viernes, 21 de enero de 2022

25 años de uso deliberado de la fuerza letal de los cuerpos de seguridad en Venezuela

Provea considera las ejecuciones extrajudiciales cometidas en las últimas décadas que pudiesen constituir crímenes de asesinato de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma en lo referente a los crímenes de lesa humanidad.  

Provea considera las ejecuciones extrajudiciales cometidas en las últimas décadas que pudiesen constituir crímenes de asesinato de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma en lo referente a los crímenes de lesa humanidad.  

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó este miércoles su informe especial 25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela: 1995-2020, una investigación sobre las últimas décadas de letalidad policial y militar en el contexto de operativos de seguridad ciudadana, así como el uso excesivo de la fuerza en contexto de protestas sociales.

“Entre 1996 y 2020 los cuerpos policiales y militares de Venezuela cometieron unas 7.893 ejecuciones extrajudiciales en el país, una cifra que podría tener un subregistro”, indicó Inti Rodríguez, asistente de investigación de Provea y coautor del trabajo, durante presentación del informe. 

La organización denuncia que el uso deliberado de la fuerza letal por parte de militares y policías ha producido la privación arbitraria de la vida a miles de personas en las últimas décadas, en su mayoría jóvenes residenciados en zonas pobres, así como una ascendente letalidad intencional que evidencia un desprecio por la vida de las personas lo cual afirma una política de exterminio.

“El joven de origen popular no tiene derechos en Venezuela, está condenado a morir a manos de los cuerpos policiales”, manifestó Alfredo Infante, coordinador de DD HH del Centro Gumilla, en la presentación del informe.

Además, el informe destaca la ausencia de investigación y sanción a los responsables. Tanto autores materiales como las cadenas de mando favorecen la repetición de los hechos.

“Amparados por la impunidad, los funcionarios del Estado disparan a matar y, con frecuencia, primero detienen sin que exista una situación de flagrancia u orden judicial, en ocasiones se tortura a la persona y después proceden a dar muerte incluso delante de sus familiares, imponiendo así su propia ley, decidiendo en minutos sobre la vida de un detenido. Crímenes realizados con alevosía con la convicción que no serán investigados”, revela parte del informe.

Además, la ONG alerta sobre la progresiva militarización de las labores de seguridad ciudadana que afianza la violencia sistemática contra la población civil y refuerza la narrativa desde las estructuras del Estado de las políticas de mano dura como las más adecuadas para combatir el ascendente problema de la delincuencia y otorga a la Fuerza Armada un papel destacado en las labores y conducción de los operativos de seguridad ciudadana.

Crímenes de lesa humanidad 

Para Provea, en Venezuela la población ha sido sometida a graves violaciones de derechos humanos, al nivel de considerarse se han cometido crímenes de lesa humanidad, al menos desde 2017. En el contexto de ataques generalizados y sistemáticos que se han producido en Venezuela, las ejecuciones extrajudiciales pudiesen constituir crímenes de asesinato de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma en lo referente a los crímenes de lesa humanidad, así lo han considerado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (MDH-ONU).

Para la investigación, la organización analizó las tendencias de la violencia institucional policial y militar en Venezuela en los últimos 25 años, a la luz del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales. Dicho período abarca los últimos años del gobierno del expresidente Rafael Caldera, la totalidad de años de gestión del expresidente Hugo Chávez y los años de gestión de Nicolás Maduro.

En la presentación del informe, el coordinador de investigación de Provea, Marino Alvarado recomendó al Estado diseñar una política en seguridad ciudadana, excluir a militares y fuerzas armadas en seguridad ciudadana, y adelantar investigaciones prontas y genuinas para sancionar cadenas de mando.

Además recordó que Lupa por la Vida, un proyecto de Provea y Centro Gumilla, lanzó al público el mapa de geolocalización de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, una herramienta de visibilización de las prácticas sistemáticas de los cuerpos de seguridad en Venezuela. (Con información de Provea)

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