sábado, 27 de noviembre de 2021

Sociedad civil exige a las autoridades priorizar la vida de las personas en la Cota 905

Personalidades y 166 ONG solicitaron el acompañamiento de instancias internacionales, nacionales, locales y comunitarias para garantizar la vida e integridad de la población. | Foto cortesía

Personalidades y 166 ONG solicitaron el acompañamiento de instancias internacionales, nacionales, locales y comunitarias para garantizar la vida e integridad de la población. | Foto cortesía

Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil emitió la tarde de este viernes un comunicado, en el cual manifiestan profunda preocupación por la vida y la seguridad de los pobladores de las zonas afectadas por los recientes enfrentamientos ocurridos entre grupos de la delincuencia organizada y funcionarios policiales en todas las parroquias del sur-oeste de la ciudad capital.

En este sentido, exigen al régimen de Nicolás Maduro poner como prioridad “la vida de las personas” y evitar “masacres en las zonas afectadas por la violencia”.

“El Estado debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de protección y garantía de los derechos humanos de la población civil, en materias vinculadas con la seguridad ciudadana”, señala el documento publicado por 166 ONG y firmado por varias personalidades de la sociedad civil venezolana.

En el comunicado aseguran que políticas como los “operativos de Liberación del Pueblo (OLP)” solo lograron la alianza entre las organizaciones criminales para responder a la ofensiva declarada por las autoridades, “lo que ocasionó el fortalecimiento de estas bandas en estructura, miembros y armamento”.

Las organizaciones urgen al Estado a desarrollar estrategias de reducción de daños que implican un enfoque en fases a corto, mediano y largo plazo que “reduzca las condiciones que afectan los derechos más básicos de la ciudadanía”.

“Ante una escalada de violencia, de manera inmediata exigimos atender la petición de las comunidades por el cese el fuego y el uso proporcional y diferenciado de la fuerza contra personas que hayan cometido delitos”, expresa la misiva, a lo que agregan que cualquier política de seguridad ciudadana “debe ser sustentable”, lo que exige la búsqueda de los consensos políticos y sociales necesarios para su implementación.

“Estas políticas requieren ser sometidas a mecanismos de evaluación y rendición de cuentas permanentes, en un escenario de amplia participación por parte de la ciudadanía, con líderes legítimos de las comunidades afectadas y voceros de diferentes lados del espectro político”, señalaron.

Asimismo solicitaron el acompañamiento de instancias internacionales, nacionales, locales y comunitarias para garantizar la vida e integridad de la población. “Esta debe ser una estrategia transparente con la presencia de la Iglesia, comunidades y organizaciones nacionales y locales para la vigilancia del acuerdo”.

Instaron al Estado a mejorar en su proceso de selección y formación de las personas que integran las fuerzas de seguridad, así como a la realización de una investigación sistemática y rigurosa para verificar los puntos de fuga del parque de armas desde las instancias estatales hacia las bandas criminales, “situación que ha contribuido de manera fundamental a la situación que hoy padecemos”.

Los firmantes se solidarizaron con las familias afectadas por los enfrentamientos, en especial con las de los funcionarios policiales abatidos durante los operativos de seguridad, al tiempo que solicitaron ayuda y acompañamiento para sus seres queridos “con el fin de sobrellevar dichas pérdidas”.

Finalmente, pidieron investigar todas las denuncias sobre posibles ejecuciones extrajudiciales. “Tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo deben procesar debidamente y dar respuesta a las diferentes denuncias de familiares sobre posibles ejecuciones extrajudiciales, robos y cualquier otro exceso en el operativo”.

La CEV respalda a la sociedad civil 

Por su parte, la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) publicó este viernes un comunicado para condenar los hechos de violencia que se han suscitado en diferentes zonas del Distrito Capital.

“Una vez más nos sacude y nos entristece evidenciar cómo el miedo, la barbarie, el atropello, el odio, se apoderan de las calles de nuestro país, de nuestras ciudades, de nuestras zonas populares”, señala el documento.

De la misma manera, aseguraron que el “impactante episodio ocurrido en la Cota 905”, es el resultado de dos décadas en las que se ha blandido la violencia desde el poder “como arma política, a diestra y siniestra”.

“Si quienes detentan el poder no tienen otro medio para imponer su ideología trasnochada que el de la fuerza y la violencia, no hace falta esperar demasiado para observar una respuesta igualmente violenta”, expresaron en la misiva, al tiempo que agregaron que este estallido de violencia “es la demostración más evidente del fracaso de un modelo social y productivo”.

“Si el régimen ha hecho todo cuanto ha podido para hacer imposible que los ciudadanos puedan ganarse la vida de una manera digna y suficiente, tampoco sorprende que haya quienes busquen ganarse la vida por medios delictivos”, continúa el comunicado.

Asimismo, resaltaron el “fracaso del Estado” como garante de la paz ciudadana. “El habitual respeto a la autoridad se ha transformado en desconfianza y temor a la autoridad, en vista de la distorsión de las irregulares funciones que hoy cumplen, incluyendo la extorsión y el soborno”.

Finalmente, el clero realizó un llamado a las autoridades del país a respetar la vida de todo ser humano. “Todos somos seres dignos, todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, y todos estamos llamados al amor”.

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