sábado, 22 de enero de 2022

A casi dos semanas no hay detenidos por los siete asesinatos de Gran Sabana

La Asamblea Nacional debatió este miércoles lo ocurrido en Kumarakapay y en Santa Elena de Uairén, poblado que el régimen mantiene militarizado y amenazado.

Siete asesinados y decenas de heridos se han contabilizado hasta el 6 de marzo, como consecuencia de las arremetidas militares del régimen entre el 22 y 23 de febrero en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar. De los más de 60 detenidos, ninguno ha sido por los asesinatos cometidos a manos de funcionarios del Ejército y la Guardia Nacional.

El Ministerio Público designó a cuatro fiscales para investigar estos crímenes: fiscal 91 indígena, 54 con competencia plena, segundo de derechos humanos y sexto de delitos comunes. Sin embargo, hasta ahora no hay ni un funcionario militar apresado.

Este miércoles la Asamblea Nacional debatió sobre los hechos ocurridos al sur de Bolívar, donde se han contabilizado cuatro pemones asesinados (tres de ellos de la comunidad Kumarakapay) y otros tres criollos, luego que militares les dispararan.

“El día 22 de febrero, los pemones fueron atacados, mataron a una mujer (Zoraida Rodríguez), hubo 14 heridos, los diputados nos dirigimos al hospital, los heridos fueron llevados a Boa Vista, en Brasil, porque en el hospital no tenían cómo atenderlos”, recordó la diputada Gladys Guaipo.

Fueron al menos 20 lesionados los trasladados hasta Boa Vista y Pacaraima. Entre el 27 de febrero y el 3 de marzo murieron tres de ellos: Kliver Pérez (27 de febrero), Rolando García (2 de marzo) y Jorge González (3 de marzo). Los dos primeros eran pemones de Kumarakapay, víctimas del ataque del Ejército la madrugada del 22 de febrero.

Rolando García, además, era esposo de Zoraida Rodríguez, la primera víctima de ese día. Jorge González era oriundo de Upata, municipio Piar, y resultó herido en los hechos del 23 de febrero en Santa Elena de Uairén, poblado al que había viajado para comprar un repuesto del carro.

“A los indígenas no les perdonan que tengan una pancarta que diga presidente Juan Guaidó en la entrada de la comunidad. No les perdonan su resistencia al saqueo del oro en sus tierras (…) ellos heredaron la difteria, paludismo, sarampión, sida, enfermedades que no eran registradas en la Gran Sabana y el pueblo pemón. Quienes usurpan el poder quieren usurpar las tierras de los pemones para saquear sus tierras. El alcalde Emilio González es perseguido, tiene orden de captura, está a punto de ser destituido, están buscando la forma, así como persiguen a los capitanes indígenas que se han rebelado contra la narcodictadura”, denunció el diputado Américo De Grazia.

La diputada Olivia Lozano, quien junto a otros 14 parlamentarios estuvo en Santa Elena de Uairén, recordó que “esta no es la primera vez que sucede una masacre, ha habido muchas en el estado Bolívar. En Santa Elena de Uairén, el ministerio de propaganda del régimen se ha declarado defensor de los indígenas, pero es solo una pantomima”.

“Quieren destruir la voluntad del pueblo, los quieren aniquilar. Hoy (6 de marzo) la frontera sigue cerrada, sigue la persecución, Justo Noguera quiere tomar a la fuerza ese pueblo, pero jamás tendrán control de la tierra ancestral. Es una masacre continuada la que se está dando en Santa Elena de Uairén y el sur de nuestro país, más de 10 días que no reciben alimentos en la zona”, intervino el diputado Ángel Medina.

Mientras la frontera con Brasil sigue cerrada, al igual que la vía a la altura del Fuerte Escamoto en Santa Elena de Uairén, la población se ha mantenido en zozobra por la militarización del pueblo. Niños que estudian en Pacaraima tampoco han podido asistir a clases. En territorio brasileño quedan venezolanos varados, a la espera de poder ingresar a Venezuela.

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