domingo, 16 de mayo de 2021 | 12:15 PM

IPYS: 2019 fue el mayor retroceso para la libertad de expresión en Venezuela

Persecución, detenciones arbitrarias y censura fueron los mecanismos utilizados por el régimen de Maduro para intentar cercenar el derecho a la libertad de expresión y ocultar la crisis venezolana.

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) identifica en su reporte anual cómo el Estado venezolano ha instaurado una política en contra de los periodistas y medios de comunicación, siendo el 2019 el año en que se ha registrado el retroceso a nivel informativo más grande de los últimos años.

El poder estatal se convirtió en la entidad responsable de la mayoría de casos contabilizados debido a que se dieron en el marco de un escenario político lleno de manifestaciones y violaciones a los derechos humanos que al régimen de Maduro no le conviene que se conozcan.

La libertad de expresión representa un pilar fundamental de los países democráticos y por naturaleza representa una amenaza para cualquier dictadura o gobierno autoritario, como lo es el caso venezolano.

   
Las autoridades gubernamentales cometieron 338 violaciones a la libertad de expresión en 2019

En total, IPYS registró en 2019 1.032 violaciones a los derechos de libertad de expresión y acceso a la información pública por parte de medios, periodistas o ciudadanos de los cuales 512 fueron por abuso de poder estatal.

En el informe se denuncia que las fuerzas represivas de Maduro tienen la orden directa de silenciar a todo aquel que intente reportar la verdad de los hechos que pueden afectar su estabilidad. Esto se demuestra con 146 casos de agresiones, retención de equipos, detenciones arbitrarias, acoso e intimidación.

Además, señala que la mayoría de las violaciones (61%) sucedieron en la primera mitad de 2019 debido a la coyuntura política que se vivía en el momento y que el mayor porcentaje de detenciones a periodistas estaba relacionadas con los eventos que involucraban a la oposición venezolana, como por ejemplo la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino, el ingreso de la ayuda humanitaria o lo ocurrido el 30 de abril durante un intento de sublevación militar en Caracas.

A esta lista se suma la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que ha demostrado ser un peón más de la dictadura y contrariar sus mismos principios con numerosos casos de censura y tergiversación de la verdad. Esta organización sumó 36 violaciones a la libertad de expresión, amparados además, por una legislatura con favoritismo impuesta por los tribunales.


La regulación de contenidos en radio y televisión por Conatel fue una de las acciones más abusivas para ocultar el escenario político del momento
   

En 2019 la señal de National Geographic (Estados Unidos), Antena 3 (España), Radio Caracol (Colombia) y 24 Horas (Chile), CNN en Español y BBC Mundo fue eliminada arbitrariamente por Conatel de la parrilla de programación de Directv, Movistar, Intercable y Supercable por transmitir la situación política.

Asimismo, el bloqueo web de portales informativos se llevó a cabo por orden directa del órgano encargado de regular las comunicaciones, sumándose a la restricción del contenido de YouTube, Google, Microsoft Bing y Facebook.

IPYS a su vez señala que la labor periodística es una de las más vulnerables por las condiciones a las que se deben exponer los reporteros. 91 hechos de intimidación, 53 agresiones físicas, 33 ciberagresiones, 26 ataques contra sus herramientas de trabajo, 21 hechos de acoso, 13 amenazas de agresión física, 10 robos y 8 confiscaciones, fueron algunos de los números contabilizados.

El silencio gubernamental fue otro aspecto a destacar del informe presentado por IPYS, debido a que la Constitución establece que los ciudadanos deben ser informados veraz y oportunamente por la administración pública y que es deber de ella atender las peticiones de los ciudadanos en materia de información.

   
El abuso de poder y las limitaciones impuestas a la prensa libre contribuyeron al aumento de la censura en el país

Pero la actuación del Estado ignora totalmente lo dicho en la Carta Magna, siendo el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) muestra ejemplar de ello ya que no publican cifras de ningún aspecto.

Todo esto trae como consecuencia la censura, y Venezuela se ha convertido en un territorio donde la dictadura procura callar a todo aquel que pueda utilizando cualquier mecanismo que tenga al alcance. En este renglón Caracas se encuentra en el primer lugar con 118 casos de censura materializados a través de agresiones, persecuciones, prohibición al acceso a la información pública, entre otros.

En el estado Bolívar se contabilizaron 23 casos de censura causados por los mismos patrones que tiene el accionar de la dictadura sobre la libertad de expresión.

Queda demostrado que existe una planificación estratégica y sistemática para arremeter en contra del derecho a la información y de los trabajadores de la prensa, quienes buscan cumplir con su titánica labor e informar verazmente el proceso político que se está viviendo en Venezuela a pesar de las circunstancias que tienen frente a ellos.

 Para leer el informe completo de IPYS ingresa a: Voces en el paredón

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