lunes, 29 de noviembre de 2021

Letalidad policial en Venezuela cobró la vida de 2.853 personas durante 2020

La investigación de Provea y el Centro de Investigación Gumilla advierte sobre una política de Estado que combina el apoyo de las autoridades para la comisión de abusos y la impunidad del sistema de justicia. | FOTO ZUMA Press

La investigación de Provea y el Centro de Investigación Gumilla advierte sobre una política de Estado que combina el apoyo de las autoridades para la comisión de abusos y la impunidad del sistema de justicia. | FOTO ZUMA Press

Cuerpos policiales y militares del país asesinaron a 2.853 venezolanos durante el 2020 y cometieron graves violaciones a los derechos humanos que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad. Esto según el informe de Lupa por la Vida, un proyecto del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Centro de Investigación Gumilla, que investiga el impacto de la violencia policial y militar, enfocado en las ejecuciones extrajudiciales.

Las organizaciones atribuyen las víctimas de violencia institucional en Venezuela a una política de Estado que “combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos y la impunidad estructural dado el copamiento del sistema de administración de justicia por parte del proyecto político oficialista”, explican.

Sus datos revelan que la mayoría de las víctimas fueron jóvenes de sectores populares, entre 18 y 30 años de edad, evidenciando un patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de los jóvenes.

Destacan que los funcionarios actúan con plena libertad, dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada por contar con el respaldo de gobernadores, ministros y figuras de la gestión pública.


Aseguran que, en los pocos casos que se investigan, las instituciones actúan con discriminación. Como en el caso de cinco asesinados por las FAES en el sector El Limón de Caracas, la madrugada del 11 de junio. Una de las víctimas era escolta de la ministra Iris Varela, quien denunció lo ocurrido y exigió una averiguación. 48 horas después de los hechos, los presuntos responsables estaban detenidos.

“En Venezuela, la mayoría de la población no cuenta con el padrinazgo político y, por tanto, están excluidas del acceso al derecho a una investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los posibles responsables de ejecuciones extrajudiciales”, manifiestan.

El documento expone que en la mayoría de las actuaciones se maneja la versión de “presunto enfrentamiento” y, en consecuencia, el Ministerio Público no realiza las investigaciones, violando el debido proceso.

Las oenegés alertan que, en la mayoría de los asesinatos perpetrados por la fuerza pública, por la vía del testimonio de familiares se aportan elementos suficientes que conducen a presumir que se trata de ejecuciones extrajudiciales.

Además constataron en diferentes medios de comunicación las denuncias de 103 personas, cuyos familiares o vecinos aseguraron que habían sido detenidos con vida, pero luego aparecieron muertos.

Estados con más víctimas

 De acuerdo con el informe, los estados en los que la población sufrió con mayor rigor la violencia institucional de policías y militares fueron, por orden de letalidad: Zulia, Aragua, Bolívar, Lara, Carabobo y Miranda.


En todo el año pasado, Zulia fue el estado que registró más muertes por acción policial con 667, seguido de Aragua con 297, luego Bolívar con 269 y Lara con 193. Destacan que en muchos de estos casos familiares o vecinos desmintieron la versión de los cuerpos de seguridad.

Mayo fue el mes donde policías y militares actuaron con mayor letalidad. 379 personas fueron asesinadas en el medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, en el que la circulación de personas en la vía pública era mucho menor, pero los operativos violentos contra la población no cesaron. Solo entre los meses de marzo a junio, en pleno confinamiento, los policías y militares asesinaron a 1.091 personas.

FAES, los más letales

La Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente a través de su cuerpo élite las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), es el cuerpo policial más letal. Durante 2020, la PNB fue responsable de 672 asesinatos, lo cual representa el 23,55% del total.

Muy de cerca, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 593 casos, lo que equivale al 17,52% del todas las víctimas. Las policías estadales fueron responsables de 721 presuntas ejecuciones, equivalente a 25,71%, y destacan la letalidad de la Policía del estado Zulia responsable de 262 asesinatos, Aragua con 104 y la del estado Carabobo con 101 muertes.

 

En Venezuela, la mayoría de la población no cuenta con el padrinazgo político y, por tanto, están excluidas del acceso al derecho a una investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los posibles responsables de ejecuciones extrajudiciales”

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fue responsable de 359 casos, en su mayoría responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Resaltan el incremento en el número de casos responsabilidad de la FANB. Para 2019, Provea identificó la participación de la FANB en 55 presuntas ejecuciones. Atribuyen este aumento al cada vez más creciente proceso de militarización de las labores de seguridad ciudadana.

Las policías municipales, por su parte, fueron responsables de 134 presuntas ejecuciones. Estas policías, que están definidas como policías principalmente de carácter preventivo, participan con mayor frecuencia en operativos donde el resultado es dar muerte a presuntos delincuentes.

En el caso de las FAES, una investigación del diario TalCual destaca que utilizaron los mismos procedimientos, fueron similares los objetivos y las denuncias de los familiares y vecinos idénticas a las de 2019. Por otro lado, mencionan como su principal centro de operaciones a las barriadas más pobres de las ciudades y pueblos de Venezuela y algunas áreas rurales. (Con información de Provea y Centro Gumilla)

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