sábado, 18 de septiembre de 2021 | 12:53 AM

Retos políticos, persecución y escándalo marcaron la Asamblea Nacional en 2019

Las acciones de Juan Guaidó guiaron al Poder Legislativo en 2019, que aprobó pocas leyes, y todo indica que sucederá nuevamente este año. Mientras, existe toda una operación para restarle votos a su reelección e incluye a más de un diputado descontento con su gestión. El PSUV también retornó a sus curules tras dos años sin pisar el hemiciclo de sesiones.

El 5 de enero de 2019, el diputado Juan Guaidó (Voluntad Popular – Vargas) fue electo como presidente de la Asamblea Nacional (AN) para ese período, tal como lo establecía el acuerdo de gobernabilidad que firmaron los partidos de la extinta Mesa de la Unidad Democrática en diciembre de 2015, luego de ganar en elecciones la mayoría parlamentaria.

Ya Guaidó advertía en su discurso luego de juramentarse como presidente del Poder Legislativo que sería un año de retos ante un régimen -que se disponían a desconocer seis días después- que había destruido el estado de Derecho. “Hemos arrancado el 2019 con el reto inédito de comenzar el periodo constitucional sin un presidente. Hoy tenemos que afrontar la responsabilidad de conducir el destino de la nación y asumir la representación del Estado, siendo la asamblea el único poder en pie producto de la elección popular reconocido nacional e internacionalmente”.

Para ello, desde la AN se procedió a la creación y aprobación del estatuto para la transición democrática, un instrumento legal aprobado el 11 de febrero y que le permitió a Guaidó tener un piso legal más allá de los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución, con los cuales se juramentó el 23 de enero como mandatario interino y recibió el reconocimiento de al menos 50 países del mundo.

Ya el diputado varguense lo había asomado en su discurso de toma de posesión: “Debemos ser conscientes de que la aplicación efectiva de la Constitución, no depende solamente de la voluntad o decisiones de este poder, si no de la fuerza que construyamos para hacerlas cumplir. Dicho en otras palabras, debemos lograr que las decisiones de la Asamblea Nacional cuenten con la expresión simultánea del respaldo popular, político, militar e internacional para conseguir el cese de la usurpación y garantizar la realización de nuevas elecciones presidenciales libres”.

Estos hechos le valieron a Guaidó el allanamiento de su inmunidad parlamentaria -el primero de una larga lista-, en un proceso que no siguió la norma constitucional y que el mismo parlamento venezolano argumentó que era nulo.

En febrero, la Asamblea Nacional también autorizó la entrada de asistencia humanitaria al país por medio de las fronteras como una forma de paliar la emergencia humanitaria compleja que vive el país. Un grupo de diputados viajaron hacia los límites con Colombia y Brasil antes del 23 de febrero y fueron detenidos en varias ocasiones por funcionarios de la Guardia Nacional, agredidos por simpatizantes del oficialismo o robados y asediados a tiros por supuestos colectivos, como sucedió al grupo de parlamentarios que intentaban llegar a la ciudad de Cúcuta, Colombia.

Sublevación y persecución

El 30 de abril de 2019 el país amaneció lleno de rumores. ¿La verdad? Un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional se sublevaron en armas contra Nicolás Maduro, liberaron al entonces preso político Leopoldo López de su casa por cárcel y se trasladaron hasta el distribuidor Altamira, desde donde pretendían tomar el control de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, mejor conocida como La Carlota.

Estos militares, que no llegaban a cuatro docenas, eran liderados por dos conocidos del Poder Legislativo. Los tenientes coroneles de la Guardia Nacional Illich Sánchez y Rafael Soto, ambos destacados como jefes del cuadrante de seguridad que comprende la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral, fueron quienes lideraron el alzamiento.

Guaidó denominó el hecho como parte de la Operación Libertad (donde se calcularon dos muertos y más de 150 heridos por protestas en todo el país), y estuvo acompañado por el mismo López y un grupo de diputados, entre los cuales figuró el primer vicepresidente de la AN Edgar Zambrano.

Cinco días más tarde, Diosdado Cabello, presidente de la constituyente, anunció que allanarían la inmunidad de todos aquellos diputados que participaron en el “madrugonazo” del 30 de abril. Tres días más tarde se concretó la detención de Zambrano y tres personas que lo acompañaban a su salida de la sede de Acción Democrática.

Zambrano pasó cinco meses en prisión y fue liberado por un proceso de excarcelaciones de la misma ANC que allanó su inmunidad en primer lugar, luego de que se instalara un proceso de diálogo en el país entre el régimen de Maduro y partidos políticos opositores minoritarios.

