jueves, 22 de abril de 2021 | 7:03 AM

Comunidades indígenas de Gran Sabana exigen reforzar prevención sanitaria y ayuda alimentaria

La alta movilización de gandolas por la troncal 10, desde la frontera Venezuela-Brasil, preocupa a las comunidades, al igual que la imposibilidad de moverse a comprar alimentos tanto por la falta de gasolina como por la cuarentena.

mramirezcabello@gmail.com

En los últimos seis meses, el tráfico de gandolas cargadas de alimentos de Brasil hacia el sur de Venezuela es constante y diario. El cierre de la frontera Venezuela-Brasil no limitó esta movilización y la exposición a este tráfico de las comunidades indígenas que se encuentran en el borde de la troncal 10, la vía internacional que comunica con el gigante amazónico, es una de las principales preocupaciones. “Los gandoleros van y vienen y son los que pueden venir con la enfermedad”, dijo la capitana indígena de la comunidad San Ignacio de Yuruaní, Angelina Velásquez.

Los gandoleros pasan el límite fronterizo, cumplen con una serie de controles sanitarios y prosiguen su paso. En el enorme trayecto, se detienen a comer y descansar en algunas de las comunidades situadas en la vía, en donde algunos indígenas con negocios de artesanías y comida siguen laborando.

“Nosotros prácticamente vivimos en cuarentena porque no estamos en la ciudad, pero nos preocupa el tránsito de los gandoleros, gandolas, la gente que viene de Brasil pasan por las narices nuestras y algunos comerciantes nuestros están atendiendo”, explicó Gabriel Fernández, capitán de la comunidad pemón San Francisco de Yuruaní o Kumarakapay, en lengua indígena.

Este jueves, la comunidad discutía implementar una serie de medidas preventivas para aminorar el riesgo: que los funcionarios policiales apostados en el comando de la troncal 10 informaran a los conductores que no pueden bajarse de sus automóviles y que la compra sea entregada directo en el vehículo. “Nuestra preocupación son los comerciantes que están a la orilla de la carretera”, insistió.

La comunidad recibió 1.200 mascarillas de parte de la Gobernación de Bolívar que fueron distribuidas a los moradores más cercanos a la carretera, dijo, pero no han recibido insumos de limpieza como cloro para desinfectar los espacios comunes.

En la cercana comunidad de San Ignacio de Yuruaní también recibieron 1.000 mascarillas, alcohol y guantes y la capitanía junto a uniformados de la Guardia Nacional han ido casa por casa informando a la comunidad sobre las medidas preventivas que deben tomar.

No se permite el ingreso de personas sin tapabocas y monitorean el ingreso de foráneos, informó la capitana indígena Angelina Velásquez, quien coincidió en que la movilización de transporte de carga pesada les genera temor.

“Mi preocupación es también porque en nuestro ambulatorio, para cualquier situación que se presente sea coronavirus o no, no tenemos ni un frasco de solución fisiológica”, dijo. Los tratamientos para pacientes diabéticos también se agotaron, agregó.

Comunidades indígenas del sur de Bolívar requieren suministro de proteínas en medio de la cuarentena. El aislamiento y la falta de gasolina les impiden movilizarse | Fotos María Ramírez Cabello

 

El conuco salva, pero requieren proteínas

La cuarentena para evitar la propagación de la COVID-19 ha afectado también la posibilidad de los indígenas pemones de movilizarse a comprar alimentos, una diligencia que usualmente realizan en los comercios de Santa Elena de Uairén o Pacaraima, este último el primer poblado brasileño tras pasar la línea limítrofe.

“La preocupación ahorita también es porque la mayoría compra comida en Santa Elena, no tenemos cómo sustentar eso, se está enviando comunicación a las autoridades para que puedan enviar pollo, pescado, carne, proteínas. El CLAP lo enviaron”, informó el capitán de Kumarakapay.

“No tenemos cómo trasladarnos a Santa Elena, ¿cómo uno hace?, no tenemos un supermercado, pero uno no puede salir de la comunidad”, coincidió Velásquez. “Las cajas CLAP llegaron hace tres semanas, y ya nos corresponde nuevamente”, agregó. En la última entrega, informó la capitana, tuvieron que asumir la mitad del costo de las cajas, debido a que las familias no tenían cómo pagar por la paralización de sus actividades de venta de artesanía o turismo por la cuarentena.

“Muchos no tienen cómo pagar, la última vez tuvimos que cubrir casi la mitad de las cajas porque no tenían dinero. Cada día está más difícil la situación”, añadió. Perciben que no ha habido una atención especial y diferenciada para la población indígena, que considere su modo de vida y cosmovisión.

Quienes cuentan con conucos tienen sustento, por ahora, que les permite ayudar a miembros de la comunidad y familiares con distribución de verduras, casabe o bebidas típicas como el kachiri, una bebida fermentada a base de yuca. Actividades como la pesca con barbasco también han aumentado, indicó Velásquez. “En cuatro lagunas han echado barbasco para pescar”, dijo.

