viernes, 7 de mayo de 2021 | 9:04 AM

53% de las ejecuciones extrajudiciales contabilizadas por Codehciu en Bolívar ocurrieron en Caroní

Durante el primer trimestre de 2021, hubo al menos 17 víctimas de violencia armada. 15 personas fueron ejecutadas por funcionarios policiales y militares. | Foto archivo

Durante el primer trimestre de 2021, hubo al menos 17 víctimas de violencia armada. 15 personas fueron ejecutadas por funcionarios policiales y militares. | Foto archivo

@mlclisanchez 

Durante el primer trimestre de 2021, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) registró 15 víctimas de muertes potencialmente ilícitas o ejecuciones extrajudiciales en el estado Bolívar. Caroní continúa siendo la entidad en la que ocurren más ejecuciones extrajudiciales. La letalidad militar y policial continúa y el Estado no se hace responsable.

En Caroní se concentró el 53% de las muertes potencialmente ilícitas del primer trimestre. Seguido de Angostura del Orinoco (3), El Callao (2) y Roscio (1).

El patrón actual representa una disminución de 63% de los casos en comparación con las 47 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que la organización contabilizó para el primer trimestre del año pasado.

 

Los Estados tienen la obligación internacional de garantizar la vida como derecho, que constituye un pilar para el desarrollo de la dignidad humana”, pero en el estado Bolívar, las arbitrariedades de las fuerzas de seguridad estatales continúan protagonizando titulares en medios de comunicación regionales”.

Este año, Codehciu también contabilizó la muerte de dos personas a manos de grupos armados irregulares en el Caura, municipio Sucre, producto de la violencia minera: la maestra del Grupo Escolar Maripa, María Hernández y su esposo. El hecho fue reseñado por la organización Kapé Kapé. De acuerdo con la oenegé, los esposos habían sido amenazados por grupos armados para que desalojaran el yacimiento minero en el que trabajaban.

“Esto suma 17 víctimas de violencia armada y de la omisión del Estado ante su deber de proteger la vida de los bolivarenses”, reseñó Codehciu.

Enero se posicionó como el mes con más casos de muertes potencialmente ilícitas, pues en este período se registró el 35% de los casos, seguido por febrero, en el que ocurrieron cinco presuntas ejecuciones extrajudiciales.

La Fundación por la Dignidad Sagrada de la Persona, que también monitorea ejecuciones extrajudiciales, denunció a finales de marzo que las barriadas de San Félix como Brisas del Sur, Brisas del Paraíso y San José, son los sectores donde más personas son ejecutadas en medio de presuntos operativos de seguridad o presuntos enfrentamientos.

“Los cuerpos de seguridad del Estado siguen entrando cada semana a los barrios para sembrar el terror en las familias, llevándose cada vez que entran de tres a cinco personas sin ningún tipo de orden e imputándoles cargos. En el peor de los casos asesinan a adolescentes y las FAES ha entrado en tres ocasiones disparando abiertamente a la casa de los vecinos, dejando un saldo de tres personas de la tercera edad fallecidas y sin ningún tipo de problemas dentro de la comunidad”, reseñó en su informe.

Sipeb arremete contra la sociedad civil 

Según Codehciu, siete personas fueron asesinadas a mansalva por cuerpos policiales estatales entre enero y marzo de 2021 y el Servicio de Investigación Penal del estado Bolívar (Sipeb) superó en letalidad al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) durante el trimestre: cinco personas murieron a manos de efectivos de este cuerpo policial del Estado. Dos personas más fueron asesinadas por funcionarios de la Policía del estado Bolívar (PEB).

41% de las personas murieron a manos de efectivos policiales y militares nacionales. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) mataron a mano armada a dos personas y otras dos fueron asesinadas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Además, efectivos de las Fuerzas Armadas Especiales (FAES) -uno de los grupos armados más peligrosos del régimen- asesinaron a dos personas en este período, y una fue ejecutada por funcionarios del Cicpc.

Familiares de dos de los ajusticiados acudieron a la prensa para desmentir la versión oficial de lo sucedido: que los hombres murieron en un enfrentamiento con los efectivos policiales. Aseguraron que en realidad se trató de ejecuciones, pues las víctimas no iban armadas. El patrón se mantiene.

Urge que el Estado venezolano desarrolle políticas de formación a los cuerpos militares y policiales con enfoque en derechos humanos

Las omisiones del Estado también cuentan como ejecuciones extrajudiciales o muertes potencialmente ilícitas de acuerdo con el protocolo internacional de Minnesota. Codehciu contabilizó la muerte de un hombre privado de libertad que estaba bajo custodia del Estado en el Centro de Coordinación Policial de Guaiparo.

Iván Guzmán, de 46 años, padecía de tuberculosis. Falleció el 7 de febrero esperando que el sistema de justicia le otorgara medidas humanitarias. Según reseñaron Codehciu y la oenegé Una Ventana a la libertad.

Codehciu exhortó a los cuerpos policiales y militares del Estado a investigar con la debida diligencia los casos, de manera que puedan ubicar y castigar a los responsables de las muertes potencialmente ilícitas.

Urge que el Estado venezolano desarrolle políticas de formación a los cuerpos militares y policiales con enfoque en derechos humanos. El accionar de los cuerpos de seguridad nunca debe estar por encima de la dignidad humana.

Durante 2020, la organización contabilizó un total de 208 muertes potencialmente ilícitas en el estado Bolívar. Tres municipios concentraron la mayor cantidad de muertes como producto de la violencia estatal: Angostura del Orinoco, Sifontes y Caroní. Solo en Caroní se concentró 50% de las ejecuciones extrajudiciales para entonces.

De acuerdo con ese monitoreo anual, el órgano estatal que más asesinó civiles durante 2020 en el estado Bolívar fue el Cicpc. Los funcionarios de la Policía científica mataron a 61 personas. Las FAES asesinaron a 33 civiles, la PEB mató a 14 personas y militares de la GNB ejecutó a 17.

Cabe destacar que el balance obedece a un monitoreo que la organización hace a los medios de comunicación regionales, por lo que los datos deben procesarse tomando en cuenta que hay un subregistro del patrón de muertes potencialmente ilícitas.

Por ejemplo, al establecer que un municipio encabeza la lista como la entidad en la que más ocurren ejecuciones extrajudiciales se deben tomar en cuenta dos criterios: densidad poblacional, y el alcance de los medios de comunicación para reseñar los acontecimientos en determinado territorio en comparación con otro, así como otros factores sociales y políticos que pudiesen invisibilizar otros casos.

¿Qué es una muerte potencialmente ilícita? 

Con base en el protocolo de Minnesota, Codehciu explica en el informe que las muertes potencialmente ilícitas o ejecuciones extrajudiciales son aquellas que:

 

  • Fueron causadas por acción u omisión del Estado (es decir, cualquier funcionario u organización pública). Esto incluye no solo muertes perpetradas por cuerpos policiales y militares, sino también por paramilitares, milicias o cualquiera que actúe bajo la dirección del estado o con su consentimiento. Pues el Estado tiene la obligación de respetar la vida humana.
  • Fueron causadas mientras la víctima estaba bajo la custodia del Estado o privada de libertad.
  • Fueron causadas por el incumplimiento del Estado en su obligación de proteger la vida humana. O sea, toda situación donde el estado no actúe con diligencia para proteger a la persona.

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