De los 23 parlamentarios investigados por tribunales por su presunta vinculación en los sucesos del 30 de abril, 21 son principales y solo dos parlamentarios son suplentes (Franco Casella y Juan Andrés Mejía).

De estos últimos es importante destacar que el TSJ solo solicitó el allanamiento a la inmunidad de Mejía -suplente de Freddy Guevara, recluido en la Embajada de Chile en Caracas-, pues adujeron que Casella, al ser suplente y no estar incorporado al momento de la sentencia, no tiene la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria y por tanto, su enjuiciamiento procedía como con cualquier otro ciudadano.

El mayor número de perseguidos pertenece al partido Primero Justicia (7), y le siguen Voluntad Popular (6), Acción Democrática (3); La Causa R (2); el diputado Juan Pablo García de Vente Venezuela; Richard Blanco de Alianza Bravo Pueblo; el independiente Luis Florido; el diputado de Camina Carlos Lozano y José Simón Calzadilla, que pertenecía al Movimiento Progresista y se retiró durante su clandestinidad para unirse a la fracción “Encuentro por Venezuela”.

En este grupo solo Henry Ramos Allup (AD – Distrito Capital) y Edgar Zambrano continúan ejerciendo sus labores como parlamentarios y asisten a las sesiones, aunque Calzadilla asistió a las dos últimas sesiones ordinarias de la AN en 2019. El resto está en el exilio (12), en la clandestinidad dentro de Venezuela (8).

Además, tres comisiones permanentes de la AN se han quedado sin sus presidentes tras la razia de Nicolás Maduro, pues el diputado Miguel Pizarro (Desarrollo Social Integral) está fuera del país al igual que Freddy Superlano (Contraloría), mientras que Carlos Paparoni (Finanzas) se encuentra a resguardo.

El retorno del PSUV

El 24 de septiembre se materializo el retorno de la llamada Bancada de la Patria, como se identifican los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados, a los espacios de la Asamblea Nacional, algo que no hacían desde hace 29 meses.

Comandados por Francisco Torrealba, exministro del Trabajo, constituyente y quien insiste en llamarse diputado, se dejaron ver las caras varios parlamentarios que ejercieron cargos en el gobierno (Ricardo Molina, José Ricardo Sanguino, Hugbel Roa, Ramón Lobo) o que son constituyentes como Tania Díaz y Pedro Carreño.

En una rueda de prensa donde justificaron su ausencia y ratificaron que están dispuestos al diálogo, Torrealba dijo que él y sus colegas que habían sido ministros o ejercían otros cargos podían incorporarse nuevamente a sus curules como diputados debido a que nunca renunciaron porque “no habríamos tenido cómo hacerlo porque la cámara está en desacato”.

Con ello, desestimaba el artículo 191 de la Constitución que establece que “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva”.

La incorporación del PSUV no resuelve el llamado desacato, una medida judicial dictada por el Tribunal Supremo de Justicia desde 2016 que desconoce todas las decisiones que tome el poder Legislativo hasta tanto no desincorporen a los diputados de Amazonas y la representación sur indígena, tras una denuncia de fraude electoral en ese estado.

A pesar de repetir una y otra vez esta supuesta ilegalidad de la AN, el PSUV se sumó en una oportunidad al desacato y fue con su aprobación e incorporación al comité preliminar para la renovación del Consejo Nacional Electoral.

Escándalo tras otro

La Asamblea Nacional se vio envuelta en las últimas semanas por dos escándalos que hicieron levantar las sospechas entre ellos: una operación de sobornos a diputados para restarle votos a Juan Guaidó durante su reelección y la supuesta complicidad de diputados de la Comisión de Contraloría para favorecer públicamente a empresarios ligados a cargos de corrupción y lavado de dinero a través de la importación de alimentos para los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP).

La “Operación Alacrán” o “maletín verde” es una supuesta operación de sobornos a diputados principales y suplentes dentro de la Asamblea Nacional, con el objetivo de restar votos a la opción de Juan Guaidó como presidente del Parlamento venezolano para 2020.

En esta supuesta compra de diputados, denunciada por José Guerra a principios de noviembre, se ha señalado a los parlamentarios Luis Parra, José Brito y Conrado Pérez, todos de Primero Justicia e investigados por el escándalo en la Comisión de Contraloría, de ser los que captan y ofrecen el dinero a cambio de restarle votos a Guaidó el 5 de enero.

Voluntad Popular fue uno de los primeros partidos en denunciar la compra de diputados luego de una denuncia de Luis Stefanelli. Esta organización expulsó de sus filas al diputado José Gregorio Goyo Noriega tras acusarlo de haber recibido los sobornos, que según sus fuentes serían provenientes del régimen de Maduro.

