miércoles, 5 de mayo de 2021 | 10:54 PM

La Constituyente de Maduro sirvió para consolidar un régimen de sesgo totalitario

La ONG Acceso a la Justicia concluye que la Asamblea Nacional Constituyente solo dio más poder al gobierno para perseguir a la disidencia.

Más de tres años pasaron desde que el oficialismo celebró elecciones para establecer una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), desconocida y cuestionada nacional e internacionalmente, solo sirvió para perseguir a la disidencia.

Desde su instalación en 2017, jamás cumplió con lo que debía: transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución, según lo que el artículo 347 de la Constitución contempla como tareas de una ANC.

“La ANC, en cambio, se ha dedicado a atacar a la Asamblea Nacional (AN), electa en diciembre de 2015, asumir sus funciones y perseguir a la disidencia”, afirmó la ONG Acceso a la Justicia en un reciente informe sobre los resultados de la írrita Constituyente de 2017.

En el Informe sobre la Asamblea Nacional Constituyente: su utilización como parte de la fachada institucional en Venezuela, esta organización concluyó que la instancia fue activada “con el objetivo de arrogarse las competencias parlamentarias y, en consecuencia, profundizar la obstrucción al funcionamiento del Poder Legislativo y la persecución de sus diputados”.

La figura de la ANC apareció con la llegada de Hugo Chávez al poder. La Constitución de 1961 no contemplaba este mecanismo, por lo que se solicitó ante la extinta Corte Suprema de Justicia una revisión de esta solicitud, la cual avaló. Entonces nació la Carta Magna de 1999.

“Durante su funcionamiento, la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 no solo se encargó de redactar una nueva Constitución sino que también se ocupó de intervenir todos los demás poderes del Estado, que habían sido electos democráticamente, lo que implicaba que los actos dictados por la Constituyente no estaban sujetos a control alguno ni a la Constitución ni a los tratados sobre derechos humanos”, recordó Acceso a la Justicia.

“Lamentablemente, este precedente se convertiría en la principal arma de inspiración para que la Asamblea Nacional Constituyente, convocada e instalada en 2017 pudiera hacer lo mismo, es decir, dictar una cascada de decisiones de manera arbitraria para favorecer los intereses del gobierno de Maduro, mientras redactara la nueva carta constitucional”, agregó el informe.

Arma contra la disidencia

En campaña, los postulados a esa ANC insistieron en crear una nueva Constitución que ni siquiera se discutió en ninguna de sus asambleas. Propusieron incluir reglamentos y leyes ya existentes, y que el mismo régimen se ha encargado de violar, como la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras.

Después de que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ganó en las parlamentarias de 2015 un total de 112 diputados de la Asamblea Nacional, que jugaría un papel decisivo en el proceso de cambio o transformación del régimen político como única instancia legítima, democrática y representativa, se desencadenó la crisis bajo la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia, y que tampoco resolvió, como el tema de la representación de Amazonas.

“Hoy en día, casi después de cinco años, ese juicio iniciado por el Tribunal Supremo de Justicia no ha finalizado en sentencia alguna, poniendo en evidencia su connotación política; la Asamblea Nacional ha visto cómo se anularon todos y cada una de las leyes y otros actos por ella dictada, lo que pone en evidencia el propósito de impedir su legítimo funcionamiento”, destacó el informe de Acceso a la Justicia.

En 2016 la oposición intentó activar un referéndum revocatorio en contra de Nicolás Maduro, y a pesar de cumplir con todo el procedimiento que establece la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el Consejo Nacional Electoral se inventó nuevas trabas para impedir el proceso hasta suspenderlo indefinidamente, luego de que los tribunales de Aragua, Carabobo, Bolívar, Apure y Monagas anularan la verificación del 1% de firmas recolectadas para solicitar el revocatorio, y se denunció un supuesto fraude.

En 2017, en medio de las protestas, Maduro dictó el decreto presidencial N° 283.047, a través del cual convocó directamente el proceso constituyente y omitió consultar al pueblo previamente si quería o no una nueva constitución.

“Las circunstancias que rodearon el planteamiento del gobierno de Maduro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente traerían consigo diversas críticas, dentro y fuera del país, especialmente por la grave ruptura del Estado de derecho que su convocatoria significaba luego de que desconociera la voluntad popular”.

El 4 de agosto de 2017 se instaló la Constituyente en el Palacio Federal Legislativo.

“A la fecha de hoy, no se conocen las publicaciones del orden del día de las sesiones: básicamente sesiona cuando es convocada para algún acto particular, especialmente cuando lo ordena el gobierno de Maduro. Igualmente no se conoce si cumple o no el quórum para sesionar o aprobar sus decisiones. En suma, es un órgano político que ha tenido como objetivo desmantelar y liquidar las funciones de la Asamblea Nacional”, expuso Acceso a la Justicia.

El informe agregó que “la ANC se ha convertido en una herramienta de persecución contra la disidencia desde el primer momento; prueba de ello es que su primera decisión, nada más al instalarse el 4 de agosto de 2017, fue remover a la fiscala general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien en abril de 2017 rompió con el Gobierno debido a los fallos mediante los cuales la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prácticamente aniquiló a la AN”.

Esa fue la primera de muchas. Desde 2017 sentaron las bases para ilegalizar a decenas de partidos políticos de oposición, todo en represalia por no haber participado en las elecciones municipales de diciembre de ese año, luego de consumarse el fraude en las elecciones de gobernador en Bolívar.

Ley contra el odio

La ANC también aprovechó para dar “legalidad” a la persecución política a través de la Ley del odio, la cual se configuró como “un arma dirigida contra la disidencia o la crítica, al mismo tiempo que fomenta la censura y la autocensura; que se trata de un instrumento contra libertad de expresión de las personas, que promueve el cierre de medios y emisoras, así como los bloqueos de portales, cuyo contenido u opiniones que se expresen sean consideradas por el Gobierno como críticas a su postura”.

Así vinieron otros instrumentos de persecución, como la Ley Constitucional de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, Ley Constitucional de Precios Acordados, Ley Constitucional del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), Ley Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadores, entre otras.

“Ahora bien, lo más alarmante del ejercicio de las funciones políticas por la Constituyente usurpando competencias exclusivas de la Asamblea Nacional -en particular porque estaría avalado por el Tribunal Supremo de Justicia-, es el allanamiento de la inmunidad parlamentaria para enjuiciar a los representantes electos del Poder Legislativo”, se destaca en el informe.

El trabajo de Acceso a la Justicia concluyó que “desde la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, el gobierno de Maduro goza de un control absoluto sobre los poderes públicos. En efecto, tras las constantes modificaciones jurídicas que la instancia ha incorporado arbitrariamente en el país, se ha formalizado un régimen en el que la figura de Maduro es la que se impone y prevalece, en contraste con la estructura organizativa y la separación de poderes prevista en la carta venezolana, sumada a la imposición de mecanismos de control social que son utilizados con fines electorales, incluido el uso coactivo de programas de distribución de alimentos”.

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