viernes, 17 de septiembre de 2021 | 7:02 AM

Obligan al régimen a resarcir a víctimas de la masacre de la cárcel de Vista Hermosa

La Corte Interamericana de Derechos Humanos resaltó que el Estado fue responsable por el hecho, de 2003, y concluyó que hubo negligencia en las investigaciones.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el Caso 12.814, de Orlando Edgardo Olivares Muñoz y otros (muertes en la cárcel de Vista Hermosa), respecto de Venezuela.

El caso se relaciona con las ejecuciones extrajudiciales de Orlando Edgardo Olivares Muñoz, Joel Rinaldi Reyes Nava, Orangel José Figueroa, Héctor Javier Muñoz Valerio, Pedro Ramón López Chaurán, José Gregorio Bolívar Corro y Richard Alexis Núñez Palma, cuando eran internos en la cárcel de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar. Dichas ejecuciones fueron llevadas a cabo por miembros de la Guardia Nacional en un operativo realizado en la cárcel el 10 de noviembre de 2003, en el cual resultaron heridos otros 27 internos, víctimas también en el presente caso.

La comisión concluyó que el Estado no ha brindado una explicación satisfactoria sobre las muertes y lesiones ocurridas bajo su custodia, de manera que pudiera desvirtuar la presunción de responsabilidad internacional que opera en tales circunstancias. Además, determinó que existen múltiples indicios que, tomados en su conjunto y ante la falta de un esclarecimiento adecuado de los hechos, permite concluir que el uso de la fuerza fue ilegítimo, innecesario y desproporcionado. En tal sentido, la comisión declaró violados los derechos a la vida y a la integridad personal en perjuicio de las víctimas ejecutadas y lesionadas.

La comisión concluyó además que el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de las víctimas heridas y de los familiares de las víctimas fallecidas. Al respecto, la comisión determinó, entre otros, que la investigación no ha sido exhaustiva, que las autopsias llevadas a cabo no son compatibles con los estándares internacionales aplicables, que no se ha analizado el contexto de las muertes, y que la averiguación de los hechos, la cual continúa pendiente, no se ha llevado a cabo en un plazo razonable. Por último, la comisión declaró violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los parientes de las víctimas ejecutadas por el sufrimiento y angustia ocasionada por la pérdida de sus seres queridos en las circunstancias descritas, así como la ausencia de verdad y justicia.

Reparar integralmente

En el Informe de Fondo, la CIDH recomendó al Estado de Venezuela reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe tanto en el aspecto material como inmaterial, incluyendo medidas de compensación económica y satisfacción; disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de los familiares de las víctimas fallecidas, así como los internos heridos, de ser su voluntad y de manera concertada; continuar la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe. Asimismo, la CIDH recomendó al Estado venezolano disponer mecanismos de no repetición que incluyan: asegurar que tanto en la legislación como en la práctica, las fuerzas militares no tengan facultades de ingreso a los centros penitenciarios con fines de custodia o respuesta a situaciones de orden público; y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que el personal de custodia de los centros de detención, incluso en situaciones de emergencia, sea de carácter civil y esté debidamente capacitado en materia penitenciaria y sobre los estándares relativos al uso de la fuerza, en los términos descritos en el informe de fondo.

La Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 1 de abril de 2019. Aunque el Estado informó sobre la derogatoria de la norma que facultaba a las fuerzas militares con la custodia de los centros de detención, la CIDH no contó con información sobre la implementación efectiva del cambio normativo ni sobre el cumplimiento de todas las demás recomendaciones, puntualmente las relativas a la reparación integral a los y las familiares y la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables.

Este caso permitirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrollar y consolidar su jurisprudencia respecto a las obligaciones de los Estados como consecuencia de su posición especial de garante de los derechos de las personas privadas de libertad y, en particular, las salvaguardas que deben implementarse al momento de dar respuesta a situaciones de alteración del orden público en un centro de detención, de manera que dicha respuesta, incluyendo el uso de la fuerza, sea compatible con el deber de respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad, de manera que no se cree un riesgo de que se materialicen ejecuciones extrajudiciales en tales contextos. En este marco, la corte podrá analizar la compatibilidad con la convención del uso de fuerzas militares en funciones de alteración del orden público con la especificidad del ámbito penitenciario. Igualmente, la Corte IDH podrá profundizar sobre el estándar de explicación satisfactoria sobre lo sucedido a personas bajo custodia y sus implicaciones directas en el deber de debida diligencia en la investigación de muertes violentas de personas privadas de libertad, con especial énfasis en cuando éstas ocurren de manos de agentes estatales.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. (CIDH)

¡Mantente informado uniéndote al canal de WhatsApp o Telegram del Correo del Caroní!

