sábado, 22 de enero de 2022

Transparencia Venezuela cumplió 15 años impulsando prácticas anticorrupción y de gobierno abierto

La opacidad, falta de rendición de cuentas y de acceso a la información pública ha desarrollado una gran corrupción, responsable de la crisis humanitaria compleja. Sin embargo, diferentes ONG y representantes de instituciones públicas luchan por incentivar y desarrollar la cultura de la transparencia, tanto en las instituciones como en la exigencia ciudadana.

A propósito del 15° aniversario de Transparencia Venezuela, la ONG celebró dos días de plenaria y mesas de trabajo sobre gobierno abierto y prácticas anticorrupción, que coincide con la creación de la Alianza Gobierno Abierto Venezuela (AGAV) y la Coalición Anticorrupción en el país.

Roles del Parlamento y el Poder Judicial, ¿cómo se involucra el ciudadano sin acceso a información pública?, gobierno abierto en el contexto universitario, género, innovación tecnológica y gobierno electrónico, presupuestos ciudadanos, servicios públicos, gran corrupción y crimen organizado, fueron parte de las temáticas desarrolladas.

Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, recordó que la destrucción de la institucionalidad venezolana ha conllevado a la gran corrupción que hay en el país, y que ha sido responsable de la crisis humanitaria compleja.

Destacó la importancia de la rendición de cuentas y acceso a la información pública como algunas de las prácticas anticorrupción y de gobierno abierto que Venezuela adeuda por la opacidad de los entes del Estado.

Sin embargo, pese a la conectividad política hay entes como la Alcaldía del municipio Rivas Dávila, en el estado Mérida, donde se intenta mantener prácticas de gobierno abierto, aun con las limitaciones de conexión a internet y servicio eléctrico, que incluso llega a dificultar los pagos de nómina en la municipalidad, comentó el alcalde Nilson Peña.

Facundo Barrionuevo, director de Gobierno Abierto de la municipalidad de Córdoba, Argentina, habló desde su experiencia en esta ciudad, y afirmó que también hay estrategias factibles de gobierno abierto para quienes no tienen acceso a la tecnología.

“Se debe prever brechas sociales, ya que todos no tienen acceso a herramientas tecnológicas”, sentenció Barrionuevo.

En Córdoba, por ejemplo, aprovechan la transparencia activa, que es aquella demandada por el ciudadano, para incorporarla a la transparencia pasiva, la que el Estado publica por cuenta propia.

Son 15 años impulsando la transparencia en el manejo de recursos del Estado. Transparencia Venezuela desarrolló una aplicación telefónica llamada Dilo Aquí, con la cual hace partícipe al ciudadano para demandar información pública y que es ocultada por el Estado.

En lo que va de 2019 han recibido al menos 419 denuncias, orientadas principalmente con gestiones de alimentos del CLAP, Saime, corrupción policial (que incluye a militares en funciones policiales) y corrupción en las universidades. La mayoría de las denuncias provienen del Área Metropolitana de Caracas. Sin embargo, Norma Ferrer, de Transparencia Venezuela, acotó que las denuncias más fuertes son de los estados Zulia y Bolívar.

A pesar de que la Constitución no está vigente con la realidad venezolana, pero prevé algunas formas de justicia abierta y establece mecanismos para la transparencia y la rendición de cuentas, en la práctica no es lo que sucede, precisamente por la opacidad.

No obstante, Daniel Bermúdez, representante de la Comisión para los Derechos Humanos en Zulia (Codhez), destacó que las redes de ONG y las redes sociales han sido claves para el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos.

Esto también porque en Venezuela no hay políticas sociales con enfoque en DD HH ni gobierno abierto, pues las políticas públicas y sociales existentes no responden a brindar soluciones, acotó Laura Loyza, de Acceso a la Justicia.

Entre los participantes de las plenarias y mesas de trabajos estuvieron invitados de la talla de Anaid García, en representación de Fundar México; Ramón Guillermo Aveledo, del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro; Gustavo Pérez Ara, de Open Government Partnership (OGP); José Félix Oletta, exministro de Salud en Venezuela; Ana Gabriela Zúñiga, de Hivos en Costa Rica; Norberto Bausson, exvicepresidente de Hidrocapital; Ángel Alvarado, diputado de la Asamblea Nacional; Eduardo Salcedo Albarán, de Fundación Vortex, en Colombia, entre otros.

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