Durante los tres primeros meses de 2021 ocurrieron al menos 16 ejecuciones extrajudiciales en Ciudad Guayana, de acuerdo con el informe trimestral de la Fundación por la Dignidad Sagrada de la Persona, difundido este martes.
Estos crímenes fueron perpetrados por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), en distintos barrios de San Félix. El informe señala que Brisas del Paraíso, Brisas del Sur y San José, son los sectores con más operativos de fuerzas de seguridad y supuestos enfrentamientos.
“Cada día, en los distintos barrios de San Félix, el Cicpc y las FAES asesinan a personas, allanan hogares sin ningún tipo de orden, encarcelan de una a dos personas por familia y le imputan cargos falsos”, denunció la Fundación.
A pesar del confinamiento, colectivos armados en el país tomaron a la fuerza terrenos y locales privados para vivir, bajo la mirada del gobierno, manifiestan. “Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las bandas organizadas del país mensualmente dejan más de 20 víctimas por enfrentamiento, en su mayoría personas inocentes a las que no se les hace ningún tipo de investigación, quedando los casos impunes”, señala el informe.
“Los cuerpos de seguridad del Estado siguen entrando cada semana a los barrios para sembrar el terror en las familias, llevándose cada vez que entran de tres a cinco personas sin ningún tipo de orden e imputándoles cargos. En el peor de los casos asesinan a adolescentes y las FAES ha entrado en tres ocasiones disparando abiertamente a la casa de los vecinos, dejando un saldo de tres personas de la tercera edad fallecidas y sin ningún tipo de problemas dentro de la comunidad”, agrega el documento.
Aumento de crímenes
La fundación también mencionó los reportes de medios de comunicación sobre el aumento del delito de trata de persona en el país, donde los barrios sirven de tránsito para estas mafias. A este flagelo se suman las violaciones sexuales a las que son sometidas mujeres privadas de libertad.
“La penetración criminal en tantas instituciones y el hecho de que estas constituyan los órganos principales del Estado en la lucha contra el crimen organizado, significa que Venezuela no puede ni siquiera detener el crimen organizado, mucho menos combatirlo con eficacia. Con tantos actores estatales con intereses en la actividad criminal, bien sea que se trate del contrabando de combustible, la venta de alimentos y medicinas en el mercado negro, o el tráfico de cocaína, solamente este factor es suficiente para considerar a Venezuela como un Estado mafioso”, concluyó el informe.
En ese sentido, exigen la investigación imparcial de casos de ejecuciones extrajudiciales, para una aplicación real de la justicia y resarcir a las personas a las que se les hayan vulnerado sus derechos; así como establecer políticas de seguridad ciudadana eficientes y no violatorias de los derechos humanos.
La Fundación por la Dignidad Sagrada de la Persona lleva más de 13 años denunciando la violación a los DD HH en Ciudad Guayana y en Venezuela, en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familiares.
