viernes, 18 de junio de 2021 | 5:02 AM

20 oenegés hacen tuitazo para exigir justicia por el asesinato de dos mujeres en El Callao

El delito expone cómo la violencia que opera con la complicidad del Estado desde la creación del Arco Minero del Orinoco afecta especialmente a las mujeres. | Foto cortesía

El delito expone cómo la violencia que opera con la complicidad del Estado desde la creación del Arco Minero del Orinoco afecta especialmente a las mujeres. | Foto cortesía

Al menos 20 organizaciones no gubernamentales protestaron vía Twitter para exigir al Ministerio Público justicia por el asesinato de Dorialcely Tocuyo, de 30 años, y Martha Liliana Aristizábal, de 37 años.

Con las etiquetas #JusticiaParaDorialcely, #JusticiaParaMartha, #NiUnaMenos y #MujeresContraLasViolencias, miembros de la sociedad civil sumaron sus voces al reclamo por justicia ante el crimen.

La actividad fue coordinada por el grupo colaborativo Mujeres Contra Las Violencias, que agrupa oenegés y activistas independientes para protestar contra la violencia de género.

Asesinadas y torturadas 

Los cadáveres de Dorialcely Tocuyo y Martha Aristizábal fueron hallados por funcionarios policiales detrás de una casa en el sector La Iguana, el 1 de junio en El Callao, estado Bolívar. Ambos cuerpos presentaban múltiples heridas de bala y en el caso de Tocuyo, signos de tortura.

Tocuyo era madre de cuatro niños entre los 8 y 13 años de edad y se dedicaba a la manicura, maquillaje de cejas y al trabajo sexual. Sus familiares exigen que se abra una investigación imparcial sobre el caso, y se investigue al alcalde de El Callao, Alberto Hurtado, por el crimen.

Esto porque durante los disturbios por el caos monetario en el pueblo minero, Tocuyo protestó contra el hambre en El Callao, y acusó al alcalde de corrupción y complicidad con las redes de prostitución que operan en la zona.

El tuitazo lo coordinó el grupo colaborativo Mujeres Contra Las Violencias, que agrupa oenegés y activistas independientes contra la violencia de género | Fotos cortesía

“Ayer dijo (el alcalde) en cadena que iba a arremeter contra una organización de prostitución, ¡si las putas se las coge él, se las vacila él!”, gritó durante una manifestación.

Tocuyo lo confrontó y exigió que de una vez por todas la autoridad municipal destinara los fondos públicos en beneficio de la población, en lugar de malgastarlos en drogas, prostitución y beneficios personales.

Luego de declarar, Tocuyo anunció que si llegaban a matarla la responsabilidad de su muerte sería del alcalde. “Que me maten, que me maten si les da su gana. Menos mal que aquí hay bastantes cámaras, si me matan fue él, porque no le importó lo que le dije”, dijo el día del disturbio.

La organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) también se pronunció para exigir justicia por el asesinato de Dorialcely.

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) exigió justicia para ambas mujeres y una investigación que dé con los responsables del crimen. “Estos dos femicidios revelan lo vulnerables que están las mujeres, niñas y adolescentes en las zonas mineras del sur del estado Bolívar. El Estado debe realizar investigaciones imparciales para dar con los responsables de los hechos”, manifestó la organización vía redes sociales.

Dorialcely Tocuyo no es la única mujer que ha sido asesinada en El Callao luego de denunciar irregularidades y exigir sus derechos. En 2019, la exconcejala de El Callao, Rosalba Mara Valdez, fue asesinada a tiros en su vivienda. Ella había denunciado la presencia de grupos armados en las minas El Perú, Los Caballos y Nacupay.

Meses antes fue sacada a la fuerza de su vivienda y detenida por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

El fiscal general de la República, Tarek William Saab designó al fiscal 5to del Ministerio Público para investigar el caso.

¿Por qué Dorialcely anunció que el alcalde podría matarla? 

Desde al menos 2019, trascendió la posibilidad de que Hurtado tuviese nexos con grupos armados irregulares. En noviembre de 2019 alias el Toto, pran que controla la zona, le dio un ultimátum público en el que no solo exigió su renuncia, sino que reportó que Hurtado recibió oro de la organización delictiva para financiar su candidatura a la Alcaldía de El Callao.

Desde entonces, bajo la mirada cómplice del Estado, Hurtado se mantiene en el poder sin ser investigado, mientras recibe el rechazo del pueblo.

Dorialcely Tocuyo, madre de cuatro niños, fue asesinada días después de protestar por hambre y la corrupción de la primera autoridad de El Callao

Pueblo que, el 24 de mayo -día de los intentos de saqueo por el rechazo al billete de Bs. 50 mil-, salió a las calles a pedir la renuncia de Hurtado. La riqueza mineral del territorio contrasta con la pobreza que sufren los pobladores.

La institucionalización de facto de la minería ilegal trajo consigo un patrón de violencia de la que grupos armados, guerrilla y funcionarios del Estado forman parte. El Callao es el segundo municipio sureño más violento, después de Sifontes, de acuerdo con el monitoreo de Correo del Caroní en alianza con la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) y esa violencia afecta de forma diferenciada a las mujeres, adolescentes y niñas.

Los grupos de poder buscan controlar los yacimientos, lo que ahí se produce y las dinámicas de la población, a través de torturas, mutilaciones, desapariciones forzadas y asesinatos. El Estado ha mostrado desde 2016 su incapacidad, e incluso, tolerancia con este sistema en el que además se consolida y expande la explotación sexual y laboral.

Solo en El Callao más de 3.500 mujeres y niñas son explotadas sexualmente. Muchas se prostituyen por comida y son engañadas sobre las condiciones de trabajo. Quien rompa las reglas aplicadas al margen de la ley es asesinada, torturada, mutilada, desaparecida o en el mejor de los casos, expulsada del pueblo. Así lo determinó la investigación del informe Formas Contemporáneas de Esclavitud Moderna, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello núcleo Guayana (CDH UCAB).

Ante el doble asesinato oenegés, activistas y sociedad civil exigen justicia.

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