lunes, 20 de septiembre de 2021 | 10:32 AM

Cultores de El Callao: desborde de la criminalidad destruye las tradiciones de la tierra del Calipso

Desapariciones, asesinatos como el de Carlos Clark y masacres asociadas a las disputas por el oro espantan a los jóvenes músicos que se debaten entre migrar o resistir en defensa de su herencia cultural.

@g8che

La lucha entre grupos armados por el control de las zonas mineras de El Callao convirtió a un municipio conocido por sus carnavales, declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2016, en el más violento del país de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia.

El asesinato de Carlos Clark, fundador del grupo musical La Nueva Onda y considerado patrimonio cultural de El Callao, el pasado 8 de mayo, conmocionó a las familias y agrupaciones culturales que miran como la delincuencia destruye la vida de personas influyentes para la población y sus tradiciones.

“Se está perdiendo la cultura porque no tenemos ningún tipo de seguridad”, indica una cultora de El Callao que prefirió mantener bajo anonimato su identidad. Relata como cada año le ha tocado ver el desmejoramiento progresivo de las costumbres callaoenses a causa de las disputas armadas por el dominio de los yacimientos de oro -bajo la inacción de autoridades regionales y nacionales- y las complicaciones económicas que dificultan promover sus tradiciones.

Ana Maurera, integrante de la agrupación de calipso Nueva Juventud, señala las desmejoras de la vida cultural de los niños en comparación con su época. Denuncia que los jóvenes pertenecientes a la sinfónica de El Callao dejaron de ensayar luego del robo de sus instrumentos hace seis meses.

Maurera agrega que las instalaciones de la casa de la cultura donde practicaban están deterioradas, no cuenta con servicio de agua y los baños no funcionan. Las escuelas de diablos y de fantasía también trabajan con pocos recursos. La cantante indica que los padres temen salir con sus hijos a las comparsas por el nivel de inseguridad y los reiterados asesinatos en la población.

Los compañeros de Maurera han sido víctimas de atracos cuando regresan a sus casas durante la noche luego de trabajar en la elaboración de los trajes típicos para carnaval. En 2018, un enfrentamiento entre bandas antes de comenzar con una comparsa terminó con una joven asesinada del grupo Combinación Calipsos de El Callao.

Desterrados por la violencia

Algunos promotores culturales han decidido no volver a su tierra hasta que la situación mejore. “La cultura que está existente en El Callao, es la cultura de la delincuencia, del plomo”, señala con pesar Lucas Duvigneau, cofundador de la Fundación calipsera Carlos Small y Cecilio Lazar.

Duvigneau, quien reside en Puerto Ordaz y ha trabajado por 29 años en la empresa briquetera Venprecar, relata que solía viajar cada 15 días al pueblo minero y actualmente tiene dos años sin visitar El Callao por la delincuencia y el temor de que sus hijos sufran algún daño proveniente de los conflictos entre bandas armadas. “Yo tengo familia y no puedo exponerlos a eso”, expresa.

Para este referente del género musical tocar en una comparsa es motivo de orgullo, pero desde hace dos años no se siente cómodo disfrutando sus festividades, lo embarga la indignación por la violencia que se apoderó de El Callao. Considera que la cultura cae en un segundo plano cuando las personas están siendo asesinadas y en su pueblo no se invierte en servicios básicos y seguridad. “Yo no me preocupo por el carnaval, mi preocupación es el futuro inmediato de mi pueblo”, relata.

Condena que las autoridades regionales hayan dejado de garantizar la seguridad de las personas que se hallan en un estado de indefensión ante los grupos delictivos al frente de las zonas mineras. “Me están quitando parte de mí”, expresa con pesar.

Juan Manuel Carvajal, periodista especialista en cultura del estado Bolívar  asegura que “El callaoense está luchando contra esa imagen de inseguridad, de carencias que le dificulta a los turistas acercarse a las fiestas”.

