domingo, 28 de noviembre de 2021

“Con el trabajo en la mina es que comemos”

Familiares de mineros aseguran que el asesinato de siete trabajadores en una zona minera de Tumeremo, en el municipio Sifontes, el 14 de octubre, fue una emboscada de parte de irregulares colombianos. “No fue enfrentamiento, son los guerrilleros que están matando a los mineros”, dijo un pariente, de las decenas que protestaron durante tres días para exigir la búsqueda.

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Hace un mes y tres semanas Yilmar Castillo, una joven de 19 años, y su esposo, Abel Chigüita, de 23 años, entraron por primera vez a la mina Corregente, un yacimiento aurífero ubicado a unas cuatro horas de Tumeremo, en el municipio Sifontes del estado Bolívar. A la mina solo se llega en moto o en rústicos, pues la vía es de tierra y el acceso es por una pica de difícil acceso.

     

Saab promete llegar hasta las últimas consecuencias

El fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, confirmó este jueves que instruyó al fiscal superior del estado Bolívar llegar hasta las últimas consecuencias en el caso del asesinato de siete personas en la zona minera de Los Candados, cerca de la localidad de Tumeremo.

Informó que fueron designados para las investigaciones los fiscales 2° y 5° de Delitos Comunes, junto a la fiscal auxiliar de la Fiscalía Segunda de Derechos Humanos. “Tres fiscales nuestros involucrados en el esclarecimiento de este hecho. No lo vamos a dejar impune como no lo hicimos con la masacre de Tumeremo en 2016”, expresó.

La joven vino de Guarataro, en el oeste de Bolívar, a probar suerte en las localidades mineras del sur. Con ella, su mamá, Zuly Zurita, entre otros familiares, vieron en el oro una opción para subsistir y la posibilidad de lograr recursos para construir una casa, en medio de una grave crisis económica que ha deteriorado el poder adquisitivo del venezolano y ha obligado al Gobierno a aliarse con la pequeña minería para hacerse de la piedra preciosa y con ello cubrir carencias en las arcas nacionales.

“Primera vez que entraban a las minas a trabajar, los entusiasmaron de que era seguro. Lo que queríamos era juntar unos realitos para hacer una barraquita”, contó Zurita entre lágrimas en la protesta que hasta la noche del miércoles mantuvieron familiares en La Caratica.

Quienes durante tres días manifestaron en el sector La Caratica eran familiares de los mineros que habían entrado a Corregente, que pedían al Ejército entrar al yacimiento y traer noticias del estado de sus parientes, tras conocerse el asesinato de siete personas el domingo 14 de octubre en la vía de Los Candados, una ruta llamada así por portones cerrados con candados que los mineros deben recorrer para entrar a las minas de Bochinche, Cayena, Purgatorio, Telmo, Telmito, Bochinchito, entre otras, en la frontera con el Esequibo y en plena Reserva Forestal Imataca.

De las siete víctimas, cinco hombres y dos mujeres, habían sido identificados -hasta el miércoles- Adela Suriman, Abigail Colmenares, Edison Daniel Contreras y Jean Carlos González.

La misma calle de La Caratica en la que los dolientes reclamaron es la que decenas de motos recorren a diario para llegar tanto a Corregente como a la vía de Los Candados, una ruta con escaso asfalto y muchos huecos. A la izquierda, está el embalse San Pedro que surte de agua a Tumeremo y kilómetros adentro el Batallón 512 de Infantería de Selva G/D Tomás de Heres, Fuerte Tarabay.

 

 
Nassif Suliman acude al Fuerte Tarabay a buscar el cuerpo de su hija Adela Suliman | Fotos María Ramírez Cabello
 

 

Siguiendo esa ruta, coincidieron decenas de familiares consultados por Correo del Caroní, se llega a una intersección en Y. A la derecha, conduce a Corregente y, a la izquierda, a más de cinco minas por la vía de Los Candados. Esta sería la gran zona que se disputan miembros de la banda de Josué Zurita, alias el Coporo e irregulares, que habitantes de la localidad identifican como guerrilleros colombianos, por su acento al hablar y la vestimenta camuflada que utilizan.

El diputado a la Asamblea Nacional Américo De Grazia les ha puesto nombre. Ha señalado que estos grupos armados están vinculados a la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que operan bajo el aval de las fuerzas militares nacionales que poco hacen para preservar la reserva forestal de la devastación causada por la minería y frenar la acción de los irregulares.

“A todo minero que sale de las minas los emboscan, los matan, los torturan. Esos guerrilleros que se vayan a su país (…) Estamos defendiendo nuestro territorio porque eso es de nosotros”, expresó Yulianny Solis, familiar de varios mineros que trabajaban en Corregente.

Siete cuerpos en la vía de Los Candados

Nassif Suliman participó en la comisión de búsqueda por tierra y aire que el Ejército emprendió el martes 16 de octubre, luego de que iniciaran las protestas el día anterior y las denuncias de una nueva masacre en las cercanías de Tumeremo. Habían pasado varias horas sin hallazgos. En el camino por la vía de Los Candados vio una mancha de sangre en pleno trayecto. Los cuerpos estaban 500 metros al margen de la carretera debajo de un árbol, entre esos, el de su hija Adela Suliman, de 22 años.

“Todos los cuerpos tenían disparos”, dijo. “A mi hija la mataron ayer (martes) en la mañana los guerrilleros”, agregó.

Quienes manifestaban en La Caratica coincidieron en que Suliman tenía una relación con Adrián Romeron Ara, apodado Talao, el segundo al mando de la banda de el Coporo. Presumen que la mujer, madre de dos hijos de 8 años y 1 año, se trasladaba a la mina a visitarlo cuando fueron emboscados por los irregulares.

Los cabecillas de la banda local –el Coporo y Talao– figuran en la cartelera principal de la Subdelegación Tumeremo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) como dos de los delincuentes más buscados de la zona.

Parientes aseguran que algunos de los asesinados, como Contreras y González, eran motorizados que prestaban servicios de traslado en la zona. “Son inocentes que van a trabajar para vivir”, expresó Solis.

De la zona minera, familiares reportaron la llegada a cuentagotas a Tumeremo de una decena de mineros heridos que contaron la arremetida de los irregulares. Sin embargo, en el Hospital Dr. José Gregorio Hernández la historia de ingresos médicos tiene cuatro registros de heridos de bala, provenientes de las minas cercanas al lugar de la matanza. “Al vecino que fue a llevar mercancía a mi hija en Corregente lo amarraron cuando venía saliendo, le quitaron la moto y caminó día y noche hasta llegar el lunes en la mañana”, relató Zurita.

Eso alimentó la sospecha de los familiares en protesta: los mineros no salían de Corregente, por miedo de ser emboscados en la vía de regreso a Tumeremo, presumían.

El Coporo versus guerrilla

Pobladores de Tumeremo presumen que la confrontación armada, que familiares califican como una emboscada de grupos guerrilleros, está vinculada a la muerte de cinco colombianos este año en la zona de Bochinche. El 31 de agosto, la Cancillería de Colombia confirmó a través de un comunicado que solicitó información a las autoridades venezolanas sobre la presunta muerte de cinco colombianos en Tumeremo en una mina de oro.

El hecho, registraron medios colombianos, ocurrió el 26 de agosto en una mina, por lo que la Dirección de Asuntos Migratorios y Consulares adelantaba “las gestiones correspondientes para esclarecer los hechos del deceso y lograr la identificación plena de los fallecidos. Luego de esta identificación se podrá confirmar la nacionalidad de los mismos”.

“Lo que pasó el domingo fue una respuesta de la guerrilla a eso”, contó un familiar.

– ¿Por qué dicen que son guerrilleros colombianos?

     
“Uno va a las minas a buscar el pan de cada día”, expresó Arelis Graterol

– Por como andan vestidos. Son colombianos y no son ni tres ni cinco. Andan en toda esa zona.

Un informe de la Asamblea Nacional de diciembre de 2017 señala que en las zonas del Arco Minero del Orinoco se observa la constitución de formas criminales, que han impuesto su modo de vida y su autoridad; y que se suman a las consecuencias ambientales que supone la proliferación de la minería descontrolada y la invasión del territorio.

“La Fuerza Armada no está cumpliendo con su deber de defender la soberanía, ni ejerce sus funciones de protección y guardería ambiental, ya que tolera presencia en territorio nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos paramilitares procedente de otros países, incluyendo organizaciones mineras ilegales”, advierte el documento.

Los grupos paramilitares controlan las minas de Hoja de Lata, San Martín y Nuevo Callao, según habitantes del municipio Sifontes.

Pero las denuncias no han generado respuestas de parte del Gobierno ni de confirmación ni de negación de la presencia de irregulares en territorio venezolano. En mayo de 2018, consultado sobre el auge de la violencia en el sur de Bolívar y la presunta incursión de grupos del ELN, el presidente Nicolás Maduro sostuvo que la Fuerza Armada no cesa en su acción permanente en todas las zonas mineras.

“Cuando arrancamos la explotación con el plan minero especial el nivel de caos era aún mayor. Vamos a continuar en la fase de regularización de la actividad artesanal porque donde hay oro hay atracción del delito”, dijo, al señalar que el comandante de la REDI Guayana, Jesús Mantilla, le hizo requerimientos especiales, que no detalló.

“La decisión es combatir las mafias y lo vamos a hacer con mayor fuerza y aspiro que podamos regularizar el proceso en las minas del sur y podamos tener un clima de tranquilidad, acabando con las mafias que nos vienen de Colombia y otros lugares”, expresó.

El regreso a las minas

La necesidad económica supera todo temor al adentrarse a las minas. “Con el trabajo en la mina es que comemos y si la mina no te da, tienes que quedarte. ¿A dónde voy a irme? ¿A la ciudad a morirme de hambre?”, expresó José Vera, un hombre que en llantos relató cómo su hermano con una operación por cáncer de estómago hace apenas tres meses viajó a la mina por necesidad.

“¿Qué otra empresa o sustento de trabajo hay acá? La única opción que tenemos es trabajar la mina”, coincidió otra mujer, que esperaba el retorno de sus sobrinas del yacimiento aurífero Corregente, en el que estiman hay cientos de trabajadores artesanales en barrancos bajo la tierra.

“Todos tenemos toda la vida trabajando en la mina y así seguirá siendo”, agregó Vera, desde uno de los puntos de mayor expansión minera ilegal al sur del país, al que volverá cuando se calmen las aguas.

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