Pero la producción de casabe también se ha visto afectada por la falta de gasolina, un insumo esencial para la máquina con la que rallan las yucas. El problema no es nuevo. A finales de enero, Florencia Ayuso movía de un lado a otro el mañoco que secaba -por más de una hora- sobre la cocina a leña en su conuco próximo a San Ignacio de Yuruaní.

A la puerta de la casa, esperaban un cúmulo de yucas, que no sabía si podría rallar por completo, pues el equipo para el rallado mecánico no tenía gasolina desde hace semanas.

La escasez de combustible pone en riesgo no solo la producción para el consumo familiar, sino también el de fábricas artesanales más grandes que abastecen al mercado de Santa Elena de Uairén, en la frontera con Brasil. Desde entonces, el problema se ha acentuado.

Coica pide garantizar acceso a la alimentación

La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), que incluye a Venezuela, Colombia, Surinam, Guyana Francesa, Brasil, Bolivia, Ecuador, Guyana y Perú, solicitó a principios de abril activar la cooperación internacional con “fines solidarios y humanitarios” a través de las estructuras orgánicas propias de pueblos indígenas para dar atención médica oportuna a las comunidades afectadas por la COVID-19 y suplir sus necesidades básicas.

Asimismo, establecer con las organizaciones de los pueblos indígenas y las autoridades de los países amazónicos una “coordinación ágil y efectiva” para mantener a las comunidades libres de contagio y garantizar el acceso a derechos fundamentales como alimentación y salud integral.

En este punto, piden garantizar el acceso a la alimentación, protegiendo la economía de las comunidades productoras y el acceso a fuentes propias mediante prácticas de pesca, cacería y recolección, “vigilando que no resulten contaminadas o afectadas por terceros”, debido a actividades de minería, petróleo, hidroeléctrica y de explotación forestal.

En materia de salud, piden la debida asistencia con el suministro adecuado de insumos para la protección individual, medicamentos sintomáticos, productos de higiene personal y, a la par, garantizar la reposición adecuada.

En las comunidades del sur de Venezuela, en la Amazonía, esta solicitud no ha sido atendida.

Más del autor

Fenómeno de La Niña impulsa humedad atmosférica a niveles máximos en Ciudad Guayana

El investigador en Simulación y BioClimatología, Jorge Paolini, hace mediciones frecuentes y ha verificado que en la última semana la humedad ha registrado un promedio superior al 80%. | Foto cortesía

Sidor produjo menos de 1% de su capacidad instalada en todo el 2020

La producción de acero de la Siderúrgica del Orinoco durante el año pasado es el equivalente a un día y medio de 2007, cuando alcanzó la cúspide con un récord productivo en manos de la ítalo-argentina Techint.  

Régimen de Maduro crea compañía y zona militar de desarrollo forestal en área entre Bolívar y Delta Amacuro

El decreto presidencial, que permite a la FANB retomar el control de esta zona, establece la simplificación de trámites y permisos para actividades, entre las que mencionan a la minería.

Bachelet pide investigación “rápida e independiente” por muerte del indígena pemón Salvador Franco

El indígena tenía un año detenido por el asalto al fuerte militar de Luepa en diciembre de 2019. Desde hace meses y con más intensidad en las últimas semanas, sus familiares y abogados reclamaban que se cumpliera la orden de traslado para recibir atención médica.

¡Síguenos!

Notas relacionadas

Más de 100 vacunas anti COVID-19 estuvieron en riesgo de perderse por apagón en Hospital Dr. Héctor Nouel Joubert de Bolívar

La falla que dejó tres horas sin luz al centro asistencial ocurrió el mismo día en que el gobernador Justo Noguera aseguró que las plantas eléctricas de los hospitales estaban equipadas y operativas. | Foto Camilo Torres

Familiares reportan la desaparición de ingeniero eléctrico al sur de Bolívar

Natanael José Caraballo Goy, de 44 años, se comunicó con su familia por última vez en su cumpleaños; el 15 de noviembre de 2020. Desde entonces, cuando no suena apagado, su teléfono lo contesta una persona desconocida. | Foto William Urdaneta

Américo De Grazia lanza su candidatura a la Gobernación de Bolívar en medio de incertidumbre de la ruta electoral

El partido La Causa R enfatiza que la decisión del diputado es “personal” indicando que la “crisis de Venezuela no se resuelve con elecciones regionales” sin condiciones “adecuadas y consensuadas”. | Foto archivo

Desde hace un año familiares buscan a José Rafael Romero en las minas del sur de Bolívar

Durante 2020 al menos 12 personas desaparecieron en los territorios mineros. Son víctimas de la violencia que impera en el Arco Minero o pierden contacto con sus familias por la falta de telecomunicaciones. | Foto Reuters

Indígenas del Caura exigen a Minsalud investigar brote de 100 casos sospechosos de sarampión

Los casos están en tres comunidades del Alto Caura y fueron detectados por los médicos de la zona. La autoridad sanitaria desestimó que se trate de sarampión. | Foto William Urdaneta

Familiares denuncian negligencia en investigación del femicidio de Milanyela Carvajal y exigen justicia

Señalan a funcionarios del Cicpc por incumplir con el debido proceso. La víctima era comerciante informal en la población minera de El Dorado desde hace tres años y tenía un hijo de cinco años. | Foto cortesía de la familia