martes, 30 de noviembre de 2021

Bachelet pide investigación “rápida e independiente” por muerte del indígena pemón Salvador Franco

El indígena tenía un año detenido por el asalto al fuerte militar de Luepa en diciembre de 2019. Desde hace meses y con más intensidad en las últimas semanas, sus familiares y abogados reclamaban que se cumpliera la orden de traslado para recibir atención médica.

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La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó -este miércoles- su preocupación por la muerte del indígena pemón Salvador Franco el domingo 3 de enero, tras un año de detención junto a otros 12 pemones. El órgano al mando de Michelle Bachelet pidió una investigación “rápida e independiente” y protección para el resto de los detenidos.

“Nos preocupa la muerte en custodia de Salvador Franco, indígena pemón. Pedimos a las autoridades una investigación rápida e independiente, y que adopten todas las medidas necesarias para proteger los derechos de los detenidos, incluido el acceso de la salud”, publicó el órgano de las Naciones Unidas a través de su cuenta en Twitter.

El indígena pemón Salvador Franco, detenido desde diciembre de 2019 por su presunta participación en el asalto al fuerte militar de Luepa en el municipio Gran Sabana, murió este domingo 3 de enero tras un grave cuadro de salud que fue advertido por familiares y la defensa legal y que, sin embargo, no generó su traslado desde el centro penitenciario El Rodeo II, en el estado Miranda, para recibir atención médica.

El Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas emitió el 27 de noviembre una orden para que Franco recibiera atención médica especializada, pero la medida no fue acatada.

   
Franco era guía turístico, artesano y agricultor en Kumarakapay. Murió este domingo sin recibir la atención médica ordenada por un tribunal

La organización Foro Penal informó, el martes 5 de enero, que de acuerdo con el certificado de defunción emitido después de la autopsia, Franco murió a causa de “un edema cerebral, shock séptico y otras reacciones producto de la tuberculosis y desnutrición que padecía desde hace meses, cuadro que empeoró fatalmente por falta de atención médica”.

El indígena formaba parte del grupo de 13 pemones detenidos en diciembre de 2019 por el asalto -el 22 de diciembre- al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla en Luepa, en la entrada al municipio Gran Sabana al sur del estado Bolívar. La instalación militar está ubicada a una hora aproximadamente de la comunidad indígena pemón Kumarakapay, de donde son oriundos los indígenas detenidos. Tras un año de detención y vicios en el proceso judicial, no ha habido elementos que permitan determinar la culpabilidad de los indígenas, recluidos en la cárcel El Rodeo II, a más de 1.000 kilómetros de distancia de sus residencias. La defensa ha insistido en el trasfondo político del caso y no ha cesado en exigir su liberación.

“El régimen lo dejó morir, nunca fue trasladado a un centro de salud, teniendo orden judicial desde el 27 de nov”, escribió en su cuenta de Twitter el abogado Olnar Ortiz, miembro del Foro Penal y quien alertó del grave estado de salud del indígena de 44 años en las últimas semanas, además de las continuas violaciones al proceso judicial desde la detención en diciembre de 2019.

Lisseth Franco, hermana del indígena pemón que trabajaba como guía turístico y artesano, informó en un video difundido por redes sociales el 22 de diciembre del deterioro de su condición de salud. “En estos momentos se encuentra muy enfermo y grave desde hace cuatro meses a pesar de que hemos hecho denuncias internacionales y a pesar de que el tribunal dictó una orden al centro de reclusión el día 27 para que fuera evaluado por un médico especialista, hasta el día de hoy no se ha cumplido esa orden, por lo que tememos por su vida ya que al cumplirse un año se ha complicado y está tosiendo sangre”, dijo.

Por el incumplimiento de la medida de traslado, familiares no tenían un diagnóstico certero ni la causa del deterioro de Franco, pero habían advertido que otros indígenas se habían enfermado y bajado de peso.

El abogado Ortiz recordó -el 23 de diciembre- que mantener a una persona privada de libertad en condiciones precarias y sin atención médica es un crimen de lesa humanidad, “por lo tanto el Estado venezolano es responsable de cualquier situación que le pueda ocurrir a nuestro hermano indígena pemón Salvador Franco”.

El 24 de diciembre, Franco no podía alimentarse por sí mismo. “Su vida y su salud son responsabilidad directa de quienes lo mantienen injustamente encarcelado”, escribió Ortiz.

    Foro Penal y familiares insistieron en el deterioro de la salud del indígena Salvador Franco, quien murió este 3 de enero. “Su vida y su salud son responsabilidad directa de quienes lo mantienen injustamente encarcelado”, advirtió Ortiz hace una semana

Miembros de la comunidad indígena de Kumarakapay suscribieron un comunicado -a cuatro días de culminar el 2020- en el que denunciaron las condiciones de hacinamiento e insalubridad en la que están recluidos los 13 indígenas y el agravamiento del estado de salud de Franco. Además de enfermarse, los indígenas carecen de una alimentación adecuada y agua potable.

En el escrito solicitaban al Estado venezolano el cumplimiento de la orden judicial que establecía el traslado inmediato del indígena pemón a un centro de salud y su liberación como un “gesto de humanidad”, visto su cuadro médico. También pedían un pronunciamiento por parte de la Federación Indígena del estado Bolívar, el Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón, el Consejo Nacional Indio de Venezuela (Conive) y la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (Coica) con respecto a esta situación.

En el comunicado exhortaban a pronunciarse sobre este caso a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; al relator de Pueblos Indígenas Francisco Cali Tzay; al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en febrero de 2019 emitió medidas de protección para el pueblo de Kumarakapay por la masacre perpetrada por uniformados del Ejército un día antes del anunciado ingreso de ayuda humanitaria por la frontera con Brasil.

En la masacre de Kumarakapay en febrero de 2019 fueron asesinados los indígenas Zoraida Rodríguez, su esposo Rolando García y Kliber Pérez, los dos últimos guías turísticos del tepuy Roraima, una de las maravillas naturales del sur de Bolívar. La cuarta víctima de esta comunidad indígena fue Onésimo Fernández, quien murió en marzo de 2020 tras un año de paraplejia causada por una herida de bala en el ataque militar contra la comunidad.

El luto y el dolor no se marcharon de la comunidad indígena y ahora revive con la muerte del indígena Salvador Franco.

*Esta nota fue actualizada el miércoles 6 de enero.

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