sábado, 4 de diciembre de 2021

Movimiento de DD HH exige respeto a la labor de los defensores en Venezuela

El Estado venezolano ha adoptado como política de gobierno la agresión hacia los defensores de derechos humanos, por lo que distintas ONG demandan el cese inmediato del hostigamiento en su contra.

 

El Movimiento de Derechos Humanos rechazó a través de un comunicado la política establecida por el Estado venezolano en contra de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que velan por la defensa y el respeto de los DD HH en el país.

En dicha denuncia participaron más de 100 organizaciones nacionales e internacionales, así como también activistas independientes. Las ONG han sido pilar fundamental para afrontar la emergencia humanitaria compleja, pues a través de ellas se canalizan alimentos, medicinas, insumos y, además, se le hace seguimiento a la situación de derechos humanos.

También condenan los ataques y agresiones que reciben y que esto se ha constituido en una política de Estado, partiendo de un discurso de odio y desprestigio que pretende desacreditar su trabajo de acompañamiento de las víctimas y de carácter humanitario.

El régimen de Maduro se basa en unos supuestos enemigos que desestabilizan la paz de la nación para justificar su arremetida en contra de las ONG imponiendo legislación restrictiva, acciones judiciales en su contra, agresiones, ataques digitales, persecución, detenciones, entre otros.

Esto ha construido un ambiento hostil para el desenvolvimiento de las organizaciones civiles y por consiguiente dificulta la asistencia a los afectados, que además los expone a la violencia existente por los altos índices de criminalidad, inseguridad e impunidad.

Evidencia de esto son las declaraciones de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, quien pidió investigar todas las organizaciones que reciban recursos provenientes del exterior para proceder a sancionarlas o suspenderlas.

“Vamos a aplicar todas las sanciones, el máximo de las sanciones que se pueda, a aquellos que reciben financiamiento de Estados Unidos para conspirar contra la patria”, expresó.

Cabello se dirigió directamente contra Provea por supuestamente recibir recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Por su parte, la ONG respondió a través de su cuenta que “no hay amenaza que nos desvíe de nuestra labor por los DD HH de los venezolanos”.

Además indicó que esta propuesta será llevada a la ANC para revisar las leyes de financiamiento de las ONG por entidades del exterior.

Actualmente la dictadura de Maduro está siendo investigada por la Corte Penal Internacional (CPI) por una denuncia realizada por una coalición de países que demandaron la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Durante las manifestaciones de 2014 y 2017 se reportaron numerosas faltas por parte del Estado, siendo las fuerzas de seguridad las principales responsables de la represión, detención arbitraria y asesinato de los ciudadanos que salieron a ejercer su derecho legítimo a la protesta.

En respuesta a esto, los defensores de derechos humanos exigieron que terminen todos los actos de criminalización y agresión, así como también, tomar las medidas necesarias para garantizar el correcto desenvolvimiento de sus organizaciones y la seguridad de sus trabajadores, cuyo único objetivo es atender a los más necesitados en esta etapa de crisis.

Una vez más queda en evidencia que los derechos humanos no son prioridad para Nicolás Maduro, y las organizaciones que los defienden constituyen una amenaza para la estabilidad de su Estado represor que ha instaurado la violencia como mecanismo para mantenerse en el poder.

La Asamblea General de la ONU adoptó en 1998 la Declaración de Defensores con el objetivo de promover y proteger los DD HH y las libertades fundamentales, destacando el exhorto a los Estados a “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos”.

En respuesta a esto, los defensores de derechos humanos exigieron que terminen todos los actos de criminalización y agresión, así como también, tomar las medidas necesarias para garantizar el correcto desenvolvimiento de sus organizaciones y la seguridad de sus trabajadores, cuyo único objetivo es atender a los más necesitados en esta etapa de crisis.

Una vez más, queda en evidencia que los derechos humanos no son prioridad para Nicolás Maduro, y las organizaciones que los defienden constituyen una amenaza para la estabilidad de su Estado represor que ha instaurado la violencia como mecanismo para mantenerse en el poder.

La Asamblea General de la ONU adoptó en 1998 la Declaración de Defensores con el objetivo de promover y proteger los DD HH y las libertades fundamentales, destacando el exhorto a los Estados a “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos”.

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