domingo, 16 de mayo de 2021 | 11:24 AM

Orden del TSJ de ocupar Directv y restituir servicio es inejecutable e ilógica

Funcionarios de la Guardia Nacional tomaron la sede de Directv, luego de que el TSJ ordenara la ocupación de los bienes de la compañía y la restitución del servicio, a través de una decisión con incongruencias legales y tecnológicas.

Luego de tres días del cese de operaciones de Directv por parte de AT&T, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) la posesión de los bienes, oficinas comerciales, sedes administrativas, centro de operaciones y transmisiones, antenas y demás equipos de la compañía Galaxy Entertainment de Venezuela S.C.A (Directv Venezuela). Asimismo, exigió la restitución «inmediata» del servicio de televisión por suscripción.

La decisión N° 0064-2020 prohíbe la salida del país a la actual directiva de la empresa Directv Venezuela; acuerda la constitución de una junta directiva ad-hoc, presidida por Jorge Elieser Márquez Monsalve; y prohíbe vender y gravar los bienes de los directivos, así como la movilización de cualquier tipo de cuenta bancaria o instrumento financiero de su propiedad.

La decisión del TSJ carece de sentido jurídico y es inejecutable a nivel tecnológico, consideran las fuentes consultadas. “Tú puedes ordenar que Directv re-arranque, y puedes tomar las instalaciones con la Guardia, pero en Dallas, Texas es que autorizan la subida al satélite. Por lo tanto, unilateralmente no se puede arrancar el servicio”, explicó Fran Monroy, periodista especializado en tecnología.

Alí Daniels, abogado y director de Acceso a la Justicia, explicó que la sentencia del TSJ no tiene lógica porque ordena a Directv que emita una señal que no es de ellos. Aseguró que el Estado no tiene jurisdicción sobre la empresa American Telephone and Telegraph (AT&T), que fue la que tomó la decisión de cesar operaciones.

Con respecto a la prohibición de salida del país de la directiva de Directv, Daniels recalcó que se está responsabilizando a quien no tomó la decisión de cese de operaciones. “Allí hay una falta de racionalidad porque ellos sí están transmitiendo, pero no hay una señal con contenido, porque el contenido no es de ellos, es de AT&T”, subrayó.

Manifestó que esta medida podría generar mayores problemas para Directv, ya que empresas de telecomunicaciones estatales como Cantv brindan un servicio cada vez más limitado y, en general, la mayoría de las empresas que el Ejecutivo ha intervenido están en quiebra. 

“La empresa está intervenida, aunque la sentencia no lo diga con esas palabras (…) Es un gesto vacío para decir que están haciendo algo”, indicó el director de Acceso a la Justicia. En este caso, considera que al ser nula la medida, el gobierno de Nicolás Maduro solo busca generar expectativas que no podrá cumplir.

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, expresó que la medida tomada por el TSJ disminuye las posibilidades de que se restablezca el servicio, lo que a su juicio busca generar mayor desinformación en la población. “La dictadura amenaza y chantajea a Directv desde hace años. Ahora quiere tomar rehenes para evitar que vuelva la señal, todo para que tú no estés informado”, expresó el parlamentario en su cuenta de Twitter.

Luego de la suspensión de Directv, 45% de los usuarios de televisión por suscripción se quedó sin servicio, un vacío que difícilmente pueden cubrir el resto de las empresas del ramo. En Bolívar,  las empresas privadas de televisión por suscripción han decaído en los últimos 8 años, mientras que las regulaciones aplicadas por Conatel no permiten el crecimiento y, por el contrario, van en detrimento del servicio.

La pésima gestión del gobierno en materia de telecomunicaciones encuentra diversas muestras en su interior: La televisión satelital de Cantv está inoperativa y el servicio de internet ABA Cantv es deficiente en todo el país. Se teme que luego de esta nueva intervención, los equipos y bienes materiales de Directv puedan decaer, igual que el resto de las estatales manejadas por el Estado.

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