jueves, 21 de octubre de 2021

Trabajadores informales del vertedero de Cañaveral denuncian desalojo a la fuerza por cuerpos de seguridad

El vertedero está en proceso de privatización desde hace al menos seis meses y la empresa que obtuvo la concesión controlará el aprovechamiento final de materiales como el plástico y la chatarra. | Foto William Urdaneta

El vertedero está en proceso de privatización desde hace al menos seis meses y la empresa que obtuvo la concesión controlará el aprovechamiento final de materiales como el plástico y la chatarra. | Foto William Urdaneta

@mlclisanchez

Trabajadores informales del vertedero de Cañaveral en Ciudad Guayana denuncian que por orden del Ministerio para el Ecosocialismo (Minec), desde la tarde del pasado lunes efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) los desalojan a la fuerza de los campamentos que ellos han instalado en la zona.

 

Yo no estoy aquí para enriquecerme, estoy aquí para que mis muchachos tengan comida, puedan estudiar y nada les falte. Yo no puedo irme para una mina, porque no puedo dejarlos a ellos solos tres o cuatro meses”

 

“Nos están desalojando de aquí, nos están maltratando. Aquí hay más de 800 personas. Después de que nos pusieron a trabajar como unos burros, como unos esclavos, ahora nos están sacando para dejar solamente a los indígenas”, denunció María Santollo, quien se dedica a la recolección de plástico y metal desde hace más de siete años en el basurero.

Santollo informó que no se les tiene permitido entrar ni salir del vertedero. Además de que desde hace dos meses ya no se les permite recolectar plástico para la venta. “Queremos que nos dejen trabajar, no tenemos dinero, vamos a pasar hambre”, expresó.

Rumbo a la privatización 

El vertedero de Cañaveral que desde que se creó violó la Ley de Manejo Integral de la Basura, entró en proceso de privatización hace al menos seis meses, y con este proceso, una empresa comenzaría a controlar el aprovechamiento final de materiales como el plástico y la chatarra. Esta compañía está encabezada por Mario Yánez, empresario con al menos 15 años de trayectoria en Ciudad Guayana.

Los trabajadores informales indígenas y criollos pedían a la nueva gestión ser incluidos en la privatización del vertedero, y que se les permita trabajar.

“Los vertederos no son un mercado, yo más bien he mandado a desalojar a todo el mundo de ahí. El vertedero se privatiza” | Fotos William Urdaneta

En una breve entrevista concedida a Correo del Caroní, el empresario informó que la orden de desocupación proviene del Minec, Alcaldía y Gobernación de Bolívar. “Son instrucciones directamente de aquí del Minec, Alcaldía y Gobernación. Que los reorientemos para que estén mejor reubicados. Dentro del vertedero nadie puede hacer vida”, dijo.

A mediados de julio, también en entrevista con Correo del Caroní, Yánez manifestó que en un principio los trabajadores informales pasarían a formar parte del nuevo plan de aprovechamiento de residuos, pero luego se tomó la decisión de excluirlos bajo el argumento de dar fin a la delincuencia, y a la compra y venta interna de material estratégico extraído ilegalmente de las empresas básicas.

“En un momento determinado se pensó organizarlos a todos internamente, pero es que hay una condición muy difícil ahí adentro, hay muchos delincuentes huyendo de la justicia. Los vertederos se han convertido en una mafia donde se esconde todo lo que se roban a nivel de empresas básicas y es algo que hemos querido romper”, declaró entonces.

A Yánez se le otorgó una concesión en el vertedero en calidad de comodato por un lapso de 10 años. El empresario dejó claro que de ahora en más su empresa gestionará el aprovechamiento de los residuos junto a los trabajadores internos de la compañía. Con esto también centralizará las ganancias.

“Eso de compra y venta ya se acabó. Yo les caigo con el Cicpc, la Guardia Nacional. Toda esa gente tiene que desalojar y no hacer ningún tipo de vida económica ahí adentro. El aprovechamiento lo hará una empresa privada que está debidamente registrada con los permisos de ambiente y las máquinas en alianza mixta con el Gobierno”, declaró en ese momento.