Hazlo a través de los siguientes links https://chat.whatsapp.com/Gk9ekJ3cLHT6eHXvCIjFBZ | https://t.me/NoticiasCorreldelCaroni

Más del autor

Trabajos sobre el Covid-19, la crisis de agua y el hambre figuran en XI Edición del Premio IPYS Venezuela

Un jurado de gran credibilidad reconoce el esfuerzo del periodismo venezolano en ofrecer miradas profundas que contribuyen a explicar y visibilizar violaciones de DD HH que se agravaron con la pandemia.

Gobierno propone incluir a Alex Saab al diálogo en México para intentar detener su extradición

Jorge Rodríguez propuso incluir al empresario solicitado por la justicia de EE UU a la delegación que negocia con la oposición, en otra desesperada maniobra tras el fracaso de las gestiones ante Cabo Verde. De paso, se trata de un chantaje a los actores involucrados en el diálogo facilitado por Noruega.

Tribunal de España suspende extradición del ‘El Pollo’ Carvajal hasta resolver petición de asilo

El ex jefe de inteligencia de Chávez es reclamado por los Estados Unidos ante presuntos delitos de tráfico de drogas y de armas. Fue detenido el jueves pasado en Madrid después de pasarse casi dos años prófugo de la Justicia.

Bachelet reitera que ingresos de los venezolanos son “insuficientes” para garantizar una vida digna

La jefa de la oficina de Derechos Humanos de la ONU reclama a Maduro un refuerzo de los servicios básicos, “particularmente para los grupos más vulnerables”, y ha lamentado “la ausencia de datos públicos para monitorear e informar adecuadamente las políticas públicas”. | Foto DPA

¡Síguenos!

Notas relacionadas

Elecciones del 21N: un incierto camino para encauzar el descontento y allanar una solución a la crisis política

Analizamos el panorama a tres meses de las elecciones regionales, mientras las necesidades sociales son mayores. La procesión va por dentro en el PSUV donde persiste el descontento por las imposiciones luego de las primarias. Pero el escenario no es menos complejo en la oposición. | Foto William Urdaneta

MUD y UNT van a la izquierda en el tarjetón electoral del 21 de noviembre

37 organizaciones políticas nacionales escogieron su posición en la boleta para las elecciones regionales y municipales sin grandes cambios entre los partidos de oficialismo y la Alianza Democrática, y con la MUD y sus aliados en una posición diferente a la tradicional.

MUD debe concretar alianzas y narrativa clara para lograr espacios el 21N

Para Jesús Seguías, presidente de DatinCorp, el mayor problema que enfrenta la oposición no es la abstención, pues hay estados donde han hecho estudios recientes, donde detectaron una participación superior al 60%.

Capturan a “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar de Chávez y Maduro, acusado por EE UU de traficar drogas

Después de dos años de desaparición, Carvajal rompió su silencio al compartir un comunicado rechazando la “persecución” del Gobierno español. | Foto Policía Nacional de España

Bachelet reitera que ingresos de los venezolanos son “insuficientes” para garantizar una vida digna

La jefa de la oficina de Derechos Humanos de la ONU reclama a Maduro un refuerzo de los servicios básicos, “particularmente para los grupos más vulnerables”, y ha lamentado “la ausencia de datos públicos para monitorear e informar adecuadamente las políticas públicas”. | Foto DPA

Dirigencia histórica de AD: “A quienes se apropiaron del partido los responsabilizamos por las décadas perdidas”

Con motivo del 80 aniversario de la organización política, estos dirigentes critican, reflexionan y llaman la atención a la dirigencia que divide a la oposición legítima, y a la que es proclive a las estrategias del régimen.