domingo, 19 de septiembre de 2021 | 7:51 PM

Provea ante intento de regulación estatal de ONG: “No vamos a hacer el papel de patriotas cooperantes”

Marino Alvarado, miembro de la ONG, descarta identificar a los beneficiarios de sus programas para cumplir con la normativa que impone un registro ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. | Foto William Urdaneta

Marino Alvarado, miembro de la ONG, descarta identificar a los beneficiarios de sus programas para cumplir con la normativa que impone un registro ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. | Foto William Urdaneta

El Programa Venezolano de Educación – Acción (Provea) manifestó su rechazo hacia el control de las ONG mediante la Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la cual exige a las organizaciones un listado con la identificación de las personas que reciban asistencia benéfica, humanitaria u otro tipo de asistencia por medio de los servicios o actividades que ejerza la organización sin fines de lucro, según establece el artículo 6.5.

“Desde Provea nos negamos absolutamente a dar cualquier nombre de cualquiera de nuestros beneficiarios, no lo vamos a hacer asumiendo los riesgos que haya que asumir”, indicó Marino Alvarado, miembro de la directiva de Provea, en entrevista con Román Lozinski.

Usando la etiqueta #EsMiDerecho, las ONG venezolanas exigen respeto e independencia para las organizaciones de la sociedad civil venezolana

Alvarado recordó que los beneficiarios de Provea son personas que denuncian violaciones de los DD HH, torturas y detenciones arbitrarias del Sebin y las FAES, entre otros. Revelar sus nombres sería ponerlos en riesgo.

“¿Cómo le voy a dar al gobierno los nombres de gente que denuncia a las FAES? Eso significa ponerlo en riesgo de que lo busque las FAES, lo detenga y lo asesine”, aseveró.

Destacó que además de ser una posición que asumen por ética, se trata de ser responsables frente a sus beneficiarios.

“Nosotros no vamos a hacer el papel de patriotas cooperantes de estar dándole al gobierno información que ponga en riesgo la libertad, la seguridad física e incluso la vida de los beneficiarios”, agregó.

Para Alvarado, esta nueva normativa es la “continuidad de un cerco a la organización de la sociedad civil, a quien cada vez se le va poniendo más trabas en su trabajo de beneficiar a los más desprotegidos de la población venezolana”. 

Política de control a las ONG 

La ONG Acceso a la Justicia alertó que esta normativa que obliga el registro ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo, es otra pretensión del régimen de Nicolás Maduro para controlar a las ONG.

“El Registro Unificado de Sujetos Obligados busca supervisar aquellos sujetos (personas naturales o jurídicas) cuya actividad no se encuentra regulada por una ley especial, o bien personas que realizan actividades no financieras que deben ser supervisadas”, explicó la organización.

La providencia indica que entre los obligados a inscribirse en el Registro Unificado de Sujetos Obligados están las organizaciones sin fines de lucro, quienes a su vez tienen el deber de suministrar información de sus actividades.

Director de la ONG Acceso a la Justicia alerta que la normativa “es otra pretensión del régimen de Nicolás Maduro para controlar a las ONG” | Foto William Urdaneta

Acceso a la Justicia advierte también que entre los recaudos para inscribir organizaciones sin fines de lucro en este registro se destaca la entrega de un listado de los organismos (nacionales o extranjeros) de los cuales reciba dádivas, donaciones o aportes.

Además, la providencia N° 001-2021 también indica que las ONG deben suministrar un listado de las sucursales extranjeras de las organizaciones internacionales y de otras organizaciones con las que hayan acordado algún tipo de asociación.

Acceso a la Justicia recordó que el año pasado Sudeban, en su circular Nº SIB-DSB-CJ-OD-06524, ordenó a los bancos y demás instituciones financieras a implementar medidas para monitorear las operaciones financieras de las ONG.

“La normativa dictada por el Gobierno venezolano es parte de la política de hostigamiento emprendida contra las ONG, que busca acallar su voz de lucha y denuncia ante la opinión pública nacional y mundial, especialmente por la ausencia de Estado de derecho”, alertó. (Con información de Monitoreamos y Acceso a la Justicia)

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