La Federación Indígena del estado Bolívar (FIEB) se pronunció este viernes contra el ataque en el que resultó asesinado el pemón Charlie Peñaloza y heridos Carlos Peñaloza Rivas y César Sandoval, como resultado de una incursión armada de organismos del Estado, operación que el ministro Vladimir Padrino López defendió como un operativo contra la minería ilegal.
En el comunicado de la Federación -que otros indígenas deslegitiman por estar vinculada al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y, por ende, asumen como única autoridad el Consejo de Caciques Generales- admiten que el Estado no ha asumido de manera contundente las denuncias sobre la presencia de mafias armadas que controlan la minería ilegal en la zona, por lo que ha permitido que estas irregularidades continúen.
“Hemos venido denunciando que desde hace muchos años atrás somos víctimas de pranes y mafias mineras armadas, que son instalados en nuestras tierras, sometiendo a las autoridades legítimas y asesinando al que se le oponga, exponiendo a los pueblos y comunidades indígenas a una situación de zozobra permanente, a pesar de que hemos denunciado esta terrible situación, poco es lo que se ha hecho”, señalaron en el comunicado.
Exigieron la investigación de estas mafias mineras, al tiempo que rechazaron la contaminación y destrucción de sus hábitats, producto de la explotación minera ilegal, actividad sobre la que aseveran que no forma parte el pueblo pemón en su colectivo, sin negar la existencia de individualidades.
Yaritza Aray, secretaria ejecutiva del partido indígena Conive y tesorera de la FIEB, manifestó que hay una instancia indígena con la que se está entendiendo el Gobierno, a quien solicitan una comisión del alto nivel con Ministerio Público y Poder Judicial, así como Defensoría del Pueblo, para llevar a cabo las diligencias y que conlleven a resultados reales para establecer las sanciones penales que haya lugar.
En el documento, también reconocen que las políticas de Maduro -en los temas que involucra a los pueblos indígenas- no han sido las acertadas.
“Señor presidente, con el respeto que nos caracteriza, queremos invitarlo a revisar las asesorías en materia de políticas públicas indígenas, con el fin de dar respuestas acertadas a los sujetos de derecho: los pueblos indígenas, evitando así situaciones no deseadas, como la acontecida el pasado 8 de diciembre”, sostuvieron.
Aray reiteró que son 16 pueblos indígenas los afectados por la minería ilegal, por cuanto solicitan que la representación legal de cada uno de ellos sostenga una reunión de alto nivel, y sin ningún otro organismo gubernamental, para definir y revisar actuales políticas de Estado, como el Plan Nacional de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, tema sobre el que no dio mayores detalles.
Ni con arcos ni con flechas
La versión de Padrino López sobre un enfrentamiento que dejó dos heridos y un fallecido solo del lado de los atacados, los pemones, fue igualmente refutada por la federación que afirmó que ni el asesinado Charlie Peñaloza, ni los heridos Carlos Peñaloza y César Sandoval, estuviesen armados. “No estaban armados, ni siquiera portaban arcos y flechas”.
La federación -acompañada por familiares de las víctimas de la incursión armada- esquivó fijar una posición contundente en relación a todo lo que hay detrás de esa incursión armada por la que se mantienen detenidos a tres presuntos funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar) y dos trabajadores de Corpoelec que, además, confesaron haber recibido órdenes superiores para guardar en su campamento municiones C4 para tal operación.
Por otra parte, la creación del Arco Minero del Orinoco, así como enfrentamientos por el control del oro y otros minerales, se ha permitido un Estado paralelo que decide quién entra o no, trabaja o no en la zona, sin contar el ecocidio que han permitido.
En la tarde de este viernes trascendió que el gobernador Justo Noguera sostenía una reunión a puerta cerrada con el Consejo de Caciques. El exalcalde de Gran Sabana, Ricardo Delgado, manifestó a través de su cuenta en Twiiter @ThinKarawak, que “cualquier decisión tomada a puertas cerradas con el impostor Justo @JustoNogueraP debe ser rechazado por el resto de las comunidades pemón. Lo que se exige es la condena total de los responsables de los hechos ya conocidos”.
Delgado agregó que “tanto las personas detenidas como las evidencias recabadas en el sitio de los sucesos quedan bajo resguardo de la Jurisdicción Especial Indígena. Por tanto, no existe posibilidad de que otros órganos auxiliares estén buscando maneras de manipularnos (…) ya existe un acto conclusivo donde se responsabiliza al Estado venezolano de la muerte de Charli Peñaloza Riva determinado por la Jurisdicción Especial Indígena”.
Cabe destacar que el comunicado de la federación no menciona ni al dirigente Andrés Velásquez ni al diputado a la Asamblea Nacional Américo De Grazia, de estar vinculados a mafias mineras como acusó Nicolás Maduro.
Levantan tranca en Santa Elena
El asesinato del pemón en Canaima originó no solo las protestas indígenas, además de la suspensión de las elecciones de Gran Sabana solicitadas por el Consejo de Caciques, sino que además fue trancada la vía a la frontera con Brasil.
El alcalde Emilio González informó que tras una reunión se llegó a un acuerdo con la máxima autoridad del pueblo pemón, para levantar la tranca medianamente.
“Funcionará en libre tránsito los vehículos pequeños que hacen vida en el municipio, hacen intercambio de comercio (…) y las gandolas todavìa estarán restringidas, pero medianamente trabajará sobre eso para una solución y no golpearnos entre nosotros mismos”, puntualizó el alcalde.
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