, indicó que su sobrino recluido en la comandancia del Sipeb sufre problemas respiratorios y no ha podido tener atención médica adecuada por no contar con la autorización para el traslado médico.

Declaró que las condiciones en la comandancia no son aptas para la reclusión de las personas. Aunque no puede dar seguridad de la culpabilidad o no de su sobrino, señaló que nada justifica que las personas sean hacinadas de esa forma. “Ellos también tienen sus derechos, que no se los dan allí”, expresó.

Violación de DD HH en pandemia

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de su portavoz, Rupert Colville, instó a los países a tomar medidas para prevenir una mayor propagación de la COVID-19, garantizando condiciones sanitarias, acceso generalizado a pruebas y a cuidados de salud para los detenidos.

Señalan que las condiciones en centros de reclusión y en cárceles deberían ser objeto de monitoreo regular por parte de órganos independientes. Solicitaron a reducir el uso de la “detención preventiva” y tomar medidas para disminuir el estado de hacinamiento. Sin embargo, en los centros de detención del país ocurre todo lo contrario y nadie garantiza el cumplimiento de derechos humanos como la salud y la vida.

“El hacinamiento sigue siendo una constante en los centros de detención preventiva que aumenta el riesgo de contaminación de las enfermedades respiratorias, la tuberculosis y ahora, el COVID-19. Esto aunado a las terribles condiciones sanitarias que prevalecen en los calabozos, falta de agua potable, implementos de limpieza y otros insumos necesarios para la higiene personal”, señaló textualmente la organización Una Ventana a la Libertad en su informe 50 días de cuarentena en los centros de detención preventiva.

Durante la cuarentena por la COVID-19 registraron sólo cuatro jornadas de desinfección en los centros de detención preventiva. Tres de ellas en Carabobo y una en Falcón. Ninguna fue para los recluidos en Bolívar. De acuerdo con la ONG, 1.142 reclusos se mantienen bajo hacinamiento, de los cuales 37 para el momento del informe estaban enfermos de tuberculosis y seis habían muerto por la enfermedad.

Aunque abogados han solicitado la reactivación de las actividades judiciales, las medidas preventivas tomadas por el Ejecutivo solo dejan en mayor abandono a los presos con trámites legales pendientes.

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