martes, 11 de mayo de 2021 | 1:15 PM

Provea ante intento de regulación estatal de ONG: “No vamos a hacer el papel de patriotas cooperantes”

Marino Alvarado, miembro de la ONG, descarta identificar a los beneficiarios de sus programas para cumplir con la normativa que impone un registro ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. | Foto William Urdaneta

Marino Alvarado, miembro de la ONG, descarta identificar a los beneficiarios de sus programas para cumplir con la normativa que impone un registro ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. | Foto William Urdaneta

El Programa Venezolano de Educación – Acción (Provea) manifestó su rechazo hacia el control de las ONG mediante la Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la cual exige a las organizaciones un listado con la identificación de las personas que reciban asistencia benéfica, humanitaria u otro tipo de asistencia por medio de los servicios o actividades que ejerza la organización sin fines de lucro, según establece el artículo 6.5.

“Desde Provea nos negamos absolutamente a dar cualquier nombre de cualquiera de nuestros beneficiarios, no lo vamos a hacer asumiendo los riesgos que haya que asumir”, indicó Marino Alvarado, miembro de la directiva de Provea, en entrevista con Román Lozinski.

Usando la etiqueta #EsMiDerecho, las ONG venezolanas exigen respeto e independencia para las organizaciones de la sociedad civil venezolana

Alvarado recordó que los beneficiarios de Provea son personas que denuncian violaciones de los DD HH, torturas y detenciones arbitrarias del Sebin y las FAES, entre otros. Revelar sus nombres sería ponerlos en riesgo.

“¿Cómo le voy a dar al gobierno los nombres de gente que denuncia a las FAES? Eso significa ponerlo en riesgo de que lo busque las FAES, lo detenga y lo asesine”, aseveró.

Destacó que además de ser una posición que asumen por ética, se trata de ser responsables frente a sus beneficiarios.

“Nosotros no vamos a hacer el papel de patriotas cooperantes de estar dándole al gobierno información que ponga en riesgo la libertad, la seguridad física e incluso la vida de los beneficiarios”, agregó.

Para Alvarado, esta nueva normativa es la “continuidad de un cerco a la organización de la sociedad civil, a quien cada vez se le va poniendo más trabas en su trabajo de beneficiar a los más desprotegidos de la población venezolana”. 

Política de control a las ONG 

La ONG Acceso a la Justicia alertó que esta normativa que obliga el registro ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo, es otra pretensión del régimen de Nicolás Maduro para controlar a las ONG.

“El Registro Unificado de Sujetos Obligados busca supervisar aquellos sujetos (personas naturales o jurídicas) cuya actividad no se encuentra regulada por una ley especial, o bien personas que realizan actividades no financieras que deben ser supervisadas”, explicó la organización.

La providencia indica que entre los obligados a inscribirse en el Registro Unificado de Sujetos Obligados están las organizaciones sin fines de lucro, quienes a su vez tienen el deber de suministrar información de sus actividades.

Director de la ONG Acceso a la Justicia alerta que la normativa “es otra pretensión del régimen de Nicolás Maduro para controlar a las ONG” | Foto William Urdaneta

Acceso a la Justicia advierte también que entre los recaudos para inscribir organizaciones sin fines de lucro en este registro se destaca la entrega de un listado de los organismos (nacionales o extranjeros) de los cuales reciba dádivas, donaciones o aportes.

Además, la providencia N° 001-2021 también indica que las ONG deben suministrar un listado de las sucursales extranjeras de las organizaciones internacionales y de otras organizaciones con las que hayan acordado algún tipo de asociación.

Acceso a la Justicia recordó que el año pasado Sudeban, en su circular Nº SIB-DSB-CJ-OD-06524, ordenó a los bancos y demás instituciones financieras a implementar medidas para monitorear las operaciones financieras de las ONG.

“La normativa dictada por el Gobierno venezolano es parte de la política de hostigamiento emprendida contra las ONG, que busca acallar su voz de lucha y denuncia ante la opinión pública nacional y mundial, especialmente por la ausencia de Estado de derecho”, alertó. (Con información de Monitoreamos y Acceso a la Justicia)

Más del autor

Américo De Grazia presenta su “Unidad Perfecta” y lamenta que Guaidó no avance a otros escenarios

El diputado en el exilio defiende su candidatura a la Gobernación de Bolívar como una vía necesaria para relegitimar a los sectores democráticos. “No estamos reconociendo al nuevo CNE, es el que tenemos, y es el que de alguna manera tenemos que confrontar”, sostuvo. | Foto cortesía

“Ley de Cooperación Internacional busca obstaculizar y neutralizar acciones de cooperación y asistencia internacional en Venezuela”

La ONG Acceso a la Justicia respondió siete preguntas claves sobre el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que nos es más que una arremetida en contra de las organizaciones de la sociedad civil. | Foto William Urdaneta

Mineros rechazan a grupo delictivo que controlaba mina en Tumeremo

Los trabajadores auríferos acusan a “camuflados” que presuntamente pertenecen al Tren de Guayana de ingresar al yacimiento para robarles el oro e implementos de trabajo. | Foto William Urdaneta

Mineros artesanales de Tumeremo protestan en contra de cierre y abusos por parte del Ejército y paramilitares  

El desalojo de la mina Atenas, en el municipio Sifontes, reaviva el malestar entre quienes se beneficiaban del yacimiento. Los trabajadores del oro denuncian complicidad entre militares y grupos irregulares. | Foto William Urdaneta

¡Síguenos!

Notas relacionadas

Dos de los nuevos rectores del CNE no están en línea de subordinación con el gobierno de Maduro

Aunque este martes el expreso político Roberto Picón y Enrique Márquez, representante de la extinta MUD, fueron designados como rectores del ente, la oposición que lidera Juan Guaidó rechazó nuevamente la imposición unilateral del árbitro electoral. | Foto Asamblea VE

Avalancha de testimonios de violencia sexual abre debate público para sensibilizar y fomentar denuncias legales

En un conversatorio propiciado por el medio Cinc8, cuatro expertas exponen el mapa de ruta a seguir tras las múltiples denuncias de violencia y acoso sexual emitidas vía Twitter en Venezuela desde el 23 de abril. | Foto cortesía

“Ley de Cooperación Internacional busca obstaculizar y neutralizar acciones de cooperación y asistencia internacional en Venezuela”

La ONG Acceso a la Justicia respondió siete preguntas claves sobre el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que nos es más que una arremetida en contra de las organizaciones de la sociedad civil. | Foto William Urdaneta

Acusaciones imprecisas de acoso sexual contra periodistas pueden constituir estrategia de censura

César Bátiz, director de El Pitazo y Víctor Amaya, editor-jefe de TalCual Digital, son investigados por el Ministerio Público tras señalamientos vagos de acoso sexual y violencia vía Twitter. | Foto cortesía

TSJ ordena a los jueces penales que inicien cinco juicios por semana para combatir el retardo procesal

La Sala de Casación Penal aprobó resoluciones en las que gira instrucciones a los jueces para acelerar los procesos. La instancia también tomó medidas para la fase de investigación y la ejecución de las sentencias. | Foto cortesía

Embajador James Story advierte que designación del CNE “no basta” para EE.UU.

La Asamblea Nacional oficialista escogió a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral donde la oposición cuenta con dos rectores inclinados a su sector.