El Consejo de Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, extensión Guayana (UCAB Guayana), también manifestó su rechazo contra el grave precedente que representa la sentencia dictada contra el presidente-director del diario Correo del Caroní, David Natera Febres, condenado a cuatro años de prisión, entre otras medidas, por informar sobre el caso de corrupción en CVG Ferrominera Orinoco con el tráfico de mineral de hierro.
El consejo hizo público su rechazo a través de un comunicado, en el que resguardan su postura amparados en su apego a la Constitución Nacional, a la Ley del Ejercicio del Periodismo y su código de ética correspondiente, y al hecho de que “los comunicadores se deben fundamentalmente al pueblo y que el pueblo tiene derecho a recibir información de interés público”. De ahí que acuerden:
1. Reiterar su respeto a la libertad de expresión, de prensa y al derecho a la información, a la búsqueda y preparación de noticias, tal como se contempla en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley de Ejercicio del Periodismo.
2. Insistir en la observancia, resguardo y garantía del derecho de acceso a la información consagrado en el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a toda la población venezolana, entendiendo que los comunicadores reciben la formación para el mejor tratamiento de la información de interés público, y la sana difusión de la misma aporta al fortalecimiento y consolidación del sistema democrático, dando herramientas a la sociedad para la necesaria fiscalización y contraloría de lo común y la promoción de cambios sociales.
3. Rechazar el hostigamiento y ahogo infringido a múltiples medios de comunicación impresos de línea editorial crítica e independiente, por el condicionamiento de pautas publicitarias y precario acceso a la compra de papel periódico, por lo cual se han visto obligados a disminuir tiraje, paginación y periodicidad, reducir formato e incluso a salir totalmente de circulación. Esto lesiona la pluralidad y fomenta la desinformación.
4. Exhortar a las autoridades competentes a revisar las condiciones, supuestos y sanciones establecidas en el Código Penal sobre la incursión en delitos de difamación e injuria, entendiendo que el espíritu de la ley persigue como fin último el resguardo o restablecimiento de la integridad moral de la persona y no el castigo aplicado al demandado, en aras de que no se conviertan en factor de autocensura para quienes deseen ejercer su derecho a expresarse y el correcto desarrollo de la libertad de prensa sin intervenciones perniciosas. Los estándares de los sistemas internacionales en materia de libertad de expresión ya han señalado el camino en esta materia.
5. Hacer público nuestro total y pleno respaldo a los comunicadores sociales que han visto afectado su ejercicio profesional por estas circunstancias, especialmente a los de Correo del Caroní, “muchos de ellos orgullosamente egresados en esta casa de estudios, fieles reflejos de los valores ucabistas, que además han regresado a las aulas a formar las generaciones futuras del periodismo nacional desde su respetable experiencia en La Casa de las Ideas”. “En tal sentido, nos deslindamos de todas aquellas personas que pretenden infamar y desprestigiar su labor y trayectoria”, finaliza el comunicado.