Considera que cultores evitan hablar de estos sucesos para no alejar más a futuros visitantes y evitar que las bandas organizadas terminen atacando a su familia.

Además de la violencia, Carvajal piensa que también se perjudicó a la cultura callaoense con los problemas económicos, la escasez de efectivo, la deficiencia de los servicios básicos y los inconvenientes de traslado que han significado una reducción de turistas de otros estados hacia la población minera.

Según el periodista para promover los carnavales de El Callao se debe aplicar políticas de seguridad, mejorar los servicios básicos, controlar las enfermedades y la contaminación ambiental por el uso de mercurio en la explotación de oro e invertir en infraestructura para que las personas del sector cultural puedan trabajar con tranquilidad.

 La cuna de las madamas en Venezuela es hoy el municipio más violento de Venezuela con 620 homicidios por 100.000 habitantes según datos del Observatorio Venezolano de Violencia 

La subsistencia deprime la cultura

“La gente anda buscando manera de cómo sobrevivir”, relató una fuente anónima a Correo del Caroní. De su agrupación se han marchado alrededor de 7 integrantes por motivos relacionados a la delincuencia y los problemas económicos.

Explica que antes podía darle algún pago como incentivo para que continuaran en su organización, pero con el detrimento económico, los recursos con lo que dispone actualmente no le permiten continuar cubriendo todos los gastos. Añade que los jóvenes músicos ahora usan sus manos para trabajar en minas ilegales, en tiendas de venta de oro o fuera del país.

El Callao cuenta con al menos 120 organizaciones musicales, pero debido a la falta de ayuda, en los carnavales de 2020 salieron no más de unos cinco grupos de calipso que, además, deben endeudarse con empresas privadas para mantener sus tradiciones. Los gastos entre sonido y trajes típicos superaron para ese momento los 3 mil dólares por grupo.

McDonald González, representante de la Fundación Carlos Small, asevera que en la población de El Callao “ya no se puede hacer cultura”. Explica que instrumentos como el cuatro cuestan alrededor de  200 dólares y el bumbac en 100 dólares, una inversión imposible para los jóvenes que prefieren gastar el poco dinero que tienen en alimentos. “No se puede, si yo tengo 40 dólares, lo voy a gastar en comida, no en unas cuerdas pa’ un cuatro o un repuesto pa’ una guitarra”, manifiesta.

Tierra de grupos irregulares

    
La actividad minera ilegal, dominada por grupos armados, disparó la criminalidad en los municipios El Callao y Roscio

Ángel Álvarez, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, condenó el homicidio del cultor Carlos Clark  y destacó que el Parlamento llevará la denuncia de esos hechos ante instancias internacionales. El Gobierno Nacional nunca se pronunció sobre el asesinato del fundador de La Nueva Onda.

En 2018, el estado Bolívar tuvo la tercera tasa más alta de “muertes violentas” en el país. Fueron asesinados 107 personas de cada 100.000 habitantes. El Callao fue el municipio más violento de Venezuela, con 620 homicidios cada 100.000 habitantes. El segundo fue el municipio Roscio, Guasipati, con una tasa de 458 muertes por 100 mil personas, según datos de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia.

“Ambos municipios con una criminalidad vinculada a la actividad minera legal e ilegal, a los grupos armados y a la presencia de los llamados sindicatos, a los que se suma la actuación letal y violenta de los operativos policiales o militares en la zona”, señaló textualmente la ONG.

Desde 2016 la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) registró 18 masacres siendo la primera a pocos días del anuncio de la creación del Arco Minero del Orinoco: la masacre de Tumeremo. En Venezuela, la minería es promovida por el gobierno de Nicolás Maduro que encontró en el oro una nueva fuente de ingresos que ha desplazado al petróleo.

En El Callao cultores y pobladores viven con temor en medio de las disputas por el oro, el cobro de vacunas y la imposición de grupos armados quienes establecen su propia ley sobre la población por encima de autoridades regionales y de funcionarios de seguridad del Estado.

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