jueves, 24 de junio de 2021 | 10:24 AM

13 mineros sepultados por derrumbes en minas ilegales en lo que va de año

El derrumbe más reciente -este sábado 2 de mayo en El Callao- dejó un saldo de ocho muertos, entre estos una mujer de 36 años.

@mlclisanchez

13 mineros han muerto sepultados en derrumbes en minas ilegales durante la extracción aurífera al sur del estado Bolívar en lo que va de 2020. El deslizamiento de tierra más reciente sucedió la mañana de este sábado 2 de mayo en la mina Productores del Sur, en el sector Nacupay de la población tradicionalmente minera de El Callao, municipio en el que se ha registrado la mayor cantidad de derrumbes entre 2019 y 2020.

Según el parte oficial del eje de investigaciones de homicidios de la Región Estratégica de Investigación Penal (Redip Guayana) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), no se recolectó evidencia de interés criminalístico; todos murieron sepultados por asfixia mecánica. Entre los fallecidos se encuentra una mujer de 36 años.

Las víctimas del accidente son Jesús Enrique Tarife (27), Andy Joel Tarife (38), Mirian Josefina Tarife (36), Noel José Caña (41), Andrés David Maza (38), Daniel José Caraballo (26, por determinar su identidad), José Luis Medina (42) y Daniel de Jesús Medina (34).

La actividad minera no se ha detenido durante la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, una enfermedad con capacidad de propagarse en zonas mineras en las que no hay capacidad de respuesta ante la eventual llegada del virus.

El 3 de febrero de este año se registraron dos derrumbes casi simultáneos. El primero, ocurrió en la mina Isidora que es parte de las galerías de CVG Minerven, en El Callao. El organismo Regiones Estratégicas de Evaluación de Daños y Necesidades (Redan Guayana) informó que el incidente dejó un saldo de tres muertos, dos de ellos eran vecinos del sector El Perú.

Autoridades de Minerven manejaron el caso con opacidad. Desde hace meses, el lugar del accidente estuvo custodiado por grupos armados que cobran vacunas, para conseguir material aurífero.

En Arenal, en el municipio Gran Sabana, también ocurrió un derrumbe ese mismo 3 de febrero. En el deslizamiento, cinco personas quedaron sepultadas y se confirmó el deceso de dos.

Más riesgos en El Callao

Al menos 19 personas fallecieron entre enero y septiembre de 2019 a causa de deslizamientos de tierra en zonas de excavación minera al sur del estado Bolívar, 11 de ellas murieron en El Callao. En esta zona se registró la mayor cantidad de derrumbes en comparación con otros municipios mineros, fueron ocho en total.

En Sifontes murieron ocho personas en cuatro derrumbes ocurridos en ese mismo lapso.

La cifra es el resultado del monitoreo de medios presentado por la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) para la investigación Fosas del Silencio: los desaparecidos en la búsqueda de El Dorado.

La actividad minera al sur de Bolívar ha sido promocionada como una fuente de ingresos sustentable alternativa a la extracción petrolera a partir de 2016 con la creación del proyecto inconstitucional Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, primero planteada por el ex presidente Hugo Chávez, y luego llevada a cabo por el régimen de Nicolás Maduro.

Esto se tradujo en la migración interna de personas que, huyendo del hambre, encuentran en la minería una manera de generar ingresos para subsistir en un país con Emergencia Humanitaria Compleja. La actividad supone entrar en una dinámica económica rodeada de violencia y riesgos con la aquiescencia estatal.

Los mineros deben extraer el mineral y pagar vacunas o vender el oro a empresas del Estado, que lo comercializan promoviendo así la espiral de violencia, inseguridad laboral, contrabando, enfermedades y graves daños ambientales que implican la extracción del mineral.

Diferentes organizaciones no gubernamentales han solicitado recientemente el cese de las labores extractivistas en la Amazonía venezolana pues los mineros ilegales son la principal amenaza para la entrada de la COVID-19 a comunidades indígenas de Amazonas. Contrario a esta solicitud, el régimen de Maduro aprobó durante la cuarentena, la extracción de oro y diamante en seis ríos claves para la Amazonía y a lo largo de los cuales conviven al menos nueve etnias indígenas: Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, Yuruarí y Cuyuní.

Este martes 28 de abril, la Asamblea Nacional declaró como oro de sangre a todo material aurífero -y otros minerales- extraído ilegalmente en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Esto incluye la venta, comercialización y circulación en todo el territorio nacional.

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