La exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz, crítica con el régimen de Nicolás Maduro y destituida en 2017 por el chavismo, solicitó protección internacional al Gobierno de España.
Señala Ortega, en un comunicado remitido a la Agencia EFE, que el pasado 13 de octubre realizó los trámites de solicitud de asilo político en España asistida por su asesor jurídico, el abogado Ismael Oliver.
Ortega, se convirtió en una de las voces más críticas con el actual régimen venezolano. Está exilada en Colombia desde 2017, cuando fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, de composición chavista, acusada de cometer “actos inmorales”.
Su destitución fue, según consideró Ortega entonces, “un paso más del gobierno de Nicolás Maduro hacia el establecimiento de una dictadura”.
2 años después, la exfiscal general se posicionó a favor del opositor Juan Guaidó y pidió apoyo para él.
Guaidó fue reconocido en 2019 presidente interino de Venezuela por más de 50 países, entre ellos España.
Luisa Ortega aún se considera fiscal
Luisa Ortega sostiene que sigue siendo la legítima fiscal general de Venezuela hasta el próximo 31 de diciembre.
En 2017 manifestó que en su país “se produjo la ruptura del orden constitucional, debido a que el Poder Ejecutivo desconoció el Estado de Derecho y la separación de poderes vigentes en el país”.
Tras sus declaraciones, añade el comunicado, “las fuerzas militares asaltaron” las instalaciones de la Fiscalía y “atacada con turbas violentas vinculadas al oficialismo” chavista.
Esta acciones -explica el documento- provocaron “represalias” contra de ella y su familia, “sometiéndola a persecución y a amenazas contra su libertad y su integridad física”.
“Obligada por la persecución y las amenazas”, se refugió en Colombia, donde las autoridades le dieron protección internacional. Le otorgaron la condición de refugiada el 27 de noviembre de 2018 y una medida especial de protección como “perseguida política del régimen venezolano”.
La exfiscal general realizó también gestiones ante la Corte Penal Internacional, “a la que aportó pruebas documentales” de “violación sistemática” de los Derechos Humanos.
La denuncia le originó nuevas amenazas y ataques contra su vida y su libertad, resalta el comunicado. Indica que estos ataques se mantienen, por lo que decidió trasladarse a España y solicitar asilo.
