sábado, 27 de noviembre de 2021

Venezuela figura entre los países de América Latina que menos hace para combatir la corrupción

Primer informe del Observatorio Ciudadano de Corrupción revela avances y retos para la lucha anticorrupción en la región. Venezuela, Haití, Chile y El Salvador tienen una baja e irregular regulación para garantizar transparencia pública, un gobierno abierto y plataformas para las contrataciones públicas.

Primer informe del Observatorio Ciudadano de Corrupción revela avances y retos para la lucha anticorrupción en la región. Venezuela, Haití, Chile y El Salvador tienen una baja e irregular regulación para garantizar transparencia pública, un gobierno abierto y plataformas para las contrataciones públicas.

La ONG Transparencia Venezuela presentó el primer informe del Observatorio Ciudadano de la Corrupción (OCC), Balance normativo de los Compromisos de Lima, el cual ubica a Venezuela entre los países de las Américas con menos regulaciones para combatir la corrupción.

Para el monitoreo y análisis de 19 países del hemisferio participaron más de 150 organizaciones de la sociedad civil, para la medición de los indicadores normativos para fortalecer la lucha contra la corrupción en la región. Esto como seguimiento al cumplimiento del Compromiso de Lima, suscrito durante la VIII Cumbre de las Américas, en 2018.

La ONG destaca entre los principales hallazgos que “las regulaciones más desarrolladas a escala regional están asociadas a la transparencia en el financiamiento de campañas, los planes nacionales de Gobierno Abierto y las plataformas electrónicas para las contrataciones públicas. En contraste, elementos fundamentales como la protección a denunciantes, testigos o informantes de actos de corrupción y la promoción de códigos de conducta a los servidores públicos presentan avances relativamente bajos”.

De acuerdo con el análisis, Venezuela, Haití, Chile, El Salvador y Uruguay son los países con menos regulaciones contra la corrupción. Perú, México y Colombia, en cambio, se ubicaron como los países con el mayor número de normas vigentes para luchar contra este flagelo.

Venezuela en retroceso

En consideración que el compromiso de Lima se suscribió en 2018, parte del monitoreo del OCC fue revisar las normativas contra la corrupción antes y después de ese año.

De acuerdo con los resultados, “más de la mitad de las normas para avanzar en la lucha contra la corrupción existían antes de la firma de Compromiso de Lima. Esta situación indica que, por lo menos a nivel normativo y jurisprudencial, los países que fueron analizados por el OCC, antes de la celebración del Compromiso ya contaban con un marco normativo amplio para la promoción de medidas de lucha contra la corrupción”.

Observaron también que si bien “la mayor parte de los desarrollos normativos recientes se relacionan con la implementación de políticas y planes nacionales de Gobierno Abierto, en los casos de Brasil, Chile, Nicaragua y Venezuela actualmente no tienen políticas ni planes nacionales sobre gobierno electrónico y participación digital, que se relacionen directamente con medidas de lucha contra la corrupción”.

Enfoque de género y vulnerables

Por otra parte, el OCC destaca la inclusión del enfoque de género y de los grupos de vulnerabilidad en el Compromiso en las políticas anticorrupción. Sin embargo, aunque es un aspecto innovador, tienen el menor desarrollo normativo en la región.

“De hecho, durante los últimos dos años, solamente Argentina, Costa Rica, Panamá y Perú presentan algún tipo de avance normativo para la inclusión de estos grupos en políticas y medidas para fortalecer la gobernanza y enfrentar la corrupción”, señala el informe.

Pocos países en desarrollo

En cuanto a las normativas previas a 2018, 16 de los países participantes en el OCC cuentan con legislación destinada a garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de selección a los servidores públicos. Después de 2018, solo seis países (Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y Perú) promueven nuevos desarrollos normativos para reglamentar aspectos como el mérito, la equidad y la aptitud en el empleo público.

El informe incluye que si bien todos los países analizados por el Observatorio Ciudadano de la Corrupción tienen normas anteriores al 2018 sobre uso de sistemas electrónicos para compras públicas y contrataciones gubernamentales, solamente Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú han hecho avances legislativos complementarios.

Otra de las observaciones del informe es que Argentina, Colombia, Paraguay y Perú son los únicos países de la región que cuentan con un órgano encargado y con manuales o formatos para evaluar el impacto de las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción.

Aunque el compromiso de financiamiento a organizaciones políticas representa el compromiso con mayor desarrollo normativo en la región, se destaca que “en El Salvador y Venezuela la información sobre la rendición de cuentas de los partidos políticos y candidatos todavía no es carácter público”.

Incluso, El Salvador no cuenta con formatos obligatorios legales para la rendición de cuentas sobre ingresos y gastos de campaña por parte de los candidatos.

Opacidad gubernamental

Los resultados del informe señalan también que Haití y Venezuela no cuentan con una plataforma electrónica de acceso público de consulta sobre los procesos de compra y contratación gubernamental.

“Otras medidas de lucha contra la corrupción, como la inclusión de cláusulas anticorrupción en los contratos estatales, aún requieren de mayores desarrollos normativos. Del análisis realizado, solamente 5 países -Argentina, Brasil, Honduras, Nicaragua y Perú- tienen establecida la obligatoriedad de estas cláusulas anticorrupción en los contratos”.

Los mecanismos para reducir la burocracia es otro de los problemas ciudadanos en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.

En cuanto a la cooperación jurídica, “Bolivia y Haití son los únicos países que no cuentan con medidas de cooperación para el intercambio de información entre las autoridades judiciales para facilitar las investigaciones asociadas a los actos de corrupción”.

Temas novedosos como la inclusión del enfoque de género y de los grupos en condición de vulnerabilidad en las políticas de lucha contra la corrupción, aún requieren mayor desarrollo normativo en la región.

 

Asimismo, el OCC destaca que “para los dos compromisos analizados en este eje temático (Compromisos de cooperación jurídica internacional, combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos, y recuperación de activos), Paraguay y Perú son los países que registran un cumplimiento del 100% respecto a los indicadores normativos relativos a la cooperación judicial, combate al cohecho y al soborno”. (Con información del Observatorio Ciudadano de la Corrupción)

 

¿Qué es el Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC)?

El Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC) es un esfuerzo compartido entre el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), capítulos nacionales de Transparencia Internacional (TI) en América Latina y Organizaciones de Sociedad Civil de más de 15 países del continente americano, para promover la participación ciudadana y dar seguimiento a los avances de las acciones de los gobiernos y los retos que tienen los mismos, en el marco del cumplimiento del Compromiso de Lima, así como para investigar, documentar y analizar sistemáticamente evidencias sobre la efectividad de los esfuerzos anticorrupción en la región.

Para las próximas semanas se prevé la divulgación del segundo informe del OCC.

 

 

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