La reubicación es una interrogante 

Sobre cómo, cuándo y dónde serán reubicados los actuales trabajadores del vertedero todavía no queda claro, ni ha sido explicado por las autoridades involucradas en su privatización.

Durante años Ciudad Guayana ha tenido una nula política de disposición final de desechos sólidos, por lo que el aprovechamiento de los residuos se hizo de forma desordenada o entre particulares con pocas regulaciones, mínimas condiciones de trabajo y a la sombra del contrabando de metal extraído de las empresas básicas.

“Esta una manera de nosotros solventar la situación económica de nuestras familias”, expresó una de las afectadas

Aunque el exgobernador Francisco Rangel Gómez prometió para 2016 un relleno sanitario funcional, la urbe todavía está lejos de adecuar el vertedero a cielo abierto que es la fuente de ingreso y hogar de más de 200 personas, además de la guarida de algunos grupos delincuenciales.

Ahora los trabajadores informales temen quedarse a la deriva ante el desalojo. Con la privatización del vertedero cesó la compraventa de plástico y chatarra por parte de al menos 10 empresas recicladoras que acudían a Cañaveral.

La cadena de producción del vertedero funcionaba de la siguiente manera: los recolectores indígenas y criollos reunían el material (plástico o metal), y los 12 compradores autorizados por la empresa compraban el material a -aproximadamente- 30 dólares la tonelada y tres dólares cada 100 kilogramos pagando con bolívares en efectivo, y luego revendían el material a la empresa en 80 dólares por tonelada.

“Los vertederos no son un mercado, yo más bien he mandado a desalojar a todo el mundo de ahí. El vertedero se privatiza, ¿qué pasa? Que se les dio un chance para que ellos se organizaran y sacaran ese material y yo se los compraba, porque ellos pagaron internamente por ese material”, manifestó Yánez.

¿Dónde quedan nuestras familias? 

“Esta es una manera de nosotros solventar la situación económica de nuestras familias. Él (la empresa de Yánez) retiraba hierro y plástico. Si no hay compradores adentro ellos no trabajan, no podrían recoger el material”, expresó Andrea Romano*, quien se dedica a la recolección de residuos desde hace más de 15 años.

Relata que tiene 10 menores de edad a su cargo, entre los 3 y 14 años de edad y una hija con discapacidad. Su única fuente de ingreso es precisamente lo que gana como compradora en el vertedero, actividad que, asegura, la rescató de la pobreza extrema.

“Yo no estoy aquí para enriquecerme, estoy aquí para que mis muchachos tengan comida, puedan estudiar y nada les falte. Yo no puedo irme para una mina, porque no puedo dejarlos a ellos solos tres o cuatro meses”, afirmó.

 

Los vertederos no son un mercado, yo más bien he mandado a desalojar a todo el mundo de ahí. El vertedero se privatiza, ¿qué pasa? Que se les dio un chance para que ellos se organizaran y sacaran ese material y yo se los compraba, porque ellos pagaron internamente por ese material”
Mario Yánez, empresario con 15 años de trayectoria en Ciudad Guayana

 

“Si ese hombre supiera la necesidad que hay en mi casa, y el poco de niños que me está esperando para que les compre comida…”, agregó.

En el vertedero también habita un aproximado de 238 indígenas warao y jivi, provenientes en su mayoría de los caños del Delta del Orinoco. Sin poder contar con sus medios de vida tradicionales, es el vertedero donde ven esperanza y sustento.

Por ahora, no se sabe qué sucederá con ellos y lo que ahora es su principal fuente de ingresos. Los indígenas presentaron un proyecto de agricultura y piscicultura, y solicitaron apoyo para emprenderlo de tal manera que no necesiten trabajar en el vertedero. Tienen la esperanza de ser escuchados.

Los vertederos de cielo abierto, además de ser contaminantes, perjudican la salud humana. Es por esa razón que la permanencia en el sitio es ilegal, aunque por muchos años fue permitida por las autoridades.

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