jueves, 6 de mayo de 2021 | 12:39 AM

Operador turístico denuncia toma de campamento Caura por grupo armado

La expansión minera en el Parque Nacional Caura ha favorecido la entrada de grupos irregulares que afectan la vida de las comunidades indígenas de este territorio.

mramirezcabello@gmail.com

70 hombres armados tomaron las instalaciones del campamento turístico Caura, ubicado en el río homónimo, el pasado viernes, denunció un operador turístico, que pidió mantener su nombre en reserva por seguridad.

“El personal tuvo que colaborar en entregar el campamento, se sintieron un poco asustados pero están bien”, informó el operador. En el campamento, con 25 años de funcionamiento en la importante vía fluvial, había tres trabajadores al momento de la incursión. Testigos han relatado que los sujetos armados colgaron hamacas y permanecen allí, mientras el personal desconoce cuándo se retirarán.

Para llegar a esta zona se deben transitar más de 200 kilómetros desde Ciudad Bolívar hasta Maripa, en el municipio Sucre del estado Bolívar.

Aunque en principio se denunció que quienes entraron al campamento eran miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el vocero aseguró que son disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en proceso de desmovilización desde 2016.

“Ellos no protegen las balsas, las balsas están más abajo de Maripa hacia el Orinoco”, agregó, en torno a las denuncias del diputado a la Asamblea Nacional, Américo De Grazia, quien señaló que el grupo armado protege un par de embarcaciones mineras dispuestas en el río.


Tres trabajadores del campamento Caura tuvieron que ceder las instalaciones a un grupo armado
   

Lugareños han denunciado la presencia de grupos irregulares desde hace varios años. En 2019, participantes de un operativo médico fueron interceptados por hombres armados. Hasta entonces, la presencia de guerrilleros colombianos del ELN y disidentes de las FARC había sido advertida en el sur y oeste de Bolívar y en Amazonas, desde su incursión en 2013, de acuerdo con un informe de 2017 de la organización colombiana Fundación Ideas para la Paz (FIP).

La organización resaltó, entonces, que la motivación de estas disidencias es netamente económica. “Su posicionamiento en los límites del AMO busca acceder y controlar los yacimientos de coltán, oro y diamantes que se encuentran en esta zona”.

En mayo de 2020, la organización Kapé denunció al asedio a los indígenas del Caura por parte de “grupos irregulares y sindicatos” armados que, en ese momento, operaban en la mina de Yuruani, “queriendo apoderarse de las minas de Fijiriña y de La Puerta, para seguir explotando la minería ilegal en el territorio Ye’kwana y Sanema ‘con la visión de obtener el control de las comunidades que están asentadas por el río Caura, perjudicando gravemente la convivencia del pueblo Ye’kwana y Sanema”, afirmó Fabián Rodríguez, líder indígena de la zona El Playón.

A principios de ese mes, grupos armados atacaron a la Guardia Territorial Indígena y aunque la organización Kuyujani pidió un freno a la actividad de los grupos armados en el territorio Ye’kwana y Sanema, no hubo respuesta. “Desde que se suscitó el problema con los grupos armados irregulares que están operando en nuestro territorio, hemos estado viviendo en situación de pánico (…) las mujeres dejaron de tener actividad en los conucos, ellas tienen miedo”, explicaron en una carta citada por Kapé Kapé.

La expansión minera y la violencia ha afectado significativamente la actividad turística, en manos de indígenas y criollos.

La zona está en el corazón del Parque Nacional Caura, decretado por el gobierno de Nicolás Maduro en marzo de 2017, mediante el Decreto 2.767 publicado en la Gaceta Oficial N° 41.118. El parque abarca 7.533.952 hectáreas de los municipios Sucre, Cedeño y Angostura del estado Bolívar y Manapiare del estado Amazonas. Es el más extenso del país.

En 2017, el gobierno consideraba la región del Caura como “un espacio natural altamente conservado”. El objetivo, según la declaratoria de creación, era ampliar la garantía de protección y recuperación de sus características ecológicas, nacientes de importantes cursos de agua, reservorio de biodiversidad, frágiles ecosistemas, presencia de pueblos y comunidades indígenas y ejercicio de la soberanía nacional.

No obstante, el parque nacional colida con el bloque 2 del Arco Minero del Orinoco, lo que genera presiones en un área ya afectada por la minería y, además, en abril de 2020, el Ejecutivo autorizó la extracción de oro y diamantes en seis ríos de la Amazonía: Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, Yuruarí y Cuyuní a través de balsas. En el curso de estos ríos, habitan al menos nueve etnias indígenas que suman más de 40 mil personas.

Violencia en aumento

La organización Wataniba advirtió, a raíz del ataque a la Guardia Territorial Indígena de las comunidades del Caura en mayo, que la situación general de violencia introducida por los grupos armados va en aumento, en paralelo con el incremento de la minería ilegal.

“Estos grupos mantienen a la población de la cuenca bajo amenazas sistemáticas y terror en toda el área. Es decir, hay una situación estructural de violencia ejercida por estos irregulares en contra de las comunidades existentes en los ríos Caura y Ventuari. Si continúa el deterioro de los derechos, se profundizarán las consecuencias negativas impulsadas por las actividades extractivas, que al atentar contra el ambiente impactará aún más los patrones culturales y su vínculo territorial, con el desencadenamiento de graves consecuencias sociales: desplazamientos, violencia endémica, enfermedades foráneas, como puede ocurrir actualmente con el COVID-19”.

De allí que la organización solicitara al Estado venezolano tomar medidas urgentes y efectivas, como:

– Garantizar la integridad física y cultural de los pueblos ye’kwana y sanema, habitantes de la cuenca del Caura y Alto Erebato, ante la actividad minera en la zona y la presencia de grupos armados generadores de violencia.

– Retomar con urgencia el proceso de demarcación de hábitats y tierras indígenas en la cuenca del río Caura.

– Proteger los derechos ambientales previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como dar cumplimiento a las normas en materia de Aéreas Naturales Protegidas, por lo que urge generar el Plan de Ordenamiento y el Reglamento de Uso del Parque Nacional Caura y eliminar toda actividad de naturaleza ilegal que allí estén ocurriendo.

– Implementar medidas efectivas para controlar la minería ilegal en la zona, y desalojar a los grupos mineros.

– Realizar una investigación efectiva e imparcial sobre los hechos ocurridos el 6 de mayo de este año, para determinar responsabilidades en el caso particular de las agresiones que afectaron a los indígenas.

Wataniba alertaba, además, que la movilidad de los mineros no solo genera violencia y muerte, “sino también transmisión de enfermedades que, en el caso del coronavirus, puede representar un verdadero genocidio”.

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