Bruselas.- La Unión Europea ha instado este lunes a las autoridades de Caracas a garantizar los «derechos civiles, libertad e integridad física» del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tras ser detenido «arbitrariamente» este domingo durante media hora por parte de agentes de los servicios secretos venezolanos, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuando se dirigía Caraballeda, en la costa cercana a Caracas, para participar en un acto político.
«La Unión Europea se solidariza con el presidente de la Asamblea Nacional, la institución democráticamente electa del país y espera que las autoridades relevantes garanticen sus derechos civiles, libertad e integridad física», ha subrayado el servicio diplomático europeo en un comunicado.
El Servicio Europeo de Acción Exterior, que dirige la alta representante Federica Mogherini, ha extendido esta petición para «todos los miembros de la Asamblea Nacional en consonancia con su inmunidad constitucionalmente protegida».
La Unión Europea también ha instado a Caracas a garantizar «el pleno respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, incluidas la libertad de prensa y medios», tras recordar que «dos periodistas también fueron temporalmente detenidos».
La UE desconoció el jueves la toma de posesión de Nicolás Maduro para asumir su segundo mandato presidencial en Venezuela –a la que ni la UE ni los 28 miembros enviaron representación alguna- tras imponerse en unas elecciones que, para el bloque, «no fueron ni libres ni justas», al tiempo que ha amenazado con adoptar más sanciones si se siguen socavando la democracia y los Derechos Humanos en el país.
El bloque aseguró que mantendrán los canales de diálogo abiertos en apoyo a una solución democrática a la crisis e instó a Maduro «a reconocer y respetar la función y la independencia de la Asamblea Nacional, como institución elegida democráticamente, a liberar a todos los prisioneros políticos, a respetar el Estado de Derecho, los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y a hacer frente de inmediato a las acuciantes necesidades de la población».
«La UE seguirá vigilando de cerca la evolución sobre el terreno y permanecerá dispuesta a reaccionar con medidas adecuadas frente a las decisiones y acciones que socaven aún más las instituciones y principios democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos», avisó el bloque en una declaración consensuada.
La UE ha sancionado a un total de 18 altos cargos venezolanos políticos y militares, entre ellos Diosdado Cabello, así como los vicepresidentes Tareck El Aissami y Delcy Rodríguez, el fiscal general, Tarek William Saab y el presidente del Tribunal Supremo venezolano, Maikel Moreno, por el deterioro democrático y de la represión civil y ha impuesto un embargo de armas y de equipos susceptibles de ser utilizados para la represión interna a Venezuela.
Grupo de Lima se suma a condena
El Grupo de Lima condenó también la «detención arbitraria» de Guaidó y expresó el «más contundente rechazo a cualquier acción que afecte la integridad física de los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela, de sus familias y colaboradores, y frente a cualquier presión o coacción que impida el pleno y normal ejercicio de sus competencias como órgano constitucional y legítimamente electo en Venezuela».
El documento está firmado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.
Además, los países han emitido comunicados de condena por separado como el de Colombia, que «condena vehementemente el secuestro por unas horas del diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, único órgano legítimo y constitucionalmente elegido en Venezuela.
Bogotá critica estos actos «en contra de la libertad, la seguridad y la integridad de los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela» y reitera su reconocimiento de la Asamblea Nacional.
Chile, por su parte, condena «en los términos más enérgicos la detención, esta mañana, por casi una hora, del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, diputado Juan Guaidó, por parte de la policía política venezolana». Santiago expresó su «irrestricto apoyo a la Asamblea Nacional, único órgano legítimo y democráticamente elegido en Venezuela y exige al régimen venezolano poner fin a estos actos de amedrentamiento contra la oposición democrática».
Por último, el Gobierno de Chile reitera su «solidaridad» y la del conocido como Grupo de Lima y gran parte de la comunidad internacional «con los demócratas venezolanos que luchan por la libertad y la democracia en su país».
Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó su rechazo «absoluto» a la detención de Guaidó, lo que ha tildado de «secuestro». «Condena y rechazo absolutos al secuestro del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. La comunidad internacional debe detener los crímenes de Maduro y sus esbirros», ha aseverado en su cuenta de Twitter.
«Su posterior liberación no es un factor atenuante. El despido de los ejecutantes tampoco. Muy por el contrario, solo enfatiza que Maduro y las diferentes camarillas continúan cometiendo crímenes y usándolos como instrumentos de amedrentamiento y coacción», manifestó.
Además, expresó que «este episodio demuestra que la usurpación sólo puede actuar por medio de la persecución, la intimidación de los demócratas, las detenciones ilegales, el secuestro y otros crímenes de lesa humanidad que oportunamente hemos denunciado ante la Corte Penal Internacional».
«Una transición a la democracia como la que hoy lidera el presidente interino exige el desmantelamiento del aparato de represión, la Inteligencia que opera al servicio de la narcotiranía usurpadora, sus esbirros y sus socios, y exige especialmente el compromiso de las fuerzas del orden con las instituciones de Venezuela», ha explicado.
Almagro instó a la comunidad internacional a «aunar esfuerzos y coordinar estrategias de apoyo a las instituciones legítimas de Venezuela, la Asamblea Nacional, el presidente interino y el Tribunal Supremo de Justicia legítimo a efectos de acelerar el proceso de democratización de Venezuela». (Europa Press)
