El fiscal designado por la extinta constituyente, Tarek William Saab, repitió las acusaciones contra el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, y los activistas Omar García y Rafael Tarazona, por supuesto terrorismo, traición a la patria y “promoción al odio”.
En una rueda de prensa, Saab dijo que los tres activistas están detenidos por “realizar acusaciones públicas sin fundamento” utilizando “la fachada de una ONG que incitan al odio y comprometen profundamente la paz de la República”.
Reiteró que los integrantes de Fundaredes fueron detenidos el viernes 2 de julio por denunciar “sin presentar siquiera una sola evidencia, salvo una foto sin fecha, que existía una relación directa entre el Estado venezolano y grupos irregulares colombianos como el ELN y las FARC”.
Tarek William Saab: Recordemos que las personas deben ser responsables por lo que dicen. Si una ofensa se dice para informar, sin medios de prueba ni sustento formal estamos ante un hecho punible
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) July 6, 2021
El pasado 3 de julio, el Tribunal 3 con competencia en terrorismo acusó a Javier Tarazona, Omar García y Rafael Tarazona por los supuestos delitos de promoción al odio, traición a la patria y terrorismo. Están recluidos en el centro de reclusión “hombres nuevos”, conocido como el retén de La Planta.
Además, el fiscal venezolano calificó al director de Fundaredes como un “adicto a las narco series, a las narco novelas, y transmuta lo que ha ocurrido en Colombia hacia nuestro país. Son cosas delicadas, no se habla de una simple información o denuncia sobre temas caseros o cotidianos”.
En ningún momento, el fiscal se refirió a las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la detención de los activistas de Fundaredes y la solicitud de que se les permita una defensa justa y acceso a sus legítimos abogados, una de las cuestiones que denuncia en su última actualización sobre Venezuela.
Saab insistió en que las denuncias hechas por Tarazona, la última de ellas denunciando la vinculación de un exministro y un alcalde del estado Apure con el ELN, “constituyen incitación al odio a las máximas autoridades del país, tanto civiles y militares (…) y allanar el camino a nuevas agresiones contra Venezuela”.
El fiscal también desestimó las denuncias sobre detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en este caso, pues alega que fueron dictadas las debidas órdenes de aprehensión. También dijo que en supuestas revisiones a celulares, lograron comprobar que las acusaciones hechas por la ONG “son orquestadas por agentes externos para desestabilizar la paz venezolana. Personas nombradas a través de seudónimos, con números extranjeros, tenían el tupé de instruirle al él (Javier Tarazona) que denunciara vinculaciones del Estado con el ELN”.
