martes, 21 de septiembre de 2021 | 1:34 PM

España rechaza extradición del exviceministro de Energía Javier Alvarado a EE UU

La Fiscalía, por su parte, era favorable a la entrega y sostenía que además de cumplirse todos los requisitos para la extradición, la adquisición de la nacionalidad española por parte de Alvarado Ochoa era fraudulenta.

Madrid.- La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ha rechazado entregar a Estados Unidos al exviceministro de Energía de Venezuela y expresidente de la filial de Pdvsa Bariven, el venezolano nacionalizado español Javier Alvarado Ochoa, porque está siendo ya investigado por organización criminal y blanqueo de capitales fruto de delitos de corrupción en los negocios en España.

Alvarado Ochoa fue detenido el pasado mes de mayo en Madrid y enviado a prisión provisional por el Juzgado Central de Instrucción número 4 a instancias de un tribunal de Texas, donde el pasado 24 de abril se presentó acusación formal contra él por diversos delitos de blanqueo de capitales y conspiración para el blanqueo por importe superior a los 50 millones de dólares. En septiembre fue puesto en libertad tras consignar una fianza de 90.000 euros.

Tras la vista para su extradición que tuvo lugar el 21 de noviembre, la Sala ha decidido que siga en España por una situación de concurrencia jurisdiccional: Los hechos delictivos se iniciaron en Estados Unidos, donde Alvarado Ochoa habría formado parte de un grupo criminal organizado que obtenía sobornos de proveedores de Pdvsa, pero se habrían desplegado en otros países incluido España, donde se habría perpetrado el blanqueo de esos fondos.

De hecho, es materia de investigación en la causa por el saqueo de Pdvsa que sigue la propia Audiencia Nacional en su Juzgado Central de Instrucción número 3 después de que el juzgado madrileño que seguía las pesquisas le haya remitido las actuaciones.

En esta situación, la Sala tiene en cuenta además que Alvarado Ochoa se nacionalizó español en diciembre de 2017 y entiende que en virtud del principio de territorialidad, debe dar preferencia a la jurisdicción española para la investigación de los hechos, considerando asimismo que el horizonte de penas que afrontaría en España es más bajo que los 20 años a los que podría ser condenado en EE UU.

La Fiscalía, por su parte, era favorable a la entrega y sostenía que además de cumplirse todos los requisitos para la extradición, la adquisición de la nacionalidad por parte de Alvarado Ochoa era fraudulenta y buscaba eludir la acción de la justicia estadounidense.

Madrid.- La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ha rechazado entregar a Estados Unidos al exviceministro de Energía de Venezuela y expresidente de la filial de Pdvsa Bariven, el venezolano nacionalizado español Javier Alvarado Ochoa, porque está siendo ya investigado por organización criminal y blanqueo de capitales fruto de delitos de corrupción en los negocios en España.

Alvarado Ochoa fue detenido el pasado mes de mayo en Madrid y enviado a prisión provisional por el Juzgado Central de Instrucción número 4 a instancias de un tribunal de Texas, donde el pasado 24 de abril se presentó acusación formal contra él por diversos delitos de blanqueo de capitales y conspiración para el blanqueo por importe superior a los 50 millones de dólares. En septiembre fue puesto en libertad tras consignar una fianza de 90.000 euros.

Tras la vista para su extradición que tuvo lugar el 21 de noviembre, la Sala ha decidido que siga en España por una situación de concurrencia jurisdiccional: Los hechos delictivos se iniciaron en Estados Unidos, donde Alvarado Ochoa habría formado parte de un grupo criminal organizado que obtenía sobornos de proveedores de Pdvsa, pero se habrían desplegado en otros países incluido España, donde se habría perpetrado el blanqueo de esos fondos.

De hecho, es materia de investigación en la causa por el saqueo de Pdvsa que sigue la propia Audiencia Nacional en su Juzgado Central de Instrucción número 3 después de que el juzgado madrileño que seguía las pesquisas le haya remitido las actuaciones.

En esta situación, la Sala tiene en cuenta además que Alvarado Ochoa se nacionalizó español en diciembre de 2017 y entiende que en virtud del principio de territorialidad, debe dar preferencia a la jurisdicción española para la investigación de los hechos, considerando asimismo que el horizonte de penas que afrontaría en España es más bajo que los 20 años a los que podría ser condenado en EE UU.

La Fiscalía, por su parte, era favorable a la entrega y sostenía que además de cumplirse todos los requisitos para la extradición, la adquisición de la nacionalidad por parte de Alvarado Ochoa era fraudulenta y buscaba eludir la acción de la justicia estadounidense.

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