martes, 28 de septiembre de 2021

Maduro intenta consolidar participación opositora en elecciones mientras avanza en instauración del Estado comunal

La ONG Acceso a la Justicia advierte que la propuesta de Ley Orgánica de Ciudades Comunales busca vaciar de competencias a los estados y municipios, al tiempo que incrementaría la centralización del poder en manos del Ejecutivo, así como el control social. | Foto Acceso a la Justicia

La ONG Acceso a la Justicia advierte que la propuesta de Ley Orgánica de Ciudades Comunales busca vaciar de competencias a los estados y municipios, al tiempo que incrementaría la centralización del poder en manos del Ejecutivo, así como el control social. | Foto Acceso a la Justicia

El 28 de junio de este año Nicolás Maduro anunció el fin de una figura que se convirtió en un órgano paralelo de los gobernadores y alcaldes, a la que denominó “protectorados”, para la ONG Acceso a la Justicia esta acción responde a un intento para conseguir la participación opositora en las megaelecciones de noviembre, mientras el gobierno continúa avanza en consolidar un Estado paralelo, a través de iniciativas como la Ley Orgánica de Ciudades Comunales.

La organización expone que el proyecto de ley que la Asamblea Nacional (AN) controlada por el oficialismo aprobó en primera discusión crea una estructura social inexistente en la carta magna, denominada “ciudad comunal”.

“Se trata de una agregación de comunas en un ámbito territorial determinado, es decir, se presenta como una figura que desconoce y desnaturaliza la descentralización y la autonomía municipal y estadal, atentando contra los artículos 2, 5, 157, 158, 159, 168 y 184 constitucionales”, explican.

Asimismo, advierte que la propuesta, además de contradecir la descentralización político territorial, se presenta como una estructura prevista para desmontar el sistema republicano del Estado constitucional democrático.

“La ciudad comunal busca vaciar de competencias a los estados y municipios, al tiempo que incrementaría y potenciaría la centralización del poder en manos del Ejecutivo nacional, así como el control social. No hay que olvidar que las comunas, en las cuales se sustentan estas hipotéticas figuras, son organizaciones que serán controladas y dirigidas por este”, denuncia Acceso a la Justicia.

Construyendo un Estado paralelo

La organización recuerda que desde 2013 Maduro ha implementado progresivamente figuras contrarias al ordenamiento jurídico, y ha creado organizaciones sociales o asociativas que violan el principio de representación del pueblo y el modelo constitucional de Estado federal descentralizado.

Entre esas figuras, destacan los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creados en 2016 para mitigar la grave emergencia humanitaria compleja que afecta al país. Sin embargo, en la realidad ha sido una forma de control social.

De igual forma, resaltan la invención del Carnet de la Patria, una especie de documento de identidad que regula el acceso a alimentos y artículos de primera necesidad adquiridos a través de los CLAP.

Asimismo, la ONG recuerda que el Estado paralelo no comenzó con Maduro. “Ya Hugo Chávez había tomado medidas dirigidas a desmantelar la institucionalidad. Entre las primeras destacó la eliminación de la estabilidad de los jueces. También los llamados “círculos bolivarianos”, una forma de organización popular conformada por entre siete y once personas, para discutir los problemas sociales de la comunidad y buscar su pronta solución. Para Chávez, los círculos bolivarianos eran “el alma del pueblo”, sostienen.

También recuerdan que Chávez creó nuevas modalidades de organización social, como los comités de tierras urbanas, las misiones y los consejos comunales que en 2010 pasarían a formar parte de la “comuna” y el “Poder Popular”, con la finalidad de reemplazar el Estado federal.

Disolución institucional

Acceso a la Justicia sostiene que la ascensión de Maduro al poder continuó el proceso de disolución institucional en el país. Por ello, decidió designar en 2013 al derrotado aspirante a la Gobernación de Miranda, Elías Jaua, como protector de esa entidad. El funcionario recibió fondos que debió manejar el opositor Henrique Capriles Radonski, quien fue electo como gobernador.

Destacan que este hecho tiene su antecedente en la Alcaldía Metropolitana de Caracas, cuando en 2008 ganó las elecciones el opositor, Antonio Ledezma y en 2009 Chávez, para tratar de desconocer la decisión popular y con el respaldo de la AN, modificó el régimen y administración del Distrito Capital y estableció un Gobierno paralelo a cargo de un jefe que sería designado por el propio presidente de la República, a fin de usurpar las funciones y el presupuesto que tenía asignado el alcalde metropolitano.

“El régimen de Maduro prosiguió con la política gubernamental emprendida por su antecesor de desconocer la institucionalidad formal a través de los protectorados, y obviar a los titulares de los órganos constitucionales que habían sido electos mediante la votación popular, por el solo hecho de tratarse de líderes o candidatos de oposición”, denuncian.

Asimismo, insisten en que la figura del protectorado es una suerte de representante del Ejecutivo nacional para la administración de las gobernaciones y alcaldías, en función de los intereses del poder central, que para nada representa la voluntad democrática de los ciudadanos. (Con información Acceso a la Justica)

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