martes, 21 de septiembre de 2021 | 3:58 AM

“En Ciudad Guayana somos víctimas de un sistema que tiene como preferencia violar y no proteger”

El Foro Penal en Bolívar y sociedad civil realizaron un pancartazo para pedir la libertad de los presos políticos en Venezuela, a propósito de los 72 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El 10 de diciembre de 1948, la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclama que corresponde a los derechos inalienables de toda persona y que hoy, con más fuerza, viola el régimen en Venezuela.

A propósito de esta fecha, el Foro Penal realizó actividades simultáneas en el país junto con la sociedad civil para exigir una “Navidad sin presos políticos”. Luis Tabata, miembro de esta organización en Bolívar, destacó que el objetivo es solicitar formalmente la libertad de 356 presos a quienes, destacó, se les están vulnerando sus derechos humanos.

Recordó que desde 2014, a cientos de jóvenes en el estado Bolívar los sometieron a procesos judiciales arbitrarios, y actualmente en tribunales aún cursan medidas cautelares que no han cesado pero decayeron en el tiempo.

Estefany Istúriz, coordinadora de defensores activos del estado Bolívar, se refirió a las múltiples violaciones de derechos humanos que diariamente viven los guayaneses. “No es nada más al que detienen arbitrariamente, al que desaparecen o torturan, todas las personas en Ciudad Guayana somos víctimas de un sistema que tiene como preferencia violar y no proteger. Queremos exigirle al Estado que recuerde los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y como Estado cumplan con sus obligaciones”.

La falta de acceso a servicios públicos eficientes que garanticen una calidad de vida digna, la crisis del sistema de salud pública y el déficit de alimentos en sectores empobrecidos forman parte de las violaciones de derechos humanos.

Caso Rodney Álvarez

De los presos políticos de Bolívar, solo queda Rodney Álvarez, detenido desde junio de 2011, inculpado injustamente por el asesinato del también trabajador de Ferrominera Orinoco Renny Rojas, cuando en el portón de la empresa elegían a la comisión que velaría por las elecciones sindicales.

“Ese muchacho tiene nueve años y seis meses privado ilegítimamente de su libertad. Sabemos de antemano, y lo hemos declarado en más de una oportunidad, que el asesino es Héctor Maicán, así de sencillo. Ahorita, después de ocho interrupciones de juicio y 25 diferimientos, volvieron a interrumpir el juicio. No es solo con Rodney Álvarez, es con los compañeros Eudis Girot, los compañeros militares, los que están presentándose en los tribunales porque el gobierno les impuso medidas cautelares y sabemos de antemano que son inocentes”, declaró Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco.

Pidió a los organismos internacionales defensores de derechos humanos abocarse con mayor fortaleza a lo que sucede en Venezuela. “Aquí no se garantizan ningunos derechos humanos, sino que el poder político que ejerce el Gobierno nacional es el que manda y pasa por encima de estos derechos, y mete preso al que quiera y disienta de las políticas malsanas que ejecuta en Venezuela”.

González ha sido preso político en dos oportunidades. Después de su arbitrario encarcelamiento en 2018 fue liberado mediante el indulto que dio Nicolás Maduro a él y otros presos políticos. El dirigente sindical no ha dejado de denunciar las irregularidades en las industrias de Guayana.

“Dentro de esas empresas se violan los derechos humanos, porque agarran y le meten terrorismo y chantaje a los trabajadores para que ejecuten todo lo concerniente a las políticas que vienen del Gobierno nacional. Los trabajadores lo que queremos es que las empresas salgan adelante, queremos un salario digno (…) claro que puedo tener temor, pero que me digan dónde estoy equivocado y rectifico”, puntualizó.

DD HH y COVID-19

Este año, el tema en el Día Mundial de los Derechos Humanos está relacionado con la pandemia de COVID-19.

“Los derechos humanos deben ser una prioridad en el mundo después de la pandemia por COVID-19. La crisis del COVID-19 se ha visto alimentada por el agravamiento de la pobreza, el aumento de las desigualdades, la discriminación estructural y arraigada y otras brechas en la protección de los derechos humanos. Solo las medidas para cerrar estas brechas y promover los derechos humanos pueden garantizar una plena recuperación y la reconstrucción de un mundo mejor, más resiliente, justo y sostenible”, señala las Naciones Unidas.

Sus objetivos son la erradicación de cualquier tipo de discriminación, actuación frente a las desigualdades, impulsar la participación y solidaridad, e impulsar el desarrollo sostenible.

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