También se ha vinculado a José Antonio España, José Gregorio Aparicio, Adolfo Superlano y Leandro Domínguez, de la fracción Independientes por la Renovación y el Cambio, que también fueron expulsados del partido Cambiemos por razones éticas.

La última denuncia sobre el tema la hizo la organización Movimiento por la Democracia e Inclusión (MDI) que expulsó a la diputada Arkielly Perfecto, exparlamentaria del Movimiento Tupamaro y que renunció a ese partido en 2019 para dar su apoyo a Guaidó.

Por otra parte, un escándalo dentro de la Comisión Permanente de Contraloría se conoció semanas después de la “operación Alacrán”, luego de que el portal de investigación Armando.info hiciera público un reportaje donde se señala a un grupo de diputados de interceder ante organismos de justicia para limpiar el nombre del empresario Carlos Lizcano, propietario de la empresa Salva Foods 2015, que maneja las tiendas CLAP y está relacionado a Álex Saab.

Armando.info reveló que ocho diputados opositores, integrantes de esa comisión, firmaron una carta a solicitud del empresario Carlos Lizcano, propietario de la empresa Salva Foods 2015, para exhonerarlo de manejos turbios y anunciar el cierre de investigaciones en su contra por corrupción.

La comunicación fue llevada a la Fiscalía General de Colombia, así como una similar enviada por vía postal al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para interceder a favor de Lizcano en las investigaciones que esos organismos adelantan con el objetivo de que absuelvan o dejen de investigar a quien aparece como propietario de Salva Foods 2015, que es reconocido como subalterno de los ya internacionalmente sancionados Alex Saab y Álvaro Pulido, los hombres que están detrás del negocio de los CLAP y que tendrían relación con el régimen de Maduro en otra cantidad ingente de acuerdos, contratos y hasta aventuras mineras, según las averiguaciones.

Documentos y comunicaciones a las que Armando.info tuvo acceso revelan que desde comienzos de 2018 se otorgaron indulgencias, en un esquema que incluye a varios diputados de oposición, algunos de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría del Parlamento. Según el reportaje, un hombre clave para ello es Luis Parra, diputado de Primero Justicia por Yaracuy, quien habría coordinado el asunto luego de supuestamente haberse reunirse con Pulido en Caracas.

El resto de los involucrados serían Adolfo Superlano, Conrado Pérez, José Brito, Héctor Vargas, William Barrientos, Richard Arteaga, Chaim Bucaram y Guillermo Luces.

Pero Barrientos, Arteaga, Bucaram, Luces y Vargas han dicho que no firmaron o no estaban al tanto del contenido de las cartas o las gestiones que hacía la Comisión de Contraloría en estos casos. Mientras que Conrado Pérez, vicepresidente de Contraloría, y los diputados Brito y Superlano se han excusado de los cargos diciendo que las gestiones eran para solicitar información.

Por este caso, la Asamblea Nacional aprobó el 4 de diciembre la creación de una comisión especial para intervenir e investigar a Contraloría y que durante sus primeras averiguaciones arrojó que se encontraron irregularidades en el funcionamiento de esta instancia parlamentaria.

Esa comisión debía entregar un informe final el 18 de diciembre, aunque los diputados Edgar Zambrano, Stalin González y Marialbert Barrios solicitaron más tiempo para continuar con las averiguaciones.

Rendimiento legislativo

Más allá de la persecución y los ataques, la Asamblea Nacional ha continuado con el trabajo legislativo que les corresponde hacer, aunque nunca a niveles como los de los primeros dos años en manos de la oposición.

En 2019 se aprobaron dos leyes: El estatuto que rige la transición democrática y la Ley de protección y garantías laborales para los trabajadores públicos. Además, el parlamento venezolano aprobó la modificación parcial de tres artículos al Reglamento Interior y de Debates, el instrumento que rige el funcionamiento de este poder.

La AN ha sido prolífica en el nombramiento de funcionarios para el gobierno interino de Guaidó, al aprobar a más de 20 representantes diplomáticos, un procurador especial y cinco juntas administradoras ad hoc para el manejo de empresas y organismos dentro y fuera del país (Pdvsa, Citgo, Monómeros, Banco Central de Venezuela, Pequiven). También se creó un fondo internacional de litigios para casos que involucran a Venezuela y buscan avanzar en el nombramiento de un contralor especial.

Con respecto al nombramiento de nuevos rectores para el CNE, los diputados del PSUV presionaron para esto se materializara antes de 2019, aunque no lo lograron. El comité preliminar continuará su trabajo el 2020 luego de conciliar los cronogramas de trabajo entre ambas bancadas y escoger a los 10 integrantes de la sociedad civil que hacen falta para la instalación del Comité de Postulaciones Electorales.

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