lunes, 17 de mayo de 2021 | 4:17 PM

Unión Europea sanciona a otros 19 altos funcionarios de la administración Maduro

La lista de la Unión Europea asciende a 55 personas, entre ellas a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y a Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.

TalCual

En horas de la mañana de este lunes 22 de febrero, la Unión Europea aprobó nuevas sanciones contra 19 funcionarios de la administración de Nicolás Maduro por su papel en “decisiones que socavan la democracia y el Estado de Derecho” en Venezuela.

La lista de la Unión Europea asciende a 55 personas, entre ellas a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y a Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y expresidente de la extinta asamblea constituyente.

Dentro de los nuevos sancionados por el bloque europeo están el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional, Remigio Ceballos; el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto; los diputados de la Asamblea Nacional afín a Nicolás Maduro, José Brito, Bernabé Gutiérrez.

También están los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, Luis Fernando Damián Bustillos; Lourdes Suárez Anderson, Calixto Ortega, René Degravés; Arcadio Delgado Rosales y Carmen Zuleta.

Junto a ellos, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonzo; el vicepresidente del órgano comicial, Leonardo Morales; la rectora principal, Tania D’Amelio; el director de la FAES, José Miguel Ramírez; Carlos Carvallo Guevara, director adjunto de la Dgcim; Jesús Vásquez Quintero, fiscal general de la Fiscalía Militar; el director de la Dirección Especial de Investigación Penal y Criminalística de la Dgcim, Carlos Terán Hurtado y el director del Cicpc, Douglas Rico.

La decisión de incorporar a estas personas se derivó de las deliberaciones del Consejo de la Unión Europea que se llevó a cabo el 25 de enero, cuando el ente europeo indicó que estaba dispuesto a aprobar medidas adicionales específicas, tras el deterioro de la situación en Venezuela tras la celebración de las elecciones parlamentarias.

Estas medidas incluyen prohibiciones de viaje en el espacio Schengen -que es en los países que componen la UE- y congelaciones de activos y están diseñadas para no tener efectos humanitarios adversos o consecuencias no deseadas para la población venezolana. Además, la Unión Europea advierte que las mismas pueden revertirse.

Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en rechazo “categórico” a la decisión de la Unión Europea, diciendo que las medidas contra los 19 altos funcionarios de la administración Maduro se impusieron de manera “arbitraria” y que además son señalados por “falsos argumentos” por la supuesta “frustración” de algunos con la idea de propiciar un cambio de gobierno en el país.

A su juicio, es una “torpe decisión” que afecta de forma negativa a las iniciativas de diálogo y cree que con estas “erráticas decisiones” dejan al descubierto la “incapacidad” de la UE para aceptar lo que ocurre en Venezuela y además, cree que es una “afrenta” a lo señalado en días pasados por la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, sobre las sanciones.

El 20 de febrero, la Unión Europea estaba dispuesta a incluir en su régimen de sanciones en Venezuela a unos 30 dirigentes implicados en las elecciones de diciembre, que la comunidad internacional no reconoce, y en las graves violaciones de derechos humanos recogidas por el informe de Naciones Unidas, de acuerdo a su portal en internet.

El bloque europeo dará luz verde a la extensión de las restricciones, en principio en el Consejo de Asuntos Exteriores de este lunes. Se busca de esta forma dar respuesta a las elecciones del pasado mes de diciembre y redoblar la presión sobre las autoridades de Caracas. El número de personas objeto de sanciones europeas pasaría a ser el doble, puesto que en la actualidad las medidas afectan a 36 dirigentes.

Las sanciones de la Unión Europea ocurren días después que la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, visitara Venezuela y determinara que las medidas coercitivas impuestas al país afectaron su economía y la población. (Con información adicional de Monitoreamos  / Swiss Info / AFP)

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