jueves, 21 de octubre de 2021

Misión de ONU: Complicidad de jueces, fiscales y aparato policial han agravado la crisis de DD HH en Venezuela

El segundo informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela concluye que el sistema de justicia ha fallado como un contrapeso de otras instituciones del Estado y ha dejado a solas a las víctimas de violaciones de derechos humanos, en especial, a los críticos del gobierno. | Foto DPA

El segundo informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela concluye que el sistema de justicia ha fallado como un contrapeso de otras instituciones del Estado y ha dejado a solas a las víctimas de violaciones de derechos humanos, en especial, a los críticos del gobierno. | Foto DPA

La Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó un nuevo informe en el que condena a la justicia venezolana por violaciones de los derechos humanos en contra de opositores al gobierno de Nicolás Maduro.

“Según nuestra última investigación, existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositoras y opositores”, explicó la presidenta de la misión, Marta Valiñas.

El segundo informe, que analizó las denuncias de 183 detenciones de opositores entre 2014 y agosto de 2021, señala que “la misión observa que en los casos investigados dichos opositores, opositoras, críticas y críticos del Gobierno, reales o percibidos, incluyen cada vez más a individuos y/o organizaciones que documentan, denuncian o intentan abordar problemas de derechos humanos o sociales y económicos en el país, así como individuos que interfieren, o se percibe que interfieren en los intereses políticos, económicos o criminales de ciertos actores del gobierno”.

Para ello realizaron 177 entrevistas y una encuesta a exjueces, fiscales o abogados, con las que concluyen que funcionarios públicos, incluso algunos de alto nivel, pudieron cometer este tipo de violaciones.

Entre los casos revisados están los que se documentó en 2020 y que involucran a fuerzas de Inteligencia del Estado que sometieron a detenidos de ambos sexos a “desapariciones forzadas de corta duración, tortura, incluida la violencia sexual, y ejecuciones extrajudiciales (…) No se encontró evidencia de que funcionarias y funcionarios de alto nivel hayan sido investigados o procesados en estos casos, ni en ningún otro que se haya investigado desde entonces”.

Indican que en 102 de las 183 detenciones de opositores reales o aparentes que examinó la misión, hubo funcionarios públicos de alto nivel que hicieron declaraciones públicas sobre el caso. Lo que demuestra que tienen acceso privilegiado a la investigación penal.

“En algunos casos, las declaraciones públicas también revelaron información sensible o confidencial relacionada con las investigaciones, incluyendo pruebas específicas, algunas de las cuales solo podrían provenir de funcionarios de la Fiscalía, de las fuerzas de seguridad o de los cuerpos de inteligencia”, explica la misión.

 

Si las y los fiscales y actores judiciales hubieran desempeñado adecuadamente su función constitucional, podrían haber evitado que se cometieran los crímenes y violaciones de derechos humanos”

 

Los organismos de inteligencia, Sebin y Dgcim, juegan un papel importante y tendrían una “carta blanca” en las investigaciones en las que el Ministerio Público interviene cuando es necesario para ratificar las decisiones, según afirmó un exfiscal a la misión.

Allí se expone el caso del doctor Leonard Hinojosa, detenido en el estado Zulia el 26 de octubre de 2020 y luego recluido en La Boleíta de la Dgcim en Caracas hasta el 12 de marzo de 2021, sin presentarlo ante un juez ni informar el motivo de su arresto.

Otro de los casos que destacan es el del dirigente opositor Fernando Albán, que murió en 2015 luego de caer al vacío desde el décimo piso de la sede del Sebin, cuando estaba detenido, así como el del oficial militar Rafael Acosta, que se desmayó y murió en una sala de audiencias de Caracas con signos evidentes de tortura en 2018.

El miembro de la misión Francisco Cox pidió no menospreciar la contribución del sistema de justicia venezolano a la crisis de derechos humanos en Venezuela. “Si las y los fiscales y actores judiciales hubieran desempeñado adecuadamente su función constitucional, podrían haber evitado que se cometieran los crímenes y violaciones de derechos humanos, o al menos haber erigido barreras jurídicas a la capacidad de los servicios de seguridad pública e inteligencia para cometerlos”. 

Impunidad abierta 

El informe detalla también que, en 113 de los 183 casos de detenciones examinados por la misión, los apresados o sus representantes denunciaron la comisión de tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las denuncias también se hicieron ante el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y tribunales de control.

Misión de Determinación pide una reforma urgente para la justicia venezolana, librarla de influencias políticas indebidas y garantizar que proteja los derechos de todos los venezolanos | Foto EFE

“En algunos casos, de las actas de las audiencias no surge que las autoridades judiciales hayan dado respuesta a estas denuncias. En otros, las juezas y los jueces de control respondieron ordenando al Ministerio Público que verificara las denuncias de tortura presentadas o que realizara exámenes médicos. Sin embargo, los mismos expedientes judiciales también revelan que simultáneamente ordenaban que las personas imputadas permanecieran en prisión preventiva, bajo la custodia de los presuntos torturadores, es decir, la Dgcim y el Sebin”, agrega el informe.

Entre los testimonios incluyen el de un detenido que denunció ante la jueza de control tres meses de torturas continuas, cuando ésta decidió devolverlo a la custodia del Dgcim. También el de una apresada que sufrió un aborto como consecuencia de las torturas infligidas. Hasta ahora no hay indicios de que se hayan tomado medidas efectivas de investigación para cada uno de estos hechos.

Irregularidades procesales e independencia 

Según la investigación, los jueces ordenaron prisión preventiva como medida rutinaria y no excepcional y, en ocasiones, magistrados y fiscales mantuvieron la detención y los cargos penales basándose en pruebas que “no indicaban actos delictivos ni demostraban la participación de la persona”.

La misión halló motivos razonables para creer que actores políticos venezolanos de alto nivel han ejercido una influencia significativa sobre el sistema de justicia, ya que según las entrevistas los jueces y juezas de todos los niveles reciben habitualmente órdenes sobre “cómo decidir las sentencias, a veces procedentes directamente de altas esferas del Gobierno y canalizadas a través de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia”.

En lugar de actuar como un contrapeso de otras instituciones del Estado y ofrecer protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos, el sistema de justicia ha facilitado su comisión y ha contribuido a la impunidad”

 

En cambio, los jueces que no siguieron la presión política terminaron perseguidos, denigrados e intimidados, como pasó con la exjueza María Lourdes Afiuni en 2009, víctima de las más crueles vejaciones.

Cox lamentó que, “en lugar de actuar como un contrapeso de otras instituciones del Estado y ofrecer protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos, el sistema de justicia ha facilitado su comisión y ha contribuido a la impunidad”. En ese sentido pidió una reforma urgente para la justicia venezolana, librarla de influencias políticas indebidas y garantizar que proteja los derechos de todos los venezolanos.

Las conclusiones detalladas contienen 45 recomendaciones, de acción urgente, dirigidas al Tribunal Supremo de Justicia, a las juezas y jueces penales, al Ministerio Público, a la Fiscalía Militar, a la Defensoría del Pueblo, a la Asamblea Nacional y al Poder Ejecutivo. 

Unidad Especializada de Investigaciones 

Mientras que para la administración del opositor Juan Guaidó, el informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela es un “nuevo golpe a la dictadura de Nicolás Maduro”, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, rechazó el informe y al mismo tiempo que informó que “en el marco de agilización e impulso procesal de las causas que son investigadas como presuntas violaciones a los derechos humanos, hemos decidido la creación inmediata de la Unidad Especializada de Investigaciones en Materia de DD HH”. (Con información de Europa Press)

En 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció una Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la resolución 42/25 por un período de un año, para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014

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