martes, 20 de abril de 2021 | 4:25 AM

Después de más de tres años caso de ucabista asesinado logra una justicia a medias

Aunque hubo sentencia para tres personas implicadas en el homicidio de José Alberto Arreaza, el autor material Lissandro Di Lucas Gómez sigue prófugo de la justicia. Otros implicados en el hecho tampoco han sido investigados.

Aunque hubo sentencia para tres personas implicadas en el homicidio de José Alberto Arreaza, el autor material Lissandro Di Lucas Gómez sigue prófugo de la justicia. Otros implicados en el hecho tampoco han sido investigados.

El 1 de marzo de este año, el Tribunal Quinto de Puerto Ordaz dictó sentencia condenatoria contra tres personas que estaban procesadas por el homicidio del estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Guayana, José Alberto Arreaza.

Se trata del teniente de la Guardia Nacional Oswaldo Ojeda, el ciudadano Alberto Echegaray, quien para entonces también era estudiante de la UCAB; y el exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Carlos Maldonado.

Los dos primeros fueron condenados como cómplices no necesarios en el delito de homicidio intencional calificado, y Maldonado como encubridor en dicho delito y agavillamiento, informó Roberto Delgado Idrogo, abogado defensor de los familiares de la víctima.

Ojeda fue condenado a 8 años y 9 meses de prisión; Echegaray a 4 años, 4 meses y 15 días, y Maldonado a 5 años.

“Es una sentencia que si bien pueda tener unos aspectos que no compartamos desde el punto de vista técnico, compensa tres años y cuatro meses de vencer obstáculos. Tenemos que recordar que este juicio se realizó con algunas trabas, una pandemia de por medio. El juicio se inició en febrero del año pasado y apenas a dos audiencias quedó paralizado por la pandemia”, recordó Delgado.


Lo que realmente me preocupa son los organismos policiales que actúan de manera impune. En el caso de mi hijo, los funcionarios llegan con un oficio a Lagar’s donde le entregan el video… Luego eso tiene que llevar una cadena de guarda y custodia, y el video desaparece en el Cicpc. Estos funcionarios tienen que responder por esos actos”.

Sin embargo, el equipo de abogados que acompañó la defensa de la familia Arreaza considera que la sentencia pudo ser mayor en cuanto a las penas.

El teniente Ojeda quien estaba ya recluido en el Centro de Coordinación Policial de Chirica, aunque el tribunal no lo mencionó, esperan que sea trasladado un centro de reclusión correspondiente, que por ser militar debería ser el internado judicial de La Pica, en Monagas. Ojeda, por su parte, estaba en la comisaría de Guaiparo.

En cuanto a Echegaray, Delgado explicó que la ley establece que cuando la pena es menor de cinco años puede optar por una forma alternativa de cumplimiento de pena, que se conoce como la suspensión condicional de ejecución de la pena. Se trata de una especie de libertad condicional, donde se le somete a unas condiciones como presentación en tribunales.

“Pensamos que este ciudadano debía de igual forma quedar detenido”, afirmó.  Sin embargo, el tribunal consideró que estaba en libertad, ya que en su momento presentó una condición de salud, y que aportó información dentro de la investigación.

El tribunal tiene 10 días hábiles para la publicación del texto íntegro de la decisión, que luego será revisada por los abogados para determinar los pasos siguientes.

Di Lucas prófugo

Aunque hubo sentencia para tres personas, el autor material del crimen y cuyo nombre quedó así determinado en el juicio, Lissandro Di Lucas Gómez sigue prófugo de la justicia. El tribunal, por su parte, actualizó la información ante Interpol en la que se requiere su búsqueda y captura.

Delgado recordó que entre las trabas durante la investigación, estuvo el hecho de que el arma homicida pertenecía al teniente Ojeda, era su arma de reglamento y “hubo esfuerzos de parte de Ojeda y otros involucrados para evitar cualquier comparación balística. Al cadáver, luego de trasladado a la morgue de Chirica, se le extrajo el proyectil con una incisión de tres centímetros en la fosa de la nuca para evitar cualquier comparación balística del proyectil colectada del cadáver con el arma involucrada. Quedó demostrado con testimonios y con la misma autopsia, entre otros pruebas”.

El tribunal actualizó la información ante Interpol en la que se requiere la búsqueda y captura de Lissandro Di Lucas Gómez

Durante la pesquisa se conoció que un auxiliar de patología indicó y manifestó a testigos que un funcionario de un órgano de seguridad se acercó al cadáver, extrajo el proyectil y lo envolvió en un paño color anaranjado y se lo llevó.

Si bien no se logró determinar quién fue el funcionario, deducen que fue uno de los que levantaron el cuerpo, estos fueron Henry García y Franklin Gámez, detectives del eje de homicidios del Cicpc. En su momento se solicitó se abriera una averiguación, pero no hubo respuesta. Delgado recordó que es una asignatura pendiente en la administración de justicia.

Asimismo, el tribunal libró una orden de aprehensión contra Jorge González, funcionario de seguridad que ayudó en la fuga de Di Lucas. La defensa pidió que se recabaran los movimientos migratorios porque sospechan de que no está en el país.

Ezequiel Monsalve, abogado que también formó parte de la defensa, se refirió al juicio como una lucha entre el bien y el mal.

“Los responsables desde el momento del homicidio pusieron todas sus influencias sociales y económicas para obstaculizar la investigación transparente de un caso como este. Se evidenciaron hechos como el retiro del proyectil del cadáver de José Alberto, la desaparición de evidencias relevantes, como el video de Lagar’s, fueron hechos verificados en el juicio. Si no hubiese sido por estos obstáculos, probablemente no se hubieran capturado a tres personas sino muchas más, incluyendo al autor material Lissandro Di Lucas, que aún se encuentra prófugo de la justicia”, destacó Monsalve.

Agregó que el resultado de este juicio sirve también para dar un mensaje a Di Lucas: “que la justicia llega, tarde pero tiene que llegar. Tenemos la convicción de que este ciudadano será capturado y puesto a la orden de la justicia”.

Impunidad policial

 Ricardo Arreaza, padre de la víctima, manifestó su preocupación por la impunidad con la que actúan cuerpos policiales ante la comisión de un delito como el de homicidio.

“Lo que realmente me preocupa son los organismos policiales que actúan de manera impune, de manera que no hay responsabilidad de nada. En el caso de mi hijo, los funcionarios llegan con un oficio a Lagar’s donde le entregan el video. El local atendió a la solicitud de los organismos. Luego eso tiene que llevar una cadena de guarda y custodia, y el video desaparece en el Cicpc. Estos funcionarios tienen que responder por esos actos. El video desaparece pero durante el juicio, funcionarios del Cicpc van a declarar que ellos vieron el video”, señaló.

Arreaza pidió a las autoridades tomar el caso en cuanto a estas irregularidades que se mantienen impunes.

El video de dicho local nocturno muestra la última vez que se vio con vida a José Alberto Arreaza. El material muestra cuando fue subido al vehículo en el que iba Di Lucas, Echegaray y Ojeda.


Es una sentencia que si bien pueda tener unos aspectos que no compartamos desde el punto de vista técnico, compensa tres años y cuatro meses de vencer obstáculos. Tenemos que recordar que este juicio se realizó con algunas trabas, una pandemia de por medio”.

El cuerpo de José Alberto Arreaza, de 20 años, fue hallado el 23 de octubre de 2017, luego de 48 horas desaparecido. Fue abandonado en la avenida Caracas de Puerto Ordaz, en la vía al cementerio privado, con signos de descomposición y con herida de bala en la cabeza. Sus padres viajaron desde Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana, para reconocer el cadáver.

Arreaza había desaparecido dos días antes, luego de haber estado con Di Lucas, Echegaray y Ojeda en una discoteca de Puerto Ordaz. La versión que dieron inicialmente fue que lo dejaron al frente de su residencia, en la urbanización Los Olivos, aproximadamente a las 5:00 am del sábado 21 de octubre.

El teniente Ojeda fue arrestado el mismo día en que hallaron el cuerpo de Arreaza, mientras que Echegaray se entregó al día siguiente. Ambos, después de la versión anterior, sostuvieron que se trató de un accidente. Dijeron que salieron esa noche de la Discoteca Lagar’s, y se dirigieron a la vivienda de Di Lucas, en la urbanización Yara Yara, donde habría ocurrido el hecho.

José Alberto Arreaza era estudiante de cuarto año de Derecho en la UCAB Guayana. Tenía 20 años y era oriundo de Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana del estado Bolívar. Formó parte del movimiento estudiantil de su universidad y militó en el partido Vente Venezuela.

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