viernes, 18 de junio de 2021 | 4:20 AM

Informe de Fundaredes ubica a Bolívar como el segundo estado fronterizo más violento de 2020

El informe sobre la curva de violencia en estados fronterizos durante 2020 reseña que se registraron 1.613 homicidios, 208 desapariciones y/o secuestros y 555 enfrentamientos en Zulia, Bolívar, Táchira, Falcón, Apure y Amazonas. | Foto cortesía El Nacional

El informe sobre la curva de violencia en estados fronterizos durante 2020 reseña que se registraron 1.613 homicidios, 208 desapariciones y/o secuestros y 555 enfrentamientos en Zulia, Bolívar, Táchira, Falcón, Apure y Amazonas. | Foto cortesía El Nacional

El confinamiento por la pandemia de COVID-19 no significó una reducción de la violencia en seis estados fronterizos monitoreados por la ONG Fundaredes. Por el contrario, el informe Curva de la Violencia 2020, registró cada vez mayor presencia de grupos irregulares armados en territorio venezolano que, junto con la violencia policial, incidió en el número de homicidios, desapariciones y muertes por presuntos enfrentamientos.

Javier Tarazona, director general de Fundaredes, detalló que Zulia, Bolívar y Táchira fueron los estados más violentos de 2020. Les siguen Falcón, Apure y Amazonas.

En las seis entidades monitoreadas ocurrieron 1.613 homicidios, de los cuales 1.529 víctimas eran hombres, 74 mujeres y no fue posible determinar el género de 10 personas. En 2019, en cambio, fueron 455 crímenes los registrados.

En Zulia se contabilizaron 604 homicidios, 536 en Bolívar, 249 en Táchira, 167 en Falcón, 50 en Apure y 7 en Amazonas.

“Las edades de las víctimas de los homicidios comprenden entre los 10 meses y los 85 años; 47 eran niños, niñas o adolescentes, lo que evidencia la muerte violenta de menores de edad y jóvenes en edad productiva”, indica el informe.

En cuanto a las desapariciones y/o secuestros, el informe expone la indiferencia del Estado para la investigación y seguimiento de las denuncias de familiares de las víctimas. “Se trata de delitos recurrentes que siguen ocurriendo por la impunidad imperante en el país”.

En 2020 hubo al menos 208 desapariciones y/o secuestros, 128,57% más que del total registrado en 2019 por la ONG.

“En el estado Táchira se registró el mayor número de personas desaparecidas en el año 2020, con 69 casos, de ellos 17 de mujeres. Bolívar ocupó el segundo lugar, con 56 casos, de los cuales 31 fueron hombres y 19 mujeres y, en 6 casos, no fue posible determinar el género. En Falcón se registraron 46 personas desaparecidas, la gran mayoría en hechos ocurridos en altamar donde se ha reportado la existencia de bandas criminales que trafican personas, así como, en naufragios de migrantes retornados de las islas del Caribe a donde intentaron llegar”, señala el informe.

En este renglón, Zulia se ubicó en cuarto lugar con 36 casos, seguido de Apure con 16 casos, y en Amazonas hubo dos hombres desaparecidos. “Algunos estados fronterizos como Apure, Táchira y Zulia, donde tienen amplia presencia grupos guerrilleros, fueron utilizados durante el año para mantener en cautiverio a personas secuestradas en Colombia”.

Los enfrentamientos armados también fueron un elemento en el aumento de los homicidios. El año pasado hubo 555 enfrentamientos en los seis estados fronterizos analizados en la Curva de la Violencia, con 855 víctimas; es decir, más de la mitad del total de homicidios (1.613) registrados por la ONG.

“En el estado Zulia hubo 286 enfrentamientos que acabaron con la vida de 454 personas; le siguió el estado Bolívar con 168 enfrentamientos y 233 víctimas; Falcón con 50 enfrentamientos y 59 personas muertas en esos hechos; Táchira registró 46 enfrentamientos con 82 víctimas; Apure con 4 enfrentamientos que dejaron 26 muertos; y por último, Amazonas con un enfrentamiento y una víctima. El estado Bolívar presentó la tasa de enfrentamientos más alta: 20,23 por cada 100.000 habitantes”, detalla Fundaredes.

Sindicatos y guerrilla

Sobre el estado Bolívar el informe de la Curva de Violencia 2020 destacó que el flagelo persiste en la entidad “por las mafias del oro, autodenominadas ‘sindicatos’, además de la guerrilla de origen colombiano y por los cuerpos de seguridad que también participan en hechos de violencia que disparan las tasas de mortalidad. Estructuras criminales conocidas por su crueldad, en complicidad con las autoridades, cobran vacuna, bajo la calificación de ‘impuesto’ a los mineros y comerciantes para permitirles trabajar. A los primeros les exigen el pago en oro, a los demás en divisas extranjeras”.

El documento dice que “muchas víctimas no se atreven a denunciar por miedo a ser mutilados o asesinados. Las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están presentes en el sur del país tras el oro venezolano, aunque también se han dedicado a construir rutas para el narcotráfico y a reclutar a niños y jóvenes para sumarlos a sus filas”.

La periodista de investigación en frontera y tema militar, Sebastiana Barráez, concluyó sobre este informe que existe peligro de perder la república por la alta presencia de grupos paramilitares y guerrilleros en territorio venezolano.

 

Algunos estados fronterizos como Apure, Táchira y Zulia, donde tienen amplia presencia grupos guerrilleros, fueron utilizados durante el año para mantener en cautiverio a personas secuestradas en Colombia”.

“Grupos paramilitares y guerrilleros han tomado nuestro territorio y lo han hecho de una manera atroz porque no es que las bandas criminales se estuvieran inaugurando en nuestro territorio, la guerrilla venía permeando desde antes de llegada de Hugo Chávez al poder, pero teníamos a la Fuerza Armada Nacional defendiendo nuestro territorio”, recordó.

Barráez destacó también que hay una gran cantidad de muertos no registrados en ninguna data, ya que los grupos irregulares no dejan rastros de ellos. “Es atroz lo que nos está pasando”.

Para la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, los datos revelados por el informe de Fundaredes indican que diariamente hay más de cuatro homicidios y cada seis horas asesinan a una persona en los estados fronterizos evaluados. Acotó que en el estudio no están incluidos los estados Delta Amacuro y Sucre, por lo que las cifras podrían duplicarse o triplicarse.

“Estas cifras nos dicen que cada dos días es desaparecida o secuestrada una persona en la frontera, y todos los días hay entre uno y dos enfrentamientos armados en la frontera venezolana. En las fronteras venezolanas, más allá de considerarse peligrosa y violenta, se encuentran cifras que se acercan a la de una guerra”, expuso San Miguel.

A ello se suma una economía ilegal en expansión, donde además de los grupos irregulares armados se involucran cada vez efectivos de cuerpos de seguridad del Estado. La presencia cada vez mayor de grupos armados al margen de la ley, también ha llevado a la población a tener que convivir con estos grupos.

La alta presencia del ELN

Para San Miguel preocupa la presencia del Ejército de Liberación Nacional en Venezuela, ya que se calcula que en Colombia existen unas 7 mil personas armadas, sin incluir los individuos que integran redes de apoyo a milicianos -unas dos mil personas-, de las cuales el 30% de personas armadas de Colombia podría estar en territorio venezolano, advirtió.

“La dinámica de comportamiento está avanzando a un punto en que el ELN se autonombra como guerrilla binacional. Es un cambio sustancial que debe tomarse en cuenta porque simbólicamente nos muestra la capacidad de incidencia del ELN dentro de la frontera y territorio venezolano”, alertó la presidenta de Control Ciudadano.

Agregó que entre 60% y 65% del accionar del ELN en Colombia se está dando en la frontera con Venezuela, e incide en la violencia, desapariciones homicidios y enfrentamientos. Además, este grupo no está de acuerdo con el alto perfil con que está actuando la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que está queriéndose hacer notar en sus objetivos políticos dentro de territorio venezolano.

San Miguel hizo hincapié en advertir que esta situación puede llegar en corto lapso a homicidios colectivos en la frontera venezolana, como ha sucedido en el conflicto armado en Colombia.

 

Las guerrillas del ELN y de las FARC están presentes en el sur del país tras el oro venezolano, aunque también se han dedicado a construir rutas para el narcotráfico y a reclutar a niños y jóvenes para sumarlos a sus filas”.

El director del Instituto de Ciencias Penales, Criminalística y Criminología de la USM, Fermín Mármol García, destacó que este informe “sirve para confirmar quiénes han sido los verdaderos aliados de este proceso político  y, por otro lado, quiénes son sus adversarios”.

Señaló que los resultados demuestran que “las instituciones no es que no resuelven los problemas, son parte del problema en la frontera, y eso es primitivismo institucional, pero también primitivismo social. Por un lado, desplazar la cultura del ciudadano por el mero sobreviviente y poblador, y una modificación del gentilicio del venezolano a quien no le queda otro remedio que convivir con lo anómalo, y está el primitivismo criminal”.

El periodista especializado en criminalística, Javier Mayorca, analizó la proporción de homicidios registrados en 2019 con los de 2020.

Explicó que en 2019, los homicidios en los seis estados fronterizos estudiados por Fundaredes, representaron un 26% del total de todo el país. En 2020 la proporción no cambió.

En cuanto a las “muertes por resistencia a la autoridad”, en 2019 el 22.8% de estas muertes ocurrió en estados de frontera, mientras que en 2020 este porcentaje se elevó a 28.8%. Mayorca destacó que en Zulia la letalidad policial fue mayor a la delincuencial, al registrarse 732 muertes por presunta resistencia a la autoridad y 558 por otros factores.

En Bolívar la mayoría de los homicidios fueron por factores distintos a cuerpos de seguridad, pero hubo 278 fallecidos por supuestos enfrentamientos con policías o militares, mas militares que policías, acotó Mayorca.

El informe concluyó que, en el caso de Bolívar, su territorio “representa el mayor atractivo para los grupos criminales por las riquezas auríferas que explotan de manera descontrolada en el Arco Minero del Orinoco”.

También denuncia que los organismos de seguridad del Estado venezolano, junto con los grupos irregulares colombianos y grupos colectivos venezolanos, participaron en extorsiones por el uso y tránsito por las trochas.

Concluyó también que pese a las reiteradas denuncias contra organismos de seguridad del Estado, como responsables de la mayoría de los enfrentamientos armados y las muertes resultantes de ello, persiste el argumento de estos “enfrentamientos”, cuando en realidad se dieron ejecuciones extrajudiciales, una política de exterminio que se ha vuelto costumbre de los cuerpos de seguridad del Estado.

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