domingo, 20 de junio de 2021 | 12:56 PM

Caroní fue el municipio de Bolívar con más ejecuciones extrajudiciales en el tercer trimestre del año

En Caroní ocurrieron 48% de las muertes potencialmente ilícitas monitoreadas por Codehciu en el estado Bolívar en el tercer trimestre de 2020, todas marcadas por la impunidad y la opacidad de las instituciones del Estado.

@mlclisanchez 

29 de 60 presuntas ejecuciones extrajudiciales en el tercer trimestre de 2020 ocurrieron en el municipio Caroní, el más poblado del estado Bolívar, de acuerdo con el monitoreo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu). A Caroní le siguen Angostura del Orinoco (18), El Callao (8), Sifontes (3) y Piar (2).

Agosto se posicionó como el mes en el que hubo más muertes violentas a manos de efectivos de seguridad del Estado, pues la organización documentó 31 víctimas.

Caroní continúa siendo el municipio que registra mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales, entre enero y agosto: 91 personas fueron asesinadas por cuerpos de seguridad del Estado en este territorio.

20% de las muertes en el tercer trimestre de 2020 ocurrieron bajo la custodia o la detención del Estado. Siete personas detenidas fueron asesinadas en el centro de coordinación policial de Guaiparo en el municipio Caroní. Tres ciudadanos murieron en el centro penitenciario Oriente (cárcel El Dorado), una persona fue asesinada en el centro penitenciario de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar, y otra murió en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Upata, en el municipio Piar. 

  
Al menos 10 cuerpos de seguridad del Estado -tanto militares como policiales- están involucrados en las muertes documentadas por la organización | Fotos William Urdaneta

Al menos 10 cuerpos de seguridad del Estado -tanto militares como policiales- están involucrados en las muertes documentadas por la organización. 75% de las víctimas murieron a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Cicpc, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la División de Inteligencia y Estrategias de la Policía del estado Bolívar (Diepeb).

De acuerdo con el derecho internacional humanitario, las ejecuciones extrajudiciales o muertes ilícitas son homicidios cometidos deliberadamente por un servidor público, valiéndose de su investidura para justificar el crimen.  Las ejecuciones extrajudiciales son graves violaciones a los derechos humanos y el Estado tiene la obligación de investigar de forma imparcial los casos, prevenir, sancionar y reparar a las víctimas involucradas.

La mayoría de las personas contabilizadas por Codehciu fueron asesinadas en operativos de seguridad de cuerpos del Estado. En el primer semestre de 2020, la organización contabilizó 127 ejecuciones extrajudiciales en las que impera la impunidad y falta de transparencia de las instituciones públicas para esclarecer los hechos, toda vez que familiares exigen no solo justicia, sino que se redima el nombre de los ciudadanos presuntamente ejecutados.

Familiares de Moisés Heredia y José Miguel Heredia, ambos de 23 años, llevan dos años clamando por justicia. Moisés fue ejecutado por funcionarios del Cicpc y José Miguel fue asesinado por efectivos de la Sipeb.

A menudo, dolientes de las víctimas denuncian que los órganos de seguridad roban la propiedad de quienes asesinaron a mansalva y manipulan las evidencias, como relatan los familiares de José Enrique González, de 23 años, y Johandris Blanco, de 24 años, ambos ejecutados el 7 de septiembre por las FAES en Barrancas del Orinoco, estado Monagas. Esto también lo ha denunciado la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

En la sesión 45 del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet denunció que en Venezuela ha habido más de dos mil crímenes en operativos de las FAES en barrios pobres de Venezuela.

El informe más reciente de la ONU pide al Estado venezolano rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad y pidió específicamente la desarticulación de las FAES. Las entrevistas hechas por la misión de determinación de hechos a funcionarios del Estado revelan que es una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular enfrentamientos, y que los superiores autorizan a los funcionarios para matar.

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