viernes, 17 de septiembre de 2021 | 6:00 AM

Los venezolanos protestaron 86 veces al día durante enero

En enero se contabilizaron 2.573 manifestaciones en todo el país y 35 personas asesinadas durante esas protestas, detalla el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en su último informe.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró en enero 2.573 manifestaciones. Esta cifra equivale a 86 protestas diarias en todo el país.

Al comparar con igual mes del año pasado, cuando se contabilizaron 714 acciones de calle, las protestas se incrementaron 360%.

En enero los reclamos se caracterizaron por:

Arreció el sistema de represión. Uso de grupos de exterminio para reprimir, conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y colectivos paramilitares. Dejando un saldo de 35 personas asesinadas durante las protestas y otras 8 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en allanamientos ilegales a viviendas, donde habitaban personas que presuntamente habrían tenido participación en las manifestaciones.

Articulación de las Redes de Acción y Articulación Sociopolíticas (RAAS) con el sistema de represión. Vecinos, integrantes de estas redes, ejecutan rol de agentes de inteligencia informando a cuerpos de seguridad sobre la ubicación e identidad de manifestantes.

La protesta política trascendió de los sectores de clase media alta. Se documentaron numerosas protestas en zonas donde habitan personas de escasos recursos económicos y que en el pasado se identificaban con el chavismo, y que fueron su base de apoyo electoral y de movilización. Su exigencia principal fue la renuncia de Nicolás Maduro.

Se destacan las protestas registradas en Caracas, en su mayoría en sectores cercanos al Palacio de Miraflores. Antiguos bastiones chavistas.

En sectores populares las modalidades de protesta más empleadas fueron cierres de calle y cacerolazos en horarios nocturnos.

Respaldo popular al presidente interino Juan Guaidó, en movilizaciones convocadas por partidos de oposición, logrando congregar a diversos actores sociales y políticos.

Asistencia masiva a las manifestaciones organizadas por partidos de oposición a nivel nacional. En su mayoría fueron concentraciones y marchas.

Repunte de saqueos e intento de saqueos.

Trabajadores del sector estudiantil lideran protestas por salarios dignos.

Continúan las protestas combinadas en 2019

Las protestas combinadas se mantuvieron al inicio del año. El mes pasado este fenómeno, en el que se exigen distintos derechos simultáneamente, ocurrió en 342 manifestaciones, es decir, 13,29% de las 2.573 documentadas.

Las protestas nocturnas volvieron a cobrar fuerza en todo el territorio nacional, tanto en zonas urbanas como rurales. El OVCS documentó al menos 507 manifestaciones en horas de la noche, que representan 19,70% del total registrado.

Las entidades que acumularon mayor número de manifestaciones fueron Distrito Capital (300); Táchira (247); Trujillo (224); Bolívar (222); Mérida (208) y Miranda (204).

Las condiciones políticas de Venezuela marcaron el comienzo de 2019. Esta situación se vio reflejada en 63,7% de las 2.573 documentadas por el OVCS, cuyo eje central tuvo que ver con la exigencia de derechos civiles y políticos, (DCP).

Aun así, la exigencia de los derechos civiles y políticos (DCP) no estuvo desligada de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) que marcaron la agenda del año pasado. Por el contrario, las necesidades de la población, sometida al deterioro de la calidad de vida por las políticas económicas, han sido visibilizadas en las actividades políticas.

Derecho a la participación política

Desde que la nueva directiva de la Asamblea Nacional (AN) asumió funciones el 5 de enero, se activaron cabildos abiertos en distintas zonas del país para atender los problemas de la población y marcar la ruta de una nueva lucha política contra el gobierno de Nicolás Maduro.

    

Cabe recordar que la jornada de votación realizada en mayo 2018 fue objeto de cuestionamientos y denuncias nacionales internacionales, debido a que no cumplió con los estándares internacionales de derechos humanos por no cumplir con los requisitos impuestos por el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, para considerarse una elección auténtica, por sufragio universal e igual y voto secreto. Además de haber sido realizada antes del lapso previsto legalmente, y convocada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano paralelo creado por el gobierno de Maduro para desconocer la Asamblea Nacional de mayoría opositora, y sin haber contado con la pluralidad de los partidos de oposición, tras la inhabilitación de las principales toldas políticas. Caracterizando la jornada como un acto carente de transparencia, fraudulento e inconstitucional.

Esta lucha por la recuperación del orden constitucional y la vigencia de los derechos humanos ha tomado cada vez más relevancia dentro de la población, que se ha sumado de forma pacífica y progresiva a las actividades convocadas por los partidos de oposición. El momento histórico fue el 23 de enero de 2019 con la juramentación del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, como presidente interino de la República, desconociendo el acto de juramentación de Nicolás Maduro del 10 de enero de 2019 ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para un nuevo período presidencial.

Desde entonces, las actividades de calle han sido permanentes. En asambleas ciudadanas, cabildos, concentraciones, marchas, cierres de calle, cacerolazos, la población ha manifestado su rechazo a Nicolás Maduro; responsabilizándolo por la crisis económica, las dificultades de acceder a alimentos y medicinas, y los problemas de servicios públicos.

Ya en 2018, la sociedad civil había salido a las calles de manera firme y decidida a reclamar mejores condiciones de vida. Las 12.715 protestas durante ese año expresaron un descontento acumulado ante la falta de políticas públicas eficientes y la indolencia y falta de implementación de correctivos por parte del Estado para hacer frente a la emergencia humanitaria compleja en la cual está inmerso el país.

Maduro responde a la protesta social y pacífica con represión

El sistema de represión continúa siendo la respuesta de Maduro para las protestas populares y pacíficas.

La respuesta estatal frente a la protesta popular y pacífica fue el uso desproporcionado y mortal de la fuerza. Mediante la acción de grupos de exterminio, conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y colectivos paramilitares. Dejando un saldo de 35 personas asesinadas durante las protestas en 10 estados del país.

Adicionalmente, 8 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en allanamientos ilegales a viviendas, donde habitaban personas que presuntamente habrían tenido participación en las manifestaciones.

En enero se destaca la participación de las Redes de Acción y Articulación Sociopolíticas (RAAS) en el Sistema de Represión. Vecinos, integrantes de estas redes, ejecutan rol de agentes de inteligencia informando a cuerpos de seguridad sobre la ubicación e identidad de manifestantes.

Maestros en pie de lucha

Los trabajadores venezolanos, que el año pasado lideraron las protestas, no han cesado en sus demandas y este 2019 continúan tomando las calles por la reivindicación de sus derechos laborales.

En enero realizaron 689 reclamos en defensa de sus contrataciones colectivas, protección del salario y del empleo. Hasta ahora sus demandas no han sido atendidas, por lo que cada día ven desmejoradas sus condiciones de vida.

Pese al aumento salarial decretado en enero, que llevó la remuneración básica de Bs 4.500 a Bs 18.000, los trabajadores siguen viendo desmejoradas sus conquistas históricas.

La precariedad del sistema público de salud, la fuga de talentos en el sector médico hospitalario, la escasez y altos precios de las medicinas han cobrado vidas de muchos venezolanos. Los propios pacientes y familiares de los enfermos han tenido que tomar las calles como llamado de atención a las autoridades para exigir servicios que garanticen su vida.

Trabajadores, familiares y usuarios de centros de salud participaron en al menos 118 protestas.

Paralelamente, líderes opositores al gobierno y estudiantes universitarios participaron en 31 manifestaciones para exigir la necesidad de que se abra un canal humanitario que permita la entrada de medicinas.

El colapso de los servicios se agudiza.

Los venezolanos siguen padeciendo falta de gas doméstico, agua potable y electricidad. Los reclamos se tradujeron en 104 protestas.

Saqueos e intentos de saqueo a comienzo de 2019

En enero se contabilizaron 101 saqueos o intentos de saqueo.

Nos preocupa el aumento de este tipo de manifestaciones violentas, cuya causa principal tiene que ver con el hambre, la desesperación y la impunidad. Hacemos un llamado a los venezolanos para demandar sus derechos de manera pacífica. Los hechos de violencia no están amparados por el derecho humano a la manifestación y reunión pacífica, por lo que no pueden ser tolerados en el marco de la exigencia de derechos.

Los saqueos e intentos de saqueo se registraron en casi todo el territorio nacional.

El OVCS reitera sus exigencias:

Avanzar hacia un proceso de transición para retomar la democracia, el Estado de Derecho y las libertades en Venezuela, mediante la realización de elecciones libres y transparentes.

Realizar las investigaciones pertinentes, de manera independiente, expedita y oportuna, para establecer las responsabilidades correspondientes por la muerte de manifestantes o terceros en el contexto de las protestas.

Poner fin a la orden dada a cuerpos de seguridad de reprimir a manifestantes, en lugar de velar por su seguridad y resguardo de sus vidas e integridad.

El cese inmediato de la participación de colectivos paramilitares, grupos de exterminio y organismos de seguridad no facultados para ejercer funciones de control de orden púbico.

Realizar las investigaciones pertinentes, de manera independiente, expedita y oportuna, para determinar las responsabilidades correspondientes por tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias ocurridas durante las manifestaciones.

Poner fin al procesamiento de niños, niñas y adolescente detenidos en protestas.

Atender las demandas de la población que a diario ve desmejoradas sus condiciones para disfrutar de una vida digna, mediante el ejercicio de su profesión u oficio, con los servicios y sistemas de salud que le garanticen calidad de vida.

Garantizar el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

Cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas y acciones de orden público según la sentencia de el Caracazo. (Observatorio Venezolano de Conflictividad Social).

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