martes, 21 de septiembre de 2021 | 12:28 PM

Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas exige al Estado traslado y atención médica a pemones aún presos en El Rodeo II

Desde su detención en diciembre de 2019, los 13 pemones no recibieron atención médica y fueron trasladados a una cárcel a más de 900 kilómetros de su lugar de origen.

@g8che 

   

Organizaciones religiosas piden establecer responsabilidades e investigación exhaustiva

Laura Clisánchez

La Vicaría de Derechos Humanos junto a 17 organizaciones cristianas y católicas se pronunciaron este miércoles para exigir que los poderes públicos asuman la corresponsabilidad por acción u omisión de la muerte de Salvador Franco, y juzguen a los responsables directos de su muerte.

También exigen que se les garantice a los 12 detenidos por el asalto acceso a asistencia médica oportuna y adecuada, derecho negado desde el momento de su detención arbitraria y marcada por violaciones al debido proceso.

Las organizaciones cristianas fueron claras, resaltaron que el Estado venezolano violó el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que indica que toda persona acusada de delitos tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

En ese sentido, exigen que las autoridades venezolanas aceleren el proceso de juicio de los 12 detenidos bajo el paraguas del debido proceso y el trato digno. Y que, cuanto antes, se les conceda regresar a su comunidad de origen.

Exigieron, además, que se realice una investigación exhaustiva e imparcial que determine quiénes son los verdaderos responsables del asalto al batallón militar del municipio Gran Sabana en diciembre 2019.

El Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes publicó un escrito el 4 de enero que recoge una serie de exigencias y consideraciones tras la muerte del pemón Salvador Franco, quien falleció el domingo en la cárcel El Rodeo II, luego de no recibir atención médica durante más de cuatro meses.

En el documento se exige el traslado de los 12 indígenas restantes a lugares apropiados de acuerdo a su cultura, como lo establece el artículo 141 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci) que señala: “El Estado dispondrá en los establecimientos penales en los estados con población indígena, de espacios especiales de reclusión para los indígenas, así como del personal con conocimientos en materia indígena para su atención”.

En el documento también se resalta que es obligación del Estado la pronta atención médica al resto de pemones detenidos, entablar un diálogo permanente para constatar la condición de los indígenas y valorar la posibilidad de ejecutar una medida de gracia de “comunidad indígena por cárcel”.

Los artículos 3, 9 y 10 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas en sus artículos 34 y 35 establecen el respeto a las tradiciones, costumbres, libertades y sistemas jurídicos de estos indígenas, derechos a los que el Grupo de Trabajo hace referencia y exige al régimen de Nicolás Maduro que los cumpla.

Los pemones acusados de terrorismo, conspiración en forma política, sustracción de armas de fuego y asociación para delinquir, permanecen detenidos sin condiciones de vida óptima desde diciembre de 2019, luego de ser acusados de participar en el asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla en Luepa, municipio Gran Sabana.

Desde el mismo momento de su arresto sufrieron violaciones al debido proceso, retardo procesal y no han recibido atención médica pese a sufrir síntomas de COVID-19, problemas estomacales y haber perdido más de 15 kilos.

Ante esto, el GTAI insta al gobierno a reconocer la jurisdicción especial indígena, rechazar la criminalización de la protesta y a no aplicar leyes antiterroristas contra comunidades indígenas.

La pérdida de la lucha reivindicativa

“Las comunidades indígenas pemón, como la mayoría de las comunidades indígenas del país, resisten desde sus propios espacios y nichos locales”, establecen en el documento.

De acuerdo con el Grupo de Trabajo todo ocurre bajo un contexto de desatención de los líderes de las comunidades ante lo político y minero. Señalan que la Federación Indígena del Estado Bolívar (FIEB) creada a principios de los años 70 fue de las principales organizaciones indígenas del país, pero luego con la aparición de los partidos políticos no es más que un apéndice del gobierno.

Relatan que además, el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón surgido como alternativa y oposición a la FIEB, hoy sucumbe ante la realidad extractivista de minerales que genera un cambio en los medios de vida indígenas y daña la tierra, la fauna, los ríos y afecta a las comunidades

Para el Grupo de Trabajo el quiebre del movimiento indígena se dio luego del “reconocimiento” de los derechos indígenas en la constitución de 1999 que llevó a la cooptación partidista y sustituyó la lucha reivindicativa por el derecho de las comunidades por la partidización. “Hay un desfase entre lo político y lo histórico”, expresan los expertos de la Universidad de Los Andes.

 
Comunicado del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas en el que exponen cinco exigencias al Estado luego de la muerte del pemón Salvador Franco
 

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