viernes, 3 de diciembre de 2021

Según expertos el poder comunal persigue “someter y dominar” a la sociedad civil

En el Foro Ciudades comunales: Estado Comunal vs Empoderamiento Ciudadano y Comunitario, participaron Jesús María Casal, Margarita López Maya, Mirla Pérez, y Elías Sayegh. | Foto Prensa Presidencial

En el Foro Ciudades comunales: Estado Comunal vs Empoderamiento Ciudadano y Comunitario, participaron Jesús María Casal, Margarita López Maya, Mirla Pérez, y Elías Sayegh. | Foto Prensa Presidencial

El Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro organizó el Foro Ciudades comunales: Estado Comunal vs Empoderamiento Ciudadano y Comunitario, en el que participaron el jurista Jesús María Casal, la historiadora Margarita López Maya, la doctora en Ciencias Sociales, Mirla Pérez, y el alcalde de El Hatillo, Elías Sayegh.

El evento fue presentado por el presidente de la institución, Ramón Guillermo Aveledo, y moderado por el experto en políticas públicas locales, Miguel González Marregot.

Casal señaló que tanto las comunas como las ciudades comunales exhiben una “dualidad” por cuanto se presentan, en estas leyes, como espacios de participación de la sociedad, a la vez que asumen competencias de gobierno.

“Son una pieza más de una estructura de dominación, un conjunto de elementos dirigidos a destruir las posibilidades de libre participación, para poner en su lugar una estructura de dominación estatal”.

El abogado destacó la concordancia de conceptos como las “escalas orgánicas de República” que aparecen, tanto en las normas como en el llamado Plan de la Patria. A su juicio, esto conduce a una mayor concentración del poder, en el que “espacios territoriales ideologizados” sustituyen a los estados y municipios. “El plan de la patria es el plan de planes. Es una estructura totalmente cerrada, encadenada, donde la libertad desaparece, tanto la libertad individual como la política”.

Precisó que en la Constitución se establece la transferencia de competencias para los organismos del poder público (por ejemplo, desde el poder nacional al regional o municipal) o de recursos y servicios, desde el estado a organizaciones civiles.

En el caso de las comunas se le asignan los dos tipos de traspasos. “Pretenden usurpar el espacio de la sociedad civil y al mismo tiempo actuar como un órgano público. Hay una intención de sustituir al Estado federal, por definición plural, (…) al municipio como unidad política primaria de organización nacional, por una estructura orgánica de ejercicio concatenado o sistémica del poder”.

Comunidad versus comuna 

Mirla Pérez, investigadora del Centro de Investigaciones Populares, centró su presentación en la mirada que tienen las comunidades sobre la comuna. A juicio de la investigadora, comuna y comunidad “pertenecen a un universo de significados completamente distinto”. La comunidad es una realidad histórica y abarca la vida tradicional y cultural, “es heterogénea y diversa”, mientras que la comuna es la “forma de organización social y económica basada en la propiedad colectiva y en la eliminación de los tradicionales valores familiares”.

De acuerdo con Pérez, “en las comunidades el chavismo, con las estructuras comunales, ha ido conquistando el territorio desde 2006. Con los consejos comunales fue eliminando las organizaciones naturales de la sociedad o comunidad. Estamos ante un ejército o aparato de ocupación no convencional”.

Para la doctora en Ciencias Sociales, esta nueva forma de dominación política tiene como principio rector “la supremacía de lo militar sobre lo civil” a través de una “estructura miliciana”, la famosa “unidad cívico-militar”, donde los uniformados ejercen el poder. “Está el Sistema de Organización Territorial de la Unidades Populares de Defensa Integral (SOTU). El Estado comunal puede no tener vigencia legal, pero tiene vigencia real, ha sido aplicado desde 2006 para acá. Las SOTU, eso está en marcha”.

Explica que con el control de los ejércitos “regulares e irregulares”, el Gobierno encontró “un sistema en el que la dominación es de una minoría no solo ideológica, sino poblacional, que se impone a la mayoría”. Señala que el diseño de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP), se hace usando las estructuras militares de las zonas operativas de defensa integral (ZODI).

“El proyecto está por encima de la persona, se asegura un control con un fragmento de la población de más o menos 20%. No necesita más. Se establecen las estructuras en todo el territorio, vacías de participación y de gente, pero con jefe al mando que asegura su funcionalidad”.

Señala que esto ha provocado el “repliegue” de la comunidad, que ha abandonado sus espacios con casos extremos como la migración de millones de venezolanos. Considera necesario que las fuerzas de origen democrático, como los partidos y otras organizaciones sociales, acompañen a la comunidad.

“El empoderamiento es convertir en poder la resistencia en las comunidades. No hay conformidad con el chavismo. No se ve como un liderazgo. Se reclama liderazgo, acompañamiento, presencia”, aseguró Pérez.

Normas buscan “mantener el terror”

La historiadora Margarita López Maya resaltó el carácter ilegítimo de estas propuestas de ley, luego de que el llamado poder comunal fue derrotado en el referéndum de la reforma constitucional en 2007. Calificó las normas como “parapetos” y “adefesios”, que pretenden convertir a las organizaciones populares en “brazos operativos” del Ejecutivo.

“Ese no es el empoderamiento de 1999, ni del plan de desarrollo económico de la nación del primer gobierno de Chávez. La idea era fortalecer a la sociedad para controlar al Estado, esto es al revés, se fortalece al Estado para que controle a la sociedad. Es una relación similar a un vasallaje, a una dominación”.

Consideró que tienen varios propósitos. Uno de ellos es convencer a sus propias bases, que están cada vez más reducidas, del “avance del Estado comunal” que había enarbolado Chávez y ensayar “formas organizativas” para otros fines, como los electorales. “También asustar a los opositores, que esto está avanzando, que les va a quitar la propiedad, para mantener el terror de este estado de vocación totalitaria que tiene el madurismo”.

El alcalde de El Hatillo, Elías Sayegh, coincidió con esta apreciación. “Esta ley busca sembrar terror y desesperanza en la gente. Tiene una intención política, desmeritar la elección regional y municipal que pudiera venir. Busca lesionar la participación de la ciudadanía con las estructuras formales del Estado”.

Reconoció que la oposición ha sido “muy mala” a la hora de fomentar la participación y mantener activos a sus seguidores, algo que el chavismo sí ha logrado. “De esta forma una minoría activa se impone sobre una mayoría pasiva, dividida, sin una estructura, sin una organicidad. (…). Si no volvemos a aglutinar y a ejercer la ciudadanía en este país, podemos bajar la santamaría, porque sería la ciudanía la que estaría renunciando a sus derechos ante un gobierno que busca acaparar todas las instancias, organizacionales e institucionales, para ejercer un control totalitario